Nicaragua y Costa Rica empantanados en el Río San Juan

Autor:

Yailé Balloqui Bonzón

Incontables han sido y son en el mundo los conflictos por ocupaciones de territorios, generados siempre por los poderosos en su pretensión de aplastar a los vecinos más débiles.

Lamentable realidad del rico sobre el pobre a la que se suman las guerras históricas que dejaron sin definir muchos límites fronterizos en el mundo, justificación que hoy usan esas mismas poderosas potencias para generar discordias entre naciones hermanas.

Un dilema como este enfrentan hoy dos países de nuestra región por un viejo tema de conflicto, el río San Juan, que bordea parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica,  un espacio selvático de 200 kilómetros de longitud que nace en el Lago Cocibolca en el sur nicaragüense y desemboca en el mar Caribe. Un área habitada por animales y un escasísimo número de seres humanos. Ese es el escenario del litigio.

El río pertenece a Nicaragua según reza el Tratado Cañas-Jerez de 1858, suscrito de común acuerdo entre las dos naciones y sometido luego al arbitraje del entonces presidente de EE.UU., Grover Cleveland, quien reconoció el 15 de abril de 1888 la validez del Cañas-Jerez a través de un fallo conocido como Laudo Cleveland.

Años más tarde, cuando el Gobierno del entonces presidente nicaragüense Arnoldo Alemán prohibió el paso por la vía acuática de guardias civiles costarricenses armados, Costa Rica se quejó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la que estableció, en julio de 2009, el derecho de los ticos a la navegación en el río San Juan solo con fines comerciales, no así la libre navegación de policías de ese país.

Ahora, el San Juan se seca en época de verano y los sedimentos y la basura que arrastra lo han hecho casi inaccesible. Los nicas quieren recuperarlo, por lo que han puesto en marcha todo un sistema de dragado que lo hará navegable y le devolverá su uso en beneficio del desarrollo económico y social del país, y —de paso— evitar también, según ha reiterado el Gobierno de Managua, que se convierta en un corredor del narcotráfico en Centroamérica.

Es a propósito del inicio de esas labores de limpieza, hace unas semanas, que Costa Rica acusó a su vecino de haber arrojado sedimentos en su orilla y envió un contingente de policías de frontera fuertemente armados bajo la excusa de que Nicaragua tiene desplegado parte de su ejército en la zona, acción que el Gobierno de Daniel Ortega ha explicado en varias ocasiones, al argumentar que los militares solo evitan que el río se convierta en un sendero accesible para los narcotraficantes, problema que afecta tanto a un Estado como al otro.

Una escalada de tensiones comenzó entre ambos países cuando el Gobierno tico inculpó a su vecino de invadirlo militarmente y llevó la acusación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde una vez más el organismo demostró su incapacidad para resolver los problemas de la región, y se limitó a declarar a Nicaragua como culpable.

Ante ello, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reiteró que su Gobierno se mantendrá al margen de esa instancia y amenazó con abandonarla, al tiempo que apuntó que es la CIJ la única instancia que tiene competencia en este tipo de litigios internacionales.

El domingo último, durante una reunión con representantes de los diversos poderes del Estado que respaldan la decisión de Managua, el primer mandatario nica instó a su vecino a reanudar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y le recordó el fuerte golpe propinado hace solo unos días al tráfico de estupefacientes que usa la ruta Colombia-Panamá-Costa Rica y que pretende sentar bases en toda esa zona.

Agregó Ortega que, de no detenerse, ese trayecto se prolongaría por el Caribe hacia Honduras, luego Guatemala, México, hasta EE.UU., donde está el gran mercado de la droga.

Una vez más, la OEA azuza la confrontación entre dos naciones hermanas. La reactivación de comisiones binacionales, como le ha pedido Ortega a su par costarricense para legalizar pacíficamente el deslinde, debió ser el camino propuesto por ese grupo para el desenlace. Un discurso único que abogue por el raciocinio y no por la discrepancia, sería la solución perfecta.

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