CHILE sigue en la mira de la opinión pública y de los medios de comunicación en el mundo. El país sudamericano fue epicentro de sucesos de alta relevancia en 2010 y arrancó de igual modo en el año que comienza.
Esta vez no son los mineros enterrados en la mina de San José, ni los presos mapuches en huelga de hambre o el trágico incendio de la cárcel de San Miguel los que focalizan la atención de la agenda internacional, sino el paro total de las provincias de Magallanes y Antártica contra la decisión del Gobierno de subir las tarifas del gas doméstico en esa helada región.
Situada en el extremo sur chileno, Magallanes es conocida por sus fuertes vientos y bajas temperaturas que alcanzan entre los 20 y 30 grados bajo cero en invierno, y apenas sobrepasan los 15 en verano. Además, se caracteriza por ser una de las pocas que produce gas y petróleo en el país.
Era previsible entonces el estallido popular generado en la austral ciudad de Punta Arenas, capital de los magallánicos e histórico bastión de la radicalización del movimiento social en Chile, ante la disyuntiva de elegir entre morir de frío o aceptar acríticamente un alza de casi el 20 por ciento del gas en un lugar donde ese recurso es tan vital como el agua o el aire.
Según afirman los manifestantes, quedaron atrás las promesas del presidente Sebastián Piñera, cuando al visitar Punta Arenas en noviembre aseguró que se mantendrían las condiciones preferentes para la región en cuanto a las tarifas del hidrocarburo.
«No hay nada que temer porque hay buenas razones para que el precio del gas, que es un elemento tan vital en una región que tiene tantas dificultades, tanto frío, se mantenga en condiciones más favorables», afirmó el mandatario chileno en aquella ocasión.
Parlamentarios, dirigentes políticos opositores y la ciudadanía magallánica dicen que la credibilidad del ejecutivo ha quedado en tela de juicio. Incluso algunos referentes de la derecha en Chile arremetieron contra el Gobierno y le recriminaron lo que calificaron de impericia política.
Prevaleció una visión economicista y empresarial, remarcaron analistas que advirtieron ocultos intereses privatizadores tras la propalada idea de «rescatar de la quiebra» a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y «garantizar» así el futuro del combustible en la región.
Lo que se está defendiendo en el fondo es un buen negocio para empresas privadas, manifestó la diputada de la Patagonia chilena, Carolina Goic, quien puso sobre el tapete los manejos de los directivos de la ENAP, y recordó incluso los masivos despidos del último año.
Da la «casualidad» que la ENAP decide subir la citada tarifa luego de un socorrido acuerdo con la distribuidora Gasco, que además es… privada.
A esto se añade que el Gobierno chileno ha insistido en explicar que hay poco gas en Magallanes, sin embargo le vende a la firma METHANEX, productora de Metanol, tres millones de metros cúbicos diarios de gas, privilegiando el consumo de la institución privada por sobre el de los ciudadanos.
Igualmente otra empresa extranjera, llamada Geopark, tiene toda la libertad para perforar en busca de gas y petróleo que casualmente siempre encuentra y explota a su antojo.
Y por si fuera poco los sectores productivos de la región están vendidos prácticamente en su totalidad a un gran número de instituciones transnacionales, entre la que se encuentra el Banco Mundial.
Cualquiera que fuera la respuesta a los deseos «salvadores» respecto a la ENAP, los más afectados, como siempre, serán los pobladores de Magallanes, a quienes se les vaciarán los bolsillos a partir del 1ro. de febrero por el lógico efecto multiplicador que traerá aparejada la decretada alza, en un lugar donde la vida depende del gas.
