Aristóteles defendió filosóficamente la idea del albedrío humano, según la cual el hombre puede obrar, eligiendo el bien o el mal, si predominó en él lo racional o lo irracional. Y véase cómo en efecto, al cabo de más de un milenio de distancia, todavía nos seguimos confrontando ante tales alternativas en el accionar diario, por mucho que los tiempos, las circunstancias y los entornos hayan cambiado. Porque a fin de cuentas el cultivo y la conciencia moral de las personas siguen poseyendo significativa determinación.
Si miramos bien y con detenimiento hacia mucho de lo que en nuestro tejido social provoca sentidas incomprensiones, quejas y desencuentros, que ciudadanos activos canalizan en los medios públicos y hasta ventilan y llegan a viabilizar soluciones que estaban ahí, «al alcance de la mano», pero dormidas, se puede apreciar una fuerte cuota de responsabilidad por parte de quienes se comportan bajo la exclusiva pauta de su libérrimo albedrío.
Por lo visto, suelen guiarse en lo micropersonal por el selvático criterio de actuar según sus estrechos intereses o conveniencias individuales o de pequeños grupos de concertados, sin contemplar para nada a los demás convivientes. Y ya en lo macrosocial, cuando escalan posiciones burocráticas, administrativas, se procuran filones provechosos o, erigidos por cuenta propia en remedos de dioses o jueces supremos, adoptan decisiones que por su evidente irracionalidad desatan incomodidad e irritación, como si eso fuese el sentido de su encargo social.
Convertidos en átomos sueltos, acogidos a una regla de conducta, todavía sin el debido freno, que ellos mismos se trazaron, por lo visto parecen empeñados en entorpecernos la vida cada vez que nos salen al paso. En las propias páginas de este diario y en otros medios cubanos han adquirido suficiente visualización en ejemplos de negación de servicios a sectores vulnerables, disposiciones absurdas por puro voluntarismo, agresiones al ecosistema, desestimación de los daños colaterales a la comunidad a la hora del emprendimiento de obras, más un extenso etcétera.
Ya en el plano más cercano de la convivencia, son los que, bullangueros abusivos, arremeten contra el descanso de los vecinos, invaden las aceras convirtiéndolas en parqueo de vehículos o salones de dominó, tornan las calles en terreno de juegos y competencias, y si así lo creen modifican hasta estructuras de un edificio multifamiliar sin encomendarse a nadie, o con idéntico proceder alteran el sistema de distribución del agua con tal de apropiársela en solitaria abundancia.
Lo peor de todo es que semejantes desafueros se cometen a despecho de la existencia de prolijas leyes, normas y reglamentos ordenadores, que son ignorados olímpicamente por los infractores como si apenas estuviesen «pintadas en la pared». No hay que prestarles el menor caso —parecen pensar—, dado que también autoridades y agentes encargados de hacerlas cumplir no siempre muestran el debido celo y la energía imprescindible, aun cuando se les denuncia con las evidencias necesarias y la comisión misma de infracciones e indisciplinas resulta tan palpable y desfachatada.
Y sin embargo la observancia de esos ordenamientos debería no solo funcionar como verdadera herramienta reguladora y arbitral, sino también, por su simultánea capacidad educativa, como un sostén firme del cultivo de la conciencia moral ciudadana, antes que el libérrimo albedrío se convierta en norma e instale el reino del caos.
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