Educación: ¿derecho o privilegio?

Autor:

Brenda Loyola Peña

Más de 100 000 jóvenes chilenos han repletado las calles en las últimas dos semanas para exigir que se detenga la privatización de la educación por medio de reformas encaminadas también a elevar la calidad de la enseñanza.

Cansados del sistema de mercado dentro del modelo educacional, que busca vaciar los bolsillos de los estudiantes y sus familiares, ellos condenaron, específicamente, la situación en extremo injusta por la que atraviesan los jóvenes de bajos ingresos, los que solo pueden acceder a la enseñanza superior a través del sistema crediticio y quedan endeudados de por vida.

Los estudiantes, en su mayoría universitarios, reclaman al Gobierno chileno un mayor acceso a los centros de estudio, que hasta ahora ha beneficiado a las clases altas.

Y aunque es cierto que el modelo excluyente de la educación chilena ha existido desde que el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) quitó el financiamiento a las universidades públicas, también lo es que en la actualidad La Moneda profundiza lo que consagraron antes las cuatro administraciones de la ahora opositora Concertación.

La prueba más reciente acaeció en febrero pasado, cuando el Gobierno chileno promulgó una norma legal titulada Ley de Calidad y Equidad de la Educación, tras haberla tramitado tipo flash en el Congreso y en período de vacaciones, para evitar la demostración de estudiantes y maestros que no estuvieran de acuerdo.

Se trata de «la más grande y ambiciosa reforma educacional en mucho tiempo», afirmó el presidente Sebastián Piñera, durante la ceremonia de rúbrica de la iniciativa.

Sin embargo, otro es el punto de vista de académicos, profesores y estudiantes en Chile.

Entre los «incentivos» que contempla la ley, calificada por el ejecutivo como «una revolución» en la calidad de la enseñanza, se encuentran el aumento de liceos de excelencia para aquella parte de la población que los pueda pagar.

No en vano, para muchos, el citado documento, de manera disfrazada, solo profundiza la privatización de la enseñanza, por lo que en adelante se esperan mayores injusticias en el sistema educacional chileno.

Estamos ante una propuesta que profundiza un sistema que ya está cuestionado, donde habrá más discriminación, un golpe mortal a la educación pública, remarcó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

Entre los ingredientes sintomáticos de la referida ley se encuentra la jerarquización del Inglés y las Matemáticas por encima de otras asignaturas, como Historia y Ciencias Sociales, desestimando de esa manera las raíces y la cultura nacional.

Sobre ello comentó el rector del Instituto Nacional, Jorge Toro: «No se ama lo que no se conoce. ¿Cómo vamos a desarrollar en nuestros alumnos el cariño, el compromiso con los ideales del país si no somos capaces y estamos mermando cada vez más la enseñanza de la Historia?».

Lo cierto es que el documento, que viene a condimentar años de injusticia educacional, pareciera ser la gota que colmó la paciencia tanto de estudiantes como de educadores.

Según fuentes del Ministerio de Educación, el costo de los estudios en Chile es de los más altos en el mundo. De hecho, cursar una carrera como Medicina representa un desembolso anual de hasta seis millones de pesos chilenos (equivalentes a unos 13 000 dólares). Evidentemente, el Gobierno alienta un sistema de educación que reproduce un modelo de regulación de mercado, que mantiene y consolida una sociedad desigual en oportunidades y garantías para los ciudadanos.

La sociedad exige a gritos mejoras en la enseñanza de un país donde algunos parecieran no darle importancia a un derecho humano elemental: conocer y poder hacerlo libremente.

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