Con decisión y unidad que por primera vez en muchos años fueron visibles en junio, vuelven a reeditarse ahora las protestas antiprivatización en Panamá por movimientos populares, sindicatos y hasta empresarios, que han convertido a casi todo el país en un hervidero.
Pero ni siquiera esa ebullición popular, recrudecida por actos represivos que incluso ex miembros de la policía calificaron de desmedidos, hicieron que el presidente Ricardo Martinelli interrumpiera su gira por Asia, continente desde el cual transmite instrucciones no muy bien aceptadas por un gabinete donde son ostensibles las fisuras y al que, en ausencia del gobernante, le ha tocado dar la cara.
Las barricadas con neumáticos encendidos, marchas y también gases y disparos han sido el pan de cada día por más de seis jornadas en Colón, para evitar la venta a privados, y por pedazos, de la llamada Zona Libre, y desde donde las manifestaciones se han extendido a otras provincias.
Los muertos son otro dedo acusador contra un Gobierno que ya ha ejercido la represión para acallar la protesta social contra las privatizaciones, mientras la parsimonia con que el Presidente seguía de viaje, pareciera querer mostrar que no pasa nada en suelo istmeño.
Sin embargo, tres víctimas fatales entre los que se cuentan un pequeño de nueve años, un indígena y una mujer alcanzada por una bala en su balcón, constituyen el saldo más doloroso de las protestas contra el intento del mandatario de entregar las áreas de la famosa Zona Libre de Colón —la segunda más importante del orbe—, y a pesar de que sus cuantiosas ganancias, que engrosan buena parte del PIB nacional, no se revierten hasta hoy en los pobladores de la provincia donde tiene asiento.
Con sus calles estrechas, comercios baratos y casas de madera levantadas sobre pilotes al mejor estilo atlántico en Centroamérica, Colón exhibe la pobreza que no es tan visible en la capitalina Ciudad de Panamá, una urbe que bien pudiera competir con cualquier otra del mundo en materia de modernidad arquitectónica y vial.
Sin embargo, los colonenses —acompañados en sus demandas por coterráneos de otros departamentos— se mantuvieron en sus trece: la derogación completa de la Ley 72 que estipula la venta de las áreas. Por esa razón han dejado con la palabra en la boca a los negociadores que el ejecutivo envió para dialogar, y nunca hubo interlocutores en la mesa.
Así las cosas, todo parecería apuntar a un triunfo del movimiento contra la ley pues, vista la actitud firme de quienes lo conforman, se reportó al amanecer de este viernes que Martinelli ordenó desde Vietnam, donde se encuentra ahora, derogar la legislación completa.
Variantes para contentar a los manifestantes, como el ofrecimiento de que un porcentaje de los alquileres del área que se quiere vender pasara a los colonenses, no convencieron a los demandantes. De ahí el alargamiento de esta puja que dura una semana desde que el Congreso, de una manera sospechosamente expedita y con la ausencia de diputados de la oposición, aprobase la ley, que también con demasiada rapidez fue convertida en decreto por el mandatario.
Sin embargo, la promesa que el Jefe de Estado hizo por larga distancia al afirmar que lo derogará, no alcanzó a desmovilizar a quienes protestan, y este viernes se produjeron en la capital y en otras regiones saqueos de comercios y asaltos a oficinas públicas, que habían dejado hasta la tarde al menos 11 heridos y más de 200 detenidos, lo que dio un nuevo giro a la situación, y obligó a la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional a aprobar en el primero de tres debates la derogación de la polémica ley, aun sin esperar la presencia del mandatario.
Más que la propia existencia de la Zona Libre, lo que preocupa a los panameños es la insólita venta de áreas consideradas parte del patrimonio nacional y que, al fin y al cabo, forman parte del territorio.
Legisladores del opositor Partido Revolucionario (PRD) han calificado la medida de anticonstitucional, y lo peor es que la fiebre privatizadora del Gobierno no es nueva y, como se ve, sube cada vez más grados.
No ha faltado quien denuncie que el propósito es salvar el déficit fiscal o, peor aun, que se están queriendo vender las riquezas nacionales a precio de ganga mientras altos funcionarios estarían recibiendo coimas por las transacciones.
Ya en junio, la intención gubernamental de vender las acciones del Estado en empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica y una parte de las que tiene en la empresa telefónica, mediante el proyecto de ley 486, desató actos de repudio que frenaron el propósito.
Pero muchos panameños parecen decididos a evitar que se privatice hasta su propio suelo. Por eso, en las marchas, enarbolaban: «Solo el pueblo salva al pueblo».
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