La ecuación «extraña» - Opinión

La ecuación «extraña»

Autor:

Ricardo Ronquillo Bello

Hay una «matemática» de la corrupción. En la sociedad, la economía y la política, las regularidades pueden ser igual de tozudas que el comportamiento general del universo.

Esa lamentable sincronía —en este caso— es la que ha llevado al académico norteamericano Robert Klitgaard a sostener que la corrupción puede descubrirse a través de una ecuación, muy útil para cualquier sociedad, con independencia de colores ideológicos o políticos.

C = M + D – T es la famosa ecuación de Klitgaard. Para este académico de Harvard la corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad, menos transparencia. «No importa si la actividad es pública, privada o sin fines de lucro, o si es en Nueva York o en Nairobi, tenderá a haber corrupción allí donde alguien tenga poder monopólico sobre un bien o un servicio, pueda decidir discrecionalmente a quién entregárselo o en qué proporción, y no tenga que hacerse responsable ni rendir cuentas de ello», afirma.

Otros estudiosos del tema han demostrado que a mayor discreción burocrática ocurrirá mayor corrupción. En definitiva, en cualquier geografía coinciden en que para evitar este preocupante fenómeno universal se requiere eliminar al mínimo la discrecionalidad de las decisiones que afecten a los ciudadanos y acentuar los sistemas de funcionamiento que conduzcan a la transparencia.

No es casual que entre los principios que rigen la administración pública estén el control y la responsabilidad. Una sociedad que aspire a la limpieza ética y la moral pública no puede descuidar ninguno de los tipos de control o privilegiar unos en detrimento de otros. Recordemos que existen el control político, el jurisdiccional (que contempla el judicial), el administrativo; y en el caso particular de Cuba merece especial atención el control popular, que incluye a los medios de comunicación, entre los factores determinantes…

En la tradición política revolucionaria cubana es esencial la idea de que la soberanía verdadera reside en el pueblo, algo que está recogido en la Constitución socialista. José Martí advertía sobre el valor de ese principio en los tiempos en que fundaba el Partido Revolucionario Cubano.

«Pero pudiera el Delegado tratar de usar en su beneficio, y como autoridad inherente de su persona, el poder que solo tiene por encargo y delegación de su partido —o conducir a este durante el tiempo de su empleo por caminos contrarios a los que el Partido le fija, y desviarlo de sus fines», refería el Héroe nacional.

Y agregaba: «Por eso obligan los Estatutos al Delegado a mantener ante los Cuerpos de Consejo el estado de sus gestiones, responder a las preguntas que los Cuerpos de Consejo, y los Clubes aislados donde no haya estos, tienen el derecho de hacerle, a atender a las indicaciones de los Cuerpos de Consejo. Por eso, sujetando la autoridad necesaria al castigo de perderla si no se la ejerce para bien, mandan los Estatutos que el Delegado pueda ser depuesto por el voto unánime de los Cuerpos de Consejo. Por eso se fija en el plazo brevísimo de un año la autoridad del Delegado».

Precisamente el proyecto de actualización recogido en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución acentúa las bases para profundizar en los mecanismos de participación y control popular en la experiencia socialista cubana.

El cambio en el modelo de gestión económica estatal de una excesiva centralización a una mayor socialización que reconoce la expansión de las formas cooperativas y autogestionarias y la modernización de la empresa estatal socialista, todo lo cual propende a eliminar la enajenación de los trabajadores del escenario productivo y hacerlos mejores beneficiarios de sus resultados, apuntan a una sociedad que busca privilegiar la transparencia y ofrecer el marco adecuado al ejercicio de la soberanía popular contemplado en la Constitución de la República.

A ese fin sirven, además, los experimentos para perfeccionar el funcionamiento y la estructura del Poder Popular y el anuncio de que se fijarán a no más de dos mandatos el ejercicio de los cargos públicos de mayor significación, entre otras decisiones.

Hacer triunfar en definitiva aquella idea martiana de que el voto de un pueblo entero, «de todas las entidades constantes y visibles del pueblo cubano que puede emitir francamente su voz, es honra tal, que debe urgir a quien lo recibe y limpiar su corazón».

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