Cada año el Estado cubano invierte millones de pesos y de divisas libremente convertibles para adquirir equipos y piezas de repuesto, además de otros insumos necesarios, con el objetivo de brindar a la población los servicios subvencionados del transporte público y también los que utilizan las diferentes empresas.
Las dificultades que supone construir un metro suburbano en la capital por su alto costo o incorporar otras modalidades de transportación cuyo despliegue también exige fuertes inversiones, obligan prácticamente a Cuba a aferrarse a los ómnibus, cada vez más costosos en los mercados internacionales, así como sus repuestos, neumáticos y combustible, para tratar de mantener el indispensable servicio a la población.
La conciencia de nuestro pueblo, adquirida durante estos años de Revolución, compele a muchos ciudadanos —con algunas excepciones— a abonar el pasaje, ya sea a los antiguos cobradores (llamados conductores) o a colocarlo en las alcancías junto a la entrada delantera del ómnibus.
Muchos choferes de los transportes obreros, previa autorización de sus empresas, recogen al personal que se halla en algunas paradas de autobuses, quienes abonan una pequeña suma que se deposita en las alcancías. Este importe ha de entregarse al organismo correspondiente.
En ambas situaciones, el dinero recaudado debe ir al Estado, lo que ayuda a sufragar —en una pequeña cantidad— los enormes gastos que representa el servicio de transporte público.
Pero todo esto ha cambiado. Resulta alarmante ver a diario en los ómnibus cómo numerosos ciudadanos suben y entregan pesos a los choferes, algunos de los cuales los guardan al costado izquierdo del vehículo o directamente en sus bolsillos. La alcancía casi deja de sonar y solo va a ella lo indispensable para garantizar el importe que se debe entregar en las terminales.
El caso llega al extremo cuando ciertos choferes de ómnibus que cobran 40 centavos al pasajero, reciben de este, por poner un ejemplo, billetes de a cinco pesos. He visto cómo, con enorme tranquilidad, aquellos extraen de sus bolsillos cuatro pesos a guisa de cambio y teniendo presente que no devolvieron al viajero todo el dinero. Ha ocurrido, incluso, con el inspector ahí presente. ¿Será que algunos de ellos reciben una cuota que les otorgan «amablemente» esos choferes por hacerse los de la vista gorda?
Al parecer ya no basta con el sueldo que devengan los choferes, superior al de muchos profesionales. Recuerdo que, tiempo atrás, comenzó a aplicarse una forma de gestión económica que fijaba a estos trabajadores una norma de recaudación que cumplir y podían conservar el resto, un modo inteligente de estimularlos pagando decorosamente a ellos y a quienes, en la terminal, aseguraban la vitalidad de los vehículos. ¿Será que eso se desvirtuó en el descontrol?
En el caso del transporte de empresas, la situación se me antoja más extrema. Los conductores —quién sabe si creyéndose «dueños» de las guaguas— suben pasajeros por la puerta principal para que nadie escape de abonar el peso, esperan a que se llene completamente —hasta lo infinito, aunque vayan prensados unos con otros—, entonces comienzan su itinerario y, mientras tanto, continúan bajando y subiendo personas con el consiguiente peso en la mano.
Al final de cada viaje, ¿a cuánto ascenderá el promedio recaudado? El Estado o la empresa no recibe nada o, en el mejor de los casos, un pequeño porcentaje. Al menos a bordo del ómnibus no se aprecia ningún mecanismo de control que permita estimar cuánto se pierde.
¿Hasta cuándo se va a permitir esa estafa a las empresas estatales? Creo que se hacen necesarias medidas organizativas que pongan coto a esas nocivas prácticas.
La solución no es realizar prohibiciones, como muchas veces ocurre ante los problemas, sino buscar alternativas y soluciones objetivas.
Una de estas podría ser la venta de tarjetas prepagadas para acceder a los transportes públicos y de las empresas, lo cual evitaría el pago directo a los choferes de ómnibus y la consabida pérdida de importantes ingresos al Estado. Pero no cierro el debate: otras variantes podrían ser más factibles, económicamente hablando, y más eficaces en cuanto a incrementar la responsabilidad de este personal.
Esperemos que más temprano que tarde se implemente alguna medida que ponga fin a esas impunidades.
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