«Si no sirve, no sirve», dijo una colega en medio de una reunión. Y quienes allí estábamos sonreímos y pensamos en el tino de la frase, aun cuando pareciera emparentada en lógica con aquella tan famosa sobre la técnica, con la que casi cualquiera en Cuba ha sonreído.
Pero la cita de marras venía como piñata a la fiesta, con todo el coloquialismo ocurrente que llevaba implícito. Porque el primer uso de la forma verbal se refería a la acción de servir, de dar a los demás; y para el segundo caso estaba siendo empleada en su acepción de funcionar. Por eso la conclusión de que quien no sirve (al pueblo), no sirve (no funciona para lo que se requiere).
Y antes de que piensen que la reunión estaba dedicada al juego de palabras, les cuento que el asunto que nos convocaba era el inicio de las asambleas de rendición de cuenta en todo el país, acaecido el pasado 1ro. de noviembre y con fecha límite fijada para el 30 de diciembre.
Sin embargo, aunque no se trataba de ir analizando cada término, el debate mayor también se inició por otro verbo: acompañar. Porque este vocablo sigue siendo usado cuando se habla del rol de las administraciones públicas en estos espacios de auténtica oportunidad de democracia que —vale decirlo, aunque ello sea material para otro análisis— no siempre son aprovechados con total conciencia por parte de los involucrados.
Y el problema con acompañar es el mensaje pasivo y aparente que trae implícito la voz. Porque cuando hablamos del momento de rendir cuentas, las administraciones públicas deben asistir para servir, explicar y convencer con acciones; su misión será siempre estar dispuestas a todo por la ciudadanía.
Las reuniones de cada circunscripción no pueden ser las plazas para que cualquier funcionario público se pare a ofrecer cuatro explicaciones vacías llenas de condicionantes y manidas frases al estilo de «estamos trabajando en eso», sin tener cómo justificar tal aseveración. Que la administración asista a ellas no es un favor ni una mera formalidad que enuncie su acompañamiento, sino que forma parte de las obligaciones que adquieren quienes tienen la labor de gestionar por todas y todos y velar por los intereses de las mayorías.
Para nada la obligación de servir de quienes administran el país debe subordinarse al poder material que su labor le confiere. Es más bien esa capacidad de disponer de los recursos la que les faculta y les obliga a hacer más y mejor, a dar y darse, a escuchar y transformar.
No en balde el término que los nombra es el de servidores públicos. Y quienes así se hacen llamar, están precisados a no quitarse nunca el uniforme invisible que la sociedad y ellos mismos se han puesto. A la ciudadanía se deben, y en ella reside todo su poder, alcance y permanencia. ¿O es que podemos permitirnos obviar la esencia misma de un sistema social concebido para hacerlo todo por y para el pueblo?
No se hace el favor de servir, la gracia de asistir ni la buena acción de rendir cuenta. La presencia de las administraciones públicas en este espacio de empoderamiento ciudadano significa cumplir la misión de estar, de ser y de hacer, que siempre es el mejor modo de construir. Estas asambleas no pueden ser nunca plataformas inmaculadas desde donde situarse a lanzar excusas al pueblo o los delegados, pues más de una historia narran estos sobre las dificultades que enfrentan para ser atendidos en muchas entidades, a la par del resto de las obligaciones que asumen en su día a día.
«Hombres somos, y no vamos a querer gobiernos de tijeras y figurines, sino trabajo de nuestras cabezas, sacado del molde de nuestro país», dijo el Apóstol en uno de sus discursos más vibrantes y emblemáticos, Con todos y para el bien de todos. Y, contextos aparte, el gobierno que ejerce el pueblo debe hacerse valer en uno de los momentos más importantes de nuestra democracia. Porque el mando no pertenece a unos pocos que nos hagan el favor de «acompañar», sino a todos los que exigimos el deber de servir. Por eso es que el Poder es Popular.
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