Amarrar los cabos sueltos

Autor:

Nelson García Santos

Es saludable publicitar las legislaciones y todo lo que se haga en función de prevenir e instruir para la buena convivencia, pero es vital acabar de ponerle el cascabel al gato.

A una parte de nuestras leyes las corroe la falta de un respaldo efectivo y sistemático contra los transgresores, que se haga sentir sin extremismo y sin admitir el desacato.

Escribo de un segmento de la legalidad, porque en realidad sobre los hechos que resultan en extremo peligrosísimos, como el robo con fuerza, el hurto y las drogas, por citar ejemplos, se mantiene un gardeo sistemático y contundente.

Pero falta mayor rigor sobre otras transgresiones reiterativas y añejas, que transcurren en los escenarios donde se manejan recursos y en las relativas al comportamiento público y al uso de esos espacios comunes.

Cuando se analizan las infracciones desde la tiradera de basura en cualquier lugar, las calles que se rompen y no se arreglan, los salideros de agua, los escándalos públicos, la cogioca en el sector del comercio y hasta un larguísimo etcétera, la tribuna de la calle coincide en que devienen resultados, en gran medida, de la benevolencia.

Les asiste la razón. Nunca han faltado reglas para preservar el orden y la disciplina. Por ahí están montones de reglamentaciones a buen recaudo, al parecer, de los comejenes, pero expuestas al más temible devorador de cualquier norma: la proverbial inercia para hacerlas respetar. 

El dilema supervive ante los ojos públicos, administrativos y de más allá, con su desenlace de sablazos que, unas veces, se cuantifican en pesos y en otras los retratan desfachatados comportamientos sociales, o el uso de las plazas comunes como si fueran de propiedad particular.

Recordemos, jamás debemos olvidarlo, que las leyes están ahí para limitar el libre albedrío de los seres humanos que conviven en la sociedad y, por tanto, constituyen un control al cual se somete la conducta de las personas, a fin de garantizar normas que respondan a las necesidades de la comunidad.

Para evitar que se descarrile ese mandato de obligatoriedad, existen los mecanismos indispensables para actuar de manera resuelta contra aquellos que lo quebrantan. Y, ¡vaya paradoja!, los encargados de convertirlas en un trinchete se duermen muchísimas veces en los laureles, en los mismísimos contextos donde ocurren.

En verdad, la plantilla de responsables de diversas jerarquías, de esto y aquello, resulta apreciable y aun así, para invocar un solo botón de muestra, hay organismos que cierran locales en estado de deterioro constructivo y los desmantelan los malhechores sin misericordia y sin recato. Cargan hasta con las puntillas.

Hay garantes que al parecer, por lo que dejan pasar sin detectar, son mudos, sordos y ciegos, y casi siempre son los de afuera los que descubren las pérfidas jugarretas.

El problema, por ejemplo, del aletazo a los clientes en el sector del comercio y la gastronomía corresponde enfrentarlo, en primerísimo lugar, al administrador que está para poner el orden en la unidad. A él le toca evitar que le corran por tercera.

Esa descocada frase, ya acuñada de: ¡primero lo del Estado!, aunque a veces en el río revuelto del descontrol y en medio de la avaricia, hasta a esas ganancias le meten mano, confirma una filosofía enraizada de que hay vía libre, siempre que se garanticen los dineros de aquel.

Para colmo, en son de compadreo, a la hora de aplicar a los infractores las medidas disciplinarias solicitadas por la Dirección Integral de Supervisión, las administraciones, en numerosos casos, no las concretan o les imponen una minucia.

Tampoco se debe pasar por alto que la ley va a ser más asimilada, valorada y respetada por la sociedad en la misma medida en que se haga obedecer. Es bueno prevenir e instruir para la buena convivencia, pero a la vez con el mazo dando de manera resuelta contra el desafuero, sin dejar cabos sueltos, esos que las convierten en buena medida en inoperantes e incitan a la anarquía, que son palabras mayores.

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