Los cubanos la conocemos como Ley Garrote o Ley de la Esclavitud. Fuera de la Isla algunos le llaman como aparece en ciertos documentos o escritos de prensa: Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas de 1996. La más extendida forma de referirse a ella es a partir de los apellidos de los congresistas que la propusieron, alentados por los círculos mafiosos de Miami. Pero lo cierto es que la Helms-Burton tiene un nombre más largo, que deja al descubierto los verdaderos intereses de sus promotores.
Pues sí, esta aberración jurídica que codifica el bloqueo de Estados Unidos contra nuestra Isla, recibió el título oficial de Ley para procurar sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planear el apoyo a un Gobierno de transición que conlleve a un Gobierno democráticamente electo en Cuba, y para otros propósitos.
Como puede verse, en estos enunciados que se desarrollan en la legislación se concentra lo que han deseado desde 1959: aniquilar la Revolución Cubana por disímiles vías, entre ellas el estrangulamiento económico, fielmente descrito en el informe Mallory, de 1960. Allí se afirma que el único modo previsible de restarle apoyo interno al Gobierno cubano es a través del desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales…
En ocasiones encontramos analistas que abordan la realidad insular desde una asepsia teórica, atacan la naturaleza del socialismo para presentarlo como sistema decadente y obvian realidades concretas, como si los miles de millones en pérdidas por causa del bloqueo tuvieran una relación nula con las dificultades que se presentan en nuestra vida cotidiana.
En las Demandas del Pueblo de Cuba al Gobierno de Estados Unidos por Daños Humanos y por Daños Económicos y en las resoluciones de Naciones Unidas contra el bloqueo, con el respaldo de la comunidad internacional, existen datos elocuentes de cuánto impacta en todos los sectores esta política genocida que resulta el principal obstáculo para el desarrollo de nuestra economía.
Resulta falso e hipócrita el planteamiento de Trump, Bolton y Pompeo acerca de que el pueblo de Cuba —al que tanto dicen amar— no es el blanco de sus ataques, sino el Gobierno. La arrogancia de estos personajes los conduce a subvalorar la capacidad de millones de hijos de esta tierra que saben bien la intención detrás del discurso: socavar la unidad nacional, haciendo creer que la culpa es de quienes nos dirigen y no de nuestros adversarios. No son «sanciones internacionales contra el Gobierno», como enuncia el título largo de la Helms-Burton. Están directamente enfiladas contra nuestro pueblo.
El propio término «sanciones» implica un castigo por haber hecho algo malo, como bien nos recuerda un amigo que vivió en el monstruo y conoce de sus entrañas. Con el uso de esa palabra se pretende legitimar la condena. No por gusto hoy resulta tan reiterada por Estados Unidos respecto a Venezuela.
Otra idea explícita en el nombre largo de la infausta ley se refiere a «planear el apoyo a un Gobierno de transición que conlleve a un Gobierno democráticamente electo en Cuba». Desconocen así la institucionalidad democrática del país y su derecho a la soberanía y autoderminación, principios claves en el ordenamiento jurídico internacional.
Para lograr estos propósitos, en el Título II de la Helms-Burton se expone una serie de requisitos, como permitir la organización y la acción política de partidos políticos de oposición, el reordenamiento del sistema económico hacia una economía de mercado y la realización de cambios constitucionales que garanticen un nuevo orden político, económico y social.
En pocas palabras: para aplicar la Helms-Burton tendría Cuba que aceptar un interventor, al estilo de Leonardo Wood, instaurado después de la intervención norteamericana en la guerra que los mambises le tenían ganada a España.
La mejor respuesta a esas presiones nuestro pueblo la dio al respaldar mayoritariamente la nueva Carta Magna de la República, en cuyo artículo 4 se esboza bien claro que «la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano». Y más adelante expresa: «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución».
Estos enunciados brindan razones suficientes para que los elucubradores de planes injerencistas contra nuestra Isla sepan que si se atreven a llevarlos a cabo no van a encontrar un pueblo manso, de rodillas ante el amo imperial, sino una muralla infranqueable de moral y resistencia, que no cree en el nombre más largo, ni en el más corto, de la Helms-Burton.
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