La renovación del acuerdo que estipula el control sobre el organismo regulador de la red de redes por parte de Estados Unidos ha traído una aguda controversia sobre la necesidad de hacer la telaraña informática menos unipolar
Nadie navega por la red de redes sin estar conectado a un servidor informático que tiene detrás una serie de números IP que lo identifican. En la gran telaraña que es Internet existe un organismo supremo encargado de administrar los nombres de dominio o números IP que identifican a cada cual.
Esa entidad suprema y supuestamente no gubernamental, que se mantiene gracias a donaciones, ya que no tiene ánimos de lucro, es conocida en todo el mundo como ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
Dicho así, entonces es muy difícil entender porqué la semana pasada el organismo volvió a ratificar un acuerdo mediante el cual garantiza a Estados Unidos el control sobre ella, así como la subordinación de esta a las leyes estaduales de California, donde se encuentra su sede.
Dicho de otro modo, la nación norteña continuará controlando el sistema de asignación de números y nombres de dominios, que se mantiene gracias a una red básica de 13 nodos, ordenadores superprotegidos conocidos como «servidores raíz», la mayoría de estos ubicados en territorio estadounidense.
Aunque existen otros superordenadores que controlan esta actividad en ciudades como Tokio, Estocolmo y Londres, el principal de ellos, y que supervisa el funcionamiento del resto, también está en el país norteño.
Es verdad que las máquinas no son propiedad de ICANN, pero es esta quien las gestiona, y cualquier nuevo dominio ha de ser autorizado por sus funcionarios. El Gobierno norteamericano, además, tiene la capacidad de vetar una decisión del organismo, lo que hace que en la práctica tenga un control absoluto sobre él.
Durante varios días la polémica sobre si se reanudaría el contrato entre el Gobierno norteamericano y la ICANN, que expiraba la semana pasada, estuvo encendiendo no solo las opiniones de expertos y los foros de debate, sino incluso la arena diplomática internacional.
El asunto, a primeras luces intrascendente, reviste hoy una importancia vital, dada la significación que tiene para la Humanidad la megaautopista de la información, sobre la cual descansan buena parte de las actividades contemporáneas de los seres humanos.
Por eso es relativamente secreta la ubicación de los «superordenadores» que controlan los nombres de dominio, así como de otros 50 muy potentes que se encargan de acelerar las velocidades de transmisión de datos.
La mayoría, en cambio, al encontrarse en suelo norteamericano se debe subordinar a sus autoridades, y no directamente a la ICANN, de hecho el único organismo que ejerce algún tipo de control sobre la red.
Las razones para esta situación son ante todo históricas, ya que la Internet actual surgió de la red ARPANET, un conjunto de enlaces entre computadoras diseñado en plena Guerra Fría por el Departamento de Defensa de EE.UU. para mantener operativas sus comunicaciones en caso de guerra nuclear.
Esta telaraña informática, que en un principio enlazaba a pocas máquinas, poco a poco se fue extendiendo a universidades, centros de investigación y finalmente internacionalizándose y volviéndose una plataforma comercial, creciendo como ninguna otra forma de comunicación humana en apenas los últimos 20 años.
Para controlar cómo se enlazaban los servidores entre sí, se decidió crear un protocolo numérico que identificara a cada uno. Cuando eclosionaron por millones los sitios web, a estos números a su vez les fueron asignados «nombres» para facilitar la navegación de los usuarios por la ya multimillonaria red de páginas web.
Aunque originalmente las funciones de asignar números y nombres IP las tenía el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Administración de Información (NTIA), una agencia del Gobierno de los Estados Unidos, en enero de 1998, durante la administración de William Clinton, se redactó una especie de Libro Verde, en aras de mejorar la gestión técnica de Internet, especialmente en lo relativo a nombres y números de dominio.
A partir de estas recomendaciones se creó el 18 de septiembre de 1998 la ICANN, cuya sede se encuentra en el estado de California, y que desde un primer momento estuvo sujeta a la supervisión del Gobierno estadounidense, a pesar de las protestas de otras entidades como el Consejo Europeo de Registros de Dominios Nacionales de Nivel Superior (CENTR), que representa los registros de Internet de 39 países, o la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La razón básica de las reclamaciones radica en el carácter internacional de la red de redes y por ende la necesidad de hacer más democrática y universal su gestión, amén de que durante estos años no ha faltado alguna que otra polémica por circunstancias específicas, como la creación del dominio .XXX para sitios pornográficos, lo cual rechazó la ICANN.
Con el acuerdo firmado la semana pasada entre la entidad y la Casa Blanca se flexibilizan los controles y se da más participación internacional en la gestión del organismo, pero la renovación de este tratado, que data del año 2006 y es conocido en inglés como Joint Project Agreement Between ICANN and the US Government, no altera el marco fundacional por el que el Gobierno estadounidense puede, de hecho, vetar cualquier decisión de ICANN.
En el nuevo acuerdo entre la presidencia actual de Estados Unidos e ICANN se estipula la creación de una serie de comités de supervisión para diversas áreas de trabajo, los cuales incluirán a expertos extranjeros dentro de su membresía.
Sin embargo, Estados Unidos ha dejado bien claro que se reserva una plaza fija, dedicada a supervisar que ICANN haga una «política de interés público», aunque no está muy claro cuál es el significado de este término entrecomillado para los tanques pensantes norteamericanos.
Igualmente la organización, ahora un poco más internacional, se ha comprometido a trabajar para mantener una Internet interoperable, a trabajar de forma multilateral y a seguir siendo un organismo privado sin ánimo de lucro, pero su cuartel general se mantendrá en Estados Unidos, y por ende estará sujeta a sus leyes territoriales.
Para algunos puede parecer algo machacón esto de que la ICANN se sujete a los dictados de los tribunales norteamericanos, pero es que eso significa en la práctica que las leyes que contarán a la hora de dirimir algún conflicto internacional provocado por la red de redes serán las dictadas y aprobadas desde el país más poderoso del mundo.
Internet, por su propio carácter internacional, no tiene leyes como tales, y hasta los delitos que se cometen utilizando las redes informáticas internacionales, o deben ser juzgados en el país donde se detecta a sus autores, o requieren un enorme esfuerzo de concertación para lograr atrapar a los ciberdelincuentes, y además poder juzgarlos.
Es por ello que fenómenos como el envío masivo de correo no deseado, el robo de información almacenada en servidores y la sustracción de contraseñas de diversos servicios, entre otros, no solo pululan hoy en el ciberespacio, sino que muchas veces son prácticas casi impunes, ya que su autor puede estar en un país con leyes flexibles para estos delitos, y afectar a personas de múltiples naciones, gracias a la «magia», en este caso funesta, de Internet.
Cuba también está implicada de una u otra forma en esta polémica, no solo por las afectaciones que pudiera sufrir por crímenes cibernéticos, sino por las consecuencias del bloqueo norteamericano.
De hecho la Isla no pudo conectarse al resto del mundo hasta 1996, y eso en virtud de una autorización del Departamento de Estado, que identificó a este sistema de comunicaciones como una forma de alentar la subversión contra la Revolución.
Más allá de esa situación propia de nuestro país, que afecta también a otras naciones «enemigas» de los Estados Unidos, la necesidad de un organismo internacional y plural que controle Internet es cada vez más evidente.
La red de redes es de todos. No la deben gobernar unos pocos.
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