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Damnificada por partida doble

María de los Ángeles Moreno (Carretera Central, kilómetro 90, camino La Malagueta, reparto Montequín, ciudad de Pinar del Río) cuenta que en 1998 su familia fue damnificada por el ciclón Alberto, y no recibió materiales. A la sazón su mamá estaba operada en el hospital, y hasta allí fue una comisión, le indicó firmar una hoja en blanco y luego certificaron la vivienda como terminada.

«Casa que nunca se hizo, afirma, y materiales que no se sabe adónde fueron a parar. Después pasaron otros ciclones y nunca nos dieron nada. Lo poco que hay hecho en mi casa, ha sido, con muchísimo sacrificio y grandes esfuerzos de mi parte».

Tiempo después, en 2020, señala, se hizo en el barrio un levantamiento de las personas que aún tenían piso de tierra. Y les asignaron seis sacos de cemento para echar el piso. Y nunca se los entregaron.

«Me orientaron comprar en tres rastros: el ubicado en la Carretera a Luis Lazo, el de El Vélez y el de atrás del hospital viejo, que no estaban activos por la situación epidemiológica del país. Jamás pude comprarlos», manifiesta.

Tras el paso del huracán Ian, en septiembre último, fueron damnificadas de nuevo, con afectación parcial de techo, más puertas y ventanas. Entonces, la técnica de Vivienda Maité y María Páez, administradora del rastro, pasaron frente a su casa y no entraron. Dijeron que para la afectación que tenían no había recursos.

María de los Ángeles, por sus medios, compró dos sacos de cemento y se los echó encima a la placa de la vivienda. Y para la otra parte de la casa, adquirió vigas de madera.

Otra persona le orientó que fuese al puesto de mando instalado para esa situación. De ahí le enviaron un arquitecto, quien dictaminó que se le debía dar diez planchas de zinc, cinco vigas, dos sacos de cemento (los que sí compró), 20 ladrillos. Y además le asignaron una puerta, un juego de baño y un tanque de agua (carencias estas de mucho tiempo en su casa; más 40 metros de cable número 10 y 40 metros de cable número 12, para la instalación eléctrica.

«Pero ahora, dice, de manera intempestiva me quieren retirar lo que ya me dieron y lo que falta por darme. Los argumentos son que yo no vivía en este barrio, en el cual llevo 32 años. Que mi casa es inhabitable, y yo podía seguir viviendo en el cuarto en que dormimos las tres integrantes de mi núcleo en muy reducido espacio.

«También se dijo que la situación de salud de mi madre no es cierta. Para demostrar la falsedad de esto último tengo todas las pruebas médicas en las manos.

«El 22 de noviembre vinieron auditores a mi casa junto al técnico de Vivienda Francis. Y hoy 23 me citan con urgencia y me dicen que tengo que entregar los materiales porque en mi hogar no se ve rastro de que tenía techo ninguno (cuando en realidad lo que vieron y valoraron ya estaba arreglado por mis medios.

«En mi casa somos tres mujeres: mi madre, de 60 años, con un EPOC, déficit de hierro e hipertensa; yo, con cardiopatía, asmática, operada de los senos; y mi hija, asmática y con ciatalgia. Vivimos honradamente, trabajando, y no pedimos nada a nadie. Pero luego de tantos años de batalla, creemos que es suficiente y que nuestro caso debe ser valorado y solucionado. De esto puede dar fe la delegada del Poder Popular, que ha intentado con honestidad defender mi caso», concluye.

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