Acuse de recibo
Desde la comunidad La Mula, en el municipio holguinero de Rafael Freyre, Bernardo Pay Periche escribe «para ver si existe un oído receptivo que cure el mal que aqueja a los más de 65 productores de ganado menor de las diferentes formas productivas del municipio».
Todo se remite a que la unidad empresarial de base (UEB) Ganado Menor, de ese territorio, realizó las compras correspondientes a sus planes de producción. Pero en septiembre de 2019 se detectó en esa entidad un hecho de malversación.
Ante tal situación, un representante de la Empresa de Ganado Menor visitó a los productores y verificó las facturas de las ventas efectuadas. Y cinco meses después hicieron una auditoría. La funcionaria que encabezaba aquel equipo les prometió que para el 15 de marzo les iban a pagar, pero no ocurrió así.
«Hay productores a los cuales se les debe hace más de un año. Nosotros cumplimos con nuestro encargo social de vender nuestra producción al Estado. No somos responsables del descontrol económico de esa UEB.
«Estas ventas constituyen nuestros ingresos, y esa empresa nos está privando de satisfacer necesidades básicas de nuestras familias (...) Tal situación no estimula la producción de ganado menor, y ha generado desconfianza hacia esta empresa por parte de los productores afectados y no afectados.
«¡En cuántas reuniones de la Agricultura y demás análisis económicos se toca el tema de los impagos a los productores!, enfatiza. ¿Cómo es posible que se estimule la producción, si las orientaciones que se dan por las instancias superiores no se cumplen?
«Cada vez que surgen quejas a instancias superiores nos mandan a un representante de la UEB Ganado Menor a reunirse con los afectados y prometen que se va a pagar para tranquilizarnos por algún tiempo.
«Desde que la Revolución se estaba gestando en las montañas del oriente cubano, lo primero que se hizo fue proteger al campesinado. Para cualquier verificación que deseen realizar, pueden dirigirse al compañero Lucindo, presidente de la cooperativa de créditos y servicios 17 de Mayo», concluye Bernardo.
Lázaro Sarduy Núñez (calle Solís, No. 153, entre Martí y Maceo, Sagua la Grande, Villa Clara) escribe en nombre de un grupo de profesores de la escuela de idiomas Julio La Portilla Felipe, de esa ciudad, muy preocupados por su situación salarial en medio de la COVID-19.
Ellos solicitan que se les aclare si tienen derecho o no a ser incluidos en las garantías salariales adoptadas a raíz de la pandemia por nuestro Gobierno.
Piden el esclarecimiento, pues en respuesta a un tuit enviado por uno de ellos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), este califica con lugar la reclamación y valida ese derecho. Sin embargo, plantean que la Dirección Provincial de Educación en Villa Clara tiene orientaciones de no pagar.
Ellos preguntan si es posible que en una provincia alguien pueda permanecer ajeno a las disposiciones del MTSS, órgano rector en la política de protección de los trabajadores ante una situación como la de la COVID-19.
«Seguimos en el desamparo, afectándonos monetaria y sicológicamente. Tenemos dos profesores que su única fuente de ingresos es esa, y están siendo sensiblemente dañados. Ellos no obtendrán ingreso alguno hasta el mes de octubre. ¿Cómo se las arreglarán hasta entonces?», concluyen.
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