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Dispersión del voto e indecisión

Esos son los pronósticos en torno a la primera ronda electoral, este domingo, para escoger al nuevo presidente de Costa Rica

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Lo único seguro parece el balotaje. Nada menos que 25 candidatos se disputan hoy la presidencia de Costa Rica, y ninguno llega en las encuestas a los 20 puntos porcentuales, la mitad del mínimo para ser declarado vencedor. Por esa razón, la apuesta segura es a que habrá segunda ronda.

Los motivos se adivinan en el descontento que se ha profundizado en el país junto al impacto de la COVID-19 en la economía.

Lo cierto es que han crecido los índices de pobreza y desempleo ya existentes y que nada tienen que ver con la imagen tradicional que hacía de esa nación una vitrina, frente a la casi indigencia e inestabilidad de sus vecinas centroamericanas.

Desde 2020 los pobres constituyen en Costa Rica el 26 por ciento de la población —un índice que no preocuparía tanto en otros países, pero allí escandaliza—; hay un desempleo en el entorno del 22 por ciento y crece el trabajo informal, infortunios de los que se culpa al ejecutivo saliente.

El joven Carlos Alvarado, que llegó al poder como promesa en el segundo mandato del Partido Acción Ciudadana (PAC), considerado de centroizquierda, ha visto derrumbarse su aceptación al propio tiempo que se extendía la pandemia.

Ya en noviembre de 2020, un artículo de la publicación digital Universidad advertía que su respaldo popular «roza el suelo».

Según el análisis, aunque el mandatario saliente recibía valoraciones moderadas en lo concerniente a las medidas económicas y sanitarias relacionadas con el coronavirus, el respaldo sobre su gestión en general se había desplomado hasta apenas un 15 por ciento de calificación positiva.

Él, no obstante, dice que la popularidad no es lo que importa sino el bienestar de la ciudadanía.

Pero esta se resiente por la pérdida del otrora «estado de bienestar». Por primera vez, y quizá peligrosamente, muchos costarricenses estiman que el Estado es ineficiente.

Todo esto explica que nadie considere probable que el PAC pueda remontar la cuesta y repetir en estos comicios.

También, quizá, la coyuntura avale esta profusión de candidatos presidenciales no vista en el país ni en otra nación latinoamericana en esa cuantía, por más que la presencia de muchos aspirantes haya sido una constante en las más recientes elecciones vecinas, asoladas también por el descreimiento y la incertidumbre.

Con el ojo puesto ya en estos comicios, el Informe a la Nación de fines del año pasado, elaborado por un grupo de instituciones y personalidades académicas, advertía lo que sobrevendría al alertar que «no son suficientes las promesas ambiciosas al estilo  de “crear empleo” o “bajar la pobreza a la mitad”, sin un plan de ejecución asociado. Siguen pendientes las respuestas sobre cómo se proponen implementar una agenda de proyectos de amplio alcance en un escenario de contracción económica, creciente desigualdad, alta fragmentación partidaria y reducida legitimidad del Ejecutivo. En la última campaña electoral, en promedio, solo un 20 por ciento de todas las promesas políticas tenían una política concreta de cómo ejecutarse (PEN, 2018)». 

¿Acaso es lo que está ocurriendo?

Ello podría haber fomentado este escepticismo con que el electorado se enfrenta al rosario de políticos que, bajo distintas banderas, prometen enderezar una situación de la que también preocupa la corrupción; un mal que antes, al menos, no era evidente.

Habría que ver, además, el impacto que han causado en la percepción, y no ya en la vida de la gente, el acuerdo firmado a mediados del año pasado con el FMI, para un préstamo de 1 778 millones de dólares a desembolsar en tres años que se usará, mayormente, para pagar la propia deuda, aunque le permitirá al país ahorrar unos 68 millones en intereses, dicen sus defensores.

Pero los detractores replican que la nación se endeudará más. Encima, el requisito del Fondo es que Costa Rica elimine el déficit primario el año que viene y haga descender la deuda al 50 por ciento del PIB en 2035.

Ello, estiman los expertos, requerirá polémicos ajustes en el gasto y en los ingresos que suman el 4,75 por ciento del PIB… y que, obviamente, tocará a quien gane las elecciones hoy o en la ronda de abril.

De entrada, lo que el Gobierno saliente pensaba era crear un salario global y reducir las remuneraciones por plus e incrementar el impuesto sobre la renta, entre otras medidas.

Así las cosas, a pocos días de esta elección se esperaba que poco más de un tercio del padrón concurriría a votar este domingo, lo que no sería un índice del todo malo tomando en cuenta que el país transita por otro pico de la pandemia…, pero el 36 por ciento no sabía aún cómo votaría.

La indecisión alcanzaba más del 60 por ciento en torno a la elección de diputados para la Asamblea Legislativa. 

Subtítulo ¿Nostalgias?

Algunos estiman que el sentimiento de desprotección ha hecho que los ticos vuelvan la mirada a un pasado más sonriente.

Quienes así piensan toman como presunta evidencia que sean los representantes de dos partidos tradicionales quienes más intenciones de voto, dentro de la escasez, obtienen en los sondeos.

Ellos son el expresidente José María Figueres (1994-1998), del Partido Liberación Nacional, con alrededor de un 17 por ciento de las intenciones de voto, y Lineth Saborío, por el Partido Unidad Social Cristiana, a quien se adjudica casi un 13 por ciento.

Pero entre quienes les siguen hay un aspirante de izquierda, José María Villalta, del Frente Amplio, quien marca en el pequeño pelotón que sigue a los punteros junto a Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático, y Eliecer Feinzag, del Liberal Progresista.

Entre ellos deben estar los dos que, muy seguramente, irán a la segunda ronda en abril. Para entonces es muy probable que el interés cobre fuerza, y quién sabe si del marasmo de la incredulidad nacen certezas.

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