Acuse de recibo
No son llanos los caminos por donde se llega a la verdad de los asuntos. Siempre, en públicos debates como los que genera un espacio de prensa como este, han de atenderse las disímiles versiones y tratar de dilucidar, con la honestidad como premisa, de qué lado anda la razón, o al menos la mayor cuota de ella.
El 5 de marzo de este año, vio la luz en Acuse el caso de la pinareña Elvira Interián Rojas (Maceo Interior, No. 17, reparto Especial, San Luis), madre y guía de familia, quien desde 1997 afronta hondos problemas tras un accidente en el que se quemó por completo su vivienda y sus bienes.
Narró entonces Elvira un largo itinerario de trámites, en el cual, primero le fue prestado un local perteneciente a la Dirección Municipal de Educación (DME) y luego se acordó la entrega de un módulo para terminar una «vivienda por cooperación». Posteriormente, el 25 de marzo de 2000, el Movimiento de Microbrigadas de Pinar del Río y la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) firmaron el Acta de Terminación de una casa a su favor que no existía, hogar que además comenzó a pagar al Banco Popular de Ahorro (BPA) en San Luis, previo contrato de compraventa.
Ante la falta real de solución del problema, Elvira y su familia fueron nominalizados nuevamente «en el Plan Estatal ejecutado por el Micons en el año 2011, en un fondo avanzado». A la postre, el 18 de marzo de ese año, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) le entregó una vivienda cuyos habitantes habían abandonado el país.
Pero la felicidad no fue completa, ya que con posterioridad a esta decisión se le informó y requirió por varias vías, que debía dividirse el inmueble de marras para atender además a otra familia necesitada, con lo cual Elvira no estuvo de acuerdo.
El 3 de mayo de 2016, publicamos aquí la respuesta a este caso, que la remitía Elsa Margarita Padilla Marimón, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) en San Luis. Informaba entonces la funcionaria que cuando en el año 2000, mediante contrato con el Micons, se llevó a cabo la construcción de un grupo de casas «por cooperación», «se les entregaba a los afectados la totalidad de los materiales de construcción para que estos iniciaran por esfuerzo propio la edificación de sus viviendas», y especificaba que de 21 afectados, 20 levantaron sus hogares, solo quedó pendiente la familia de Elvira. Detallaba además la misiva que a la afectada le habían sido entregados en el módulo «70 sacos de cemento, 1 200 bloques; 64 tejas de asbesto-cemento, 220 kg de acero (…), un módulo eléctrico; un módulo hidráulico, un juego de baño, una batea, una meseta integral, 11 marcos de ventana, tres marcos de puertas y tres puertas».
En 2011 —argumentaba la Presidenta municipal— el CAM le hace entrega, «en calidad de préstamo (por ocho meses), de una vivienda de salida del país, esto consta en el acta No. 5 del día 9 de marzo del 2011, en el acuerdo No. 94», casa en la cual se encuentra aún residiendo.
Un tiempo después, ante la necesidad de atender otro caso social y la falta de inmuebles y solares, las autoridades municipales deciden dividir la vivienda de marras. Se le comunica a Elvira y ella en principio estuvo de acuerdo, pero después reclamó ante Fiscalía. En esta instancia el proceso había desembocado en que se dividiría.
Hoy, damos curso a una segunda carta de Elvira Interián, quien aporta otros elementos para la comprensión de la enmarañada historia. Admite la sanluiseña que le fueron entregados los materiales de referencia; sin embargo, dada la falta de algunos imprescindibles, como la arena y la piedra, que nunca se los otorgaron, varios de los otros se fueron deteriorando y otra parte considerable de ellos «me fueron solicitados por la Empresa Municipal de Construcción Civil y la Dirección Municipal de Educación, quienes lo emplearon en la construcción de obras sociales». Esto lo refrenda la remitente con sendas cartas de los funcionarios y/o responsables de estos procesos en cada momento, donde además se enumeran los recursos solicitados. Y el resto de los materiales, una parte menor, aún los conserva la mujer.
Apunta Elvira el hecho de que muchos años después de la entrega del módulo se le nominalizara nuevamente por el Micons, lo cual evidencia que su problema no había tenido solución y eso era consenso general de las autoridades.
En cuanto al término de préstamo de la vivienda que actualmente ocupa, afirma que nunca se le dio a conocer tal indicación.
Con fecha 21 de julio último, el BPA de San Luis le informó a la lugareña que había terminado de pagar los 4 988, 72 pesos correspondientes al pago de su vivienda inexistente. Y el 12 de septiembre fue citada una vez más por las autoridades municipales para ratificarle que «podría ser desalojada (…), como ocupante ilegal».
En el tiempo transcurrido entre la publicación en el diario de su primera misiva y la respuesta de la AMPP sanluiseña, no la visitaron en su casa, ni la citaron personalmente para exponerle las razones que enviarían a JR. El objetivo de su segunda misiva, defiende, es «solicitar la integración de una comisión investigadora que determine la verdad en mi caso. Sin compromisos, ocultamientos, ni medias tintas, pues para la que suscribe, más importante que una vivienda es el prestigio…»
No tengo espacio para comentar, pero creo, ante estos nuevos elementos, urge una investigación rigurosa de todo el proceso. Acuse tendrá las puertas abiertas a nuevos argumentos, ojalá definitivos.
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