Cómo funcionó la mascarada del Consejo Consultivo

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, protagonizado por el general Fulgencio Batista, dejó en suspenso la Constitución de 1940. Apenas un mes después, el 2 de abril, los jerarcas de la nueva situación política se reunían en la finca del ministro Ramón Hermida, en el Wajay, para montar el aparato civil del régimen militar. Surgían de ese encuentro los llamados estatutos constitucionales que sustituirían a la Carta Fundamental de la República, y nacía, en virtud de esa pragmática, el Consejo Consultivo, llamado a ocupar el lugar del Parlamento disuelto por el cuartelazo.

Se trataba de un Consejo, que al decir de Carlos Márquez Sterling, seguía a la asonada militar como la sombra al cuerpo; una mascarada con la que Batista se empeñaba en disfrazar de democrático su régimen dictatorial y de facto que había roto la normalidad jurídica de la nación e interrumpido su ritmo constitucional. Ni siquiera podía decirse que con el Consejo se instituía un Parlamento hecho a la medida del dictador, una versión para restablecer, al menos en apariencia, el equilibrio de los poderes del Estado. Pocas de las funciones del Parlamento heredaba la nueva institución. Su tarea sería muy limitada. No tendría facultades legislativas, trasladadas por los estatutos al Consejo de Ministros, aunque a propósito de determinadas leyes se escucharía la opinión de dicha corporación. Sus 80 integrantes no ocuparían sus puestos en virtud del voto popular, sino que Batista los designaría a su antojo y sus atribuciones no superarían las inocuas labores de consulta y consejo.

Un tinglado heterogéneo

Aun así, proliferaron los aspirantes tan pronto se conoció el proyecto. «Patriotas» de variada estampa alzaron la mano para ofrecer sus servicios y la prensa barajó sus nombres. Algunos eran batistianos de toda la vida; otros lo eran de nuevo cuño y su pase a las filas de la dictadura hizo que palabras como «tramitación» y «colaboracionismo» se insertaran en la verba política criolla.

Quiso el dictador que en la composición del Consejo Consultivo estuviesen representados todos los sectores de la nación: profesionales, obreros, comerciantes, industriales… La Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) se haría representar por Eusebio Mujal, su vitaminado y rollizo secretario general, en tanto que entre los periodistas presentes figurarían Luis Ortega Sierra, Gastón Baquero y Gustavo Urrutia... Del sector empresarial estarían, entre otros, Manuel Aspuru San Pedro, dueño de tres centrales azucareros y uno de los principales accionistas del Banco Financiero, y Jorge Barroso, también propietario de centrales y, con el tiempo, artífice de la política azucarera del batistato. Cuatro centrales poseía Francisco de Pando, que también pertenecería al Consejo. Engrosarían la lista de los consejeros consultivos el arrocero Guillermo Aguilera, propietario de más de mil caballerías, y Generoso Campos Marquetti, veterano del Ejército Libertador, así como los aventajados politiqueros Anselmo Alliegro, Jorge García Montes, Carlos Saladrigas Zayas…

No había, en tan amplia representación, un solo cubano de a pie. La maniobra de estructurar un tinglado tan nutrido y heterogéneo fue, en opinión de los entendidos, un intento para corresponsabilizar con la aventura de la Posta 6 al mayor número de figuras y sectores y, al mismo tiempo compensar de alguna manera a los batistianos históricos que no alcanzaron posiciones en el primer reparto.

Una composición la de ese Consejo Consultivo, dijo Márquez Sterling, esencialmente afirmativa, en nada propensa a contradecir, individual o colectivamente, a Batista y que influiría muy poco en los destinos de Cuba. Su gestión apenas dejó huellas en el acontecer de la República, pero sí en su presupuesto.

Cada consejero consultivo devengaba un sueldo de 600 pesos mensuales, más otros 150 que recibía para sufragar el pago de un secretario particular. La nómina se elevaba así a 60 000 pesos mensuales, para un total de 727 200 pesos al año. En 33 meses de vida, solo por este concepto el Consejo Consultivo costó al país casi dos millones de pesos.

Pocas veces se había pagado tanto por tan escasa labor.

El circo

Batista situó a su cúmbila Carlos Saladrigas en la presidencia del Consejo Consultivo. Había sido uno de los jefes de la organización ABC, surgida en 1931 para oponerse a la dictadura de Machado, y en vísperas de la caída de este participó en la mediación orquestada por el Embajador norteamericano. Ministro de Justicia en el efímero Gobierno de Carlos Manuel de Céspedes y activo participante en la conjura contra el Gobierno de los Cien Días. Ministro en el Gobierno de Carlos Mendieta y senador, en 1936, por el Conjunto Nacional Democrático del general Menocal. Primer Ministro en el Gobierno constitucional del presidente Batista (1940-1944) y su acólito permanente a partir de entonces. Como candidato a la presidencia de la República por la Coalición Socialista Democrática concurrió a las elecciones de 1944 y perdió frente a Grau San Martín. Su triunfo hubiera garantizado la continuación del batistato. Se dice que el 10 de marzo de 1952, Batista, que asumió el poder como primer ministro, le ofreció la presidencia.

En aquella ocasión no aceptó el ofrecimiento. Ahora, en cambio, asumía la rectoría del Consejo Consultivo, el «circo», como le llamaba desde el exilio el ex vicepresidente de la República Guillermo Alonso Pujol.

Circo o no, los consejeros tomaron en serio sus investiduras. Algunos quisieron ubicar el Consejo en el mismo Capitolio, bajo la cúpula dorada del edificio y a la sombra de la Estatua de la República; en definitiva, en el Capitolio había sesionado el Consejo de Estado en tiempos del presidente Mendieta. Pero Saladrigas puso coto a la ambición de sus compañeros y condujo sus huestes al marco, más modesto, del hemiciclo del Ministerio de Educación, donde sesionara la primitiva Cámara de Representantes, en Oficios entre Muralla y Churruca, actual Salón de la Ciudad, en La Habana Vieja. Allí sesionaría la nueva corporación mientras que sus oficinas administrativas se localizarían en el edificio de la desalojada Embajada soviética, en Paseo esquina a 15, en el Vedado.

No pudieron acomodarse en el Capitolio, pero aquellos consejeros consultivos tenían vocación de legisladores. Complejo de tales. Por eso no tardaron en mandarse a confeccionar la insignia que lucirían en el ojal de la solapa de la chaqueta y que los identificaría sin necesidad de pronunciar palabras, y empezaron a lucir el escudo de la República en la tarjeta de visita y en su papel particular. Se dieron trato de «señorías». Nada los hizo, sin embargo, parecerse más a sus antecesores que las visitas que efectuaban a las oficinas del Estado portando listas con los nombres de sus recomendados. Solo que los ministros pronto les bajaban los humos y les cortaban en seco el desaforado apetito presupuestal.

El Consejo se había iniciado con cierta fuerza en la vida pública, pero, cada vez más descolorido, fue desapareciendo de la escena hasta quedar reducido a un punto vago en el devenir de la dictadura. La introducción de los consejeros consultivos suplentes lo convirtió en blanco de la burla de la población, que identificó a los nuevos miembros de la corporación como «pitchers tapones».

El trampolín

Algo bueno tenía el Consejo Consultivo. Obraba como una especie de antesala del Consejo de Ministros. Un trampolín. El sitio ideal para dar el salto hacia un cargo ejecutivo, aunque los traslados ocasionaran alteraciones en su composición.

Cuando Saladrigas fue llamado a ocupar la cartera del Trabajo, lo sustituyó el vicepresidente del Consejo, Gastón Godoy, que andando el tiempo sería nombrado ministro de Justicia. El escalafón se corrió entonces a favor de Justo García Rayneri, y cuando este fue designado alcalde de La Habana, en sustitución de Justo Luis del Pozo, la presidencia recayó en Campos Marquetti, a quien tocó encabezar las exequias del Consejo Consultivo. Lo mismo sucedió con la vicepresidencia del Consejo, ocupada sucesivamente por Jorge García Montes, Godoy, Campos Marquetti y el cardiólogo Octavio Montoro. Otros consejeros tuvieron igual fortuna. Cambiaron el botón decorativo del Consejo por las bienandanzas de una cartera ministerial.

No todo fue paz y gloria en el transcurrir del Consejo Consultivo. Hubo sus tormentas, algunas en un vaso de agua, pero tormentas al fin, aunque ninguna guardó relación con los trajines legislativos. Un episodio curioso se relacionó con el periodista Luis Ortega. Insistía este en que se investigaran los manejos de la Compañía de Teléfonos —un verdadero monopolio— y algo escribió en su columna del periódico Prensa Libre que molestó a sus compañeros de hemiciclo. Decidieron interpelarlo y tuvo Ortega que soportar la severa requisitoria del Consejo. Con posterioridad, y ya derivando hacia una oposición a la dictadura que terminaría en Miami, renunció a su cargo. De año en año se agitaban las sesiones a la hora de designar al tribuno que pronunciaría, el 7 de diciembre, el panegírico del general Antonio Maceo y de su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro, como se hacía en el Parlamento. Ocurría de manera invariable un forcejeo verbal entre los que se sentían con derecho a usar de la palabra en ocasión de la fecha.

Despido compensado

En enero de 1955 la vida del Consejo Consultivo se acercaba a su fin. Cualquiera hubiera pensado que sus miembros se despojarían discretamente de sus insignias y las guardarían como recuerdo. Error. Ya a punto de salir el Consejo y de extinguirse el Consejo mismo, los consejeros se sintieron con derecho a algo más que el simple reconocimiento por parte de sus conciudadanos, si es que les llegaba. Fue entonces que fueron a Palacio para una entrevista con el doctor Andrés Domingo y Morales del Castillo, el mandatario provisional que lo sería hasta el 24 de febrero. Reclamaban dos peticiones jugosas. Una, el pago de dos mensualidades extraordinarias, a modo de despido compensado, y otra, que se les reconociera el tiempo que fungieron como consejeros en los beneficios del retiro del Congreso.

Llegó así el jueves 27 de enero. En el hemiciclo del Ministerio de Educación, entre abrazos, palmadas en la espalda y discursos, el Consejo Consultivo se despedía de la vida y lograba su certificado de defunción. Caía así el telón sobre un capítulo anodino del acontecer nacional. Al día siguiente —borrón y cuenta nueva— se instalaba en el Capitolio el nuevo Parlamento.

(Fuentes: Textos de Enrique de la Osa, Guillermo Jiménez y Humberto Vázquez García)

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