Queda impune un asesino

Los cubanos recordamos este martes los 15 años del brutal crimen de Tarará. Quienes lo ejecutaron recibieron el peso de la justicia revolucionaria, pero la ley yanqui que lo promovió sigue provocando muertes

Autor:

Juventud Rebelde

Era la madrugada del día 9 de enero de 1992. Elementos contrarrevolucionarios penetraron en la base náutica de Tarará. Volaron el dispositivo de protección del lugar con el propósito de robar una embarcación y abandonar el país rumbo a Estados Unidos.

Luis Miguel Almeida Pérez, uno de los asaltantes, había trabajado allí hasta los primeros días de diciembre de 1991, y sus conocimientos sirvieron para violentar la seguridad de la instalación.

Mientras este antisocial conversaba con el CVP Rafael Guevara Borges y el soldado Orosmán Dueñas Valero, el resto de los delincuentes esperaba para atacarlos por sorpresa. A pesar de la resistencia los jóvenes fueron golpeados, atados de pies y manos y más tarde despojados de sus armas.

Sin conocer lo sucedido llegaron al lugar los combatientes del Ministerio del Interior (MININT) Yuri Gómez Reynoso y Rolando Pérez Quintosa, quienes fueron atacados con ráfagas del fusil AKM arrebatado a sus compañeros, a los cuales intentaban ayudar.

Estos serían los primeros instantes de uno de los crímenes que con más dolor recuerda nuestro pueblo. Cuatro combatientes revolucionarios que defendían de ataques terroristas las costas cubanas fueron vilmente asesinados.

El sargento de tercera Yuri Gómez Reynoso, el soldado Orosmán Dueñas Valero, el CVP Rafael Guevara y el sargento de primera Rolando Pérez Quintosa pasaron a engrosar la lista de patriotas caídos en el cumplimiento de su deber.

Los delincuentes decidieron escapar ante la imposibilidad de poner en marcha una embarcación.

Mientras Rolando Pérez era trasladado a la ambulancia, gravemente herido y sin perder aún el conocimiento, le dijo a un oficial del Departamento Técnico de Investigaciones de la unidad territorial de Celimar: «en ese grupo está el violador». El miembro de la Policía Nacional Revolucionaria se refería a Luis Almeida que en aquel momento era investigado por un crimen de ese tipo.

La denuncia hizo posible que la imagen del principal asesino saliera al aire en el Noticiero Nacional de Televisión. Con las llamadas recibidas al Puesto de Mando, los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT lograron capturar a los asaltantes y a sus cómplices, aproximadamente 24 horas después de ocurridos los acontecimientos.

Al difundirse la noticia del crimen el pueblo cubano se congregó en la Plaza de la Revolución. Después desfilaron ante los ataúdes ubicados en el edificio central del MININT. Todos marchaban con el mismo deseo: capturar a los autores de tan salvaje acto.

El Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana dictó sentencia en febrero de ese año. Luis M. Almeida Pérez y René Salmerón Mendoza fueron condenados a la pena máxima por piratería y asesinato. Estos criminales habían, además, violado a dos mujeres utilizando el engaño y la amenaza física. A Elías Pérez y Erick Salmerón les impusieron sanciones por piratería y complicidad de asesinato, 30 y 25 años de privación de libertad, respectivamente. El Tribunal sancionó con 25 años a Pedro de la Rosa, y con 15 años a Esperanza Atencio de la Rosa y Migdeiglis Ponce.

Queda por hacer justicia con la desajustada Ley de Ajuste Cubano, engendro promotor de monstruosidades como la ocurrida en Tarará y de otros terribles desgarramientos del pueblo cubano.

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