Un motor para sanear la sociedad

La Contraloría está llamada a desempeñar un papel clave, insustituible, en el enfrentamiento a la corrupción, las indisciplinas y las ilegalidades en el manejo de recursos, pero ella sola no las podrá eliminar

Autores:

Dora Pérez Sáez
Margarita Barrios

Cuando en diciembre de 2008 los cubanos escuchamos al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro anunciar la próxima creación de la Contraloría General, muchos se extrañaron al escuchar el término.

Pues bien, «Contraloría» es, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos.

Aunque nuevo para nosotros, desde hace años la práctica internacional considera conveniente contar con un órgano jerárquicamente subordinado al más alto nivel de la dirección del país. Así, existen contralorías generales en naciones como Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y otras.

Para abundar en las características y funciones de la nuestra, JR conversó con el Doctor en Ciencias Jurídicas José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

—La población se pregunta por qué, si existía un Ministerio de Auditoría y Control, se procedió a disolverlo y a crear un órgano nuevo.

—Existe una diferencia sustancial. El Ministerio de Auditoría y Control era un órgano gubernamental que ejercía sus funciones a esa instancia. La Contraloría es un órgano superior del Estado, de mayor jerarquía, supragubernamental. Es decir, estará por encima del Gobierno y eso le permitirá desempeñar sus funciones con mucha más autoridad.

«Este órgano podrá supervisar, controlar y auditar aquellas entidades superiores del Estado en el ámbito del presupuesto estatal, es decir, los recursos que le da el Estado. Así, puede llegar a verificarlos lo mismo en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General, que en la propia Asamblea Nacional o en el Consejo de Estado. Un ministerio no podía hacer eso, porque no tiene rango ni autoridad para llegar a ese nivel.

«Existirá una estrecha vinculación de trabajo entre el órgano que se crea y el Consejo de Estado, el Presidente del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional, a quienes se subordina. No tendrá subordinación local de ningún tipo. Sus funciones serán aprobadas en las directrices de trabajo que traza el Consejo de Estado y un plan de trabajo anual que elaborará el Contralor General de la República en estrecha coordinación con el Presidente del Consejo de Estado.

«También este tendrá facultades para indicar a la Contraloría acciones de auditoría, supervisión y control que inicialmente no estuviesen previstas en el plan».

—¿Qué condiciones existentes en el país nos han llevado a crearla?

—Primero hay que destacar la voluntad que siempre ha tenido el Gobierno revolucionario de enfrentar decididamente toda manifestación de corrupción. No convivir con las actitudes que se aparten de las normas éticas establecidas es algo que en más de 50 años ha estado patente en nuestro proceso.

«Pero indiscutiblemente, a partir del período especial la sociedad ha tenido que lidiar con necesidades económicas, más la crisis internacional y la globalización. Ello ha conllevado a que tengamos un problema serio que enfrentar.

«Hablo de indisciplinas, no solamente de corrupción, sino de falta de controles económicos, de fisuras en los mecanismos, de la ausencia de la debida contabilidad que deben tener todas las empresas del Estado, y también de manifestaciones de corrupción.

«El otro problema es el proceso de reforzamiento de la institucionalidad del Estado, al que muy enfáticamente se ha referido el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Hay que fortalecer la institucionalidad, como medio esencial que vaya encaminado a garantizar el respeto a la ley. Y esto es la institucionalidad: que cada cual se desarrolle en el ámbito de competencia que le está atribuido. Y que exista una organización clara de los órganos del Estado en aras de velar por la ley, cumplirla y hacerla cumplir».

—Los años 90 nos obligaron a tomar medidas como la despenalización del dólar y la inversión extranjera. ¿Han influido tales disposiciones en los casos de corrupción que hoy se dan en nuestro país?

—Existe un conjunto de realidades que nosotros no podemos obviar. Esas son unas; otra es la pérdida de valores. Hay individuos que han perdido muchas normas ético-morales. Todo eso es cierto.

«Todos esos factores, a los que yo llamo realidades socioeconómicas que el país ha debido enfrentar, inciden en el problema que tenemos. No me atrevo a darle un papel más relevante a unas que a otras. Eso hay que estudiarlo.

«Pero son situaciones que han estado presentes en nuestra dinámica social y económica, con un nivel de incidencia, sin lugar a dudas».

—El propio Raúl ha reconocido que hay una profusión de normas jurídicas, cuestión que debe revisarse. ¿Esta dispersión de disposiciones no podría llegar a entorpecer la labor de la Contraloría?

—Creo que no. Hay que ver dónde está esa profusión y esa dispersión. Hay sectores con esa situación, que entorpecen su desempeño efectivo, como bien ha apuntado Raúl.

«En el mismo ámbito económico se impone hacer algunos análisis de mecanismos, de formas de control, de instituciones creadas, ver si es o no menester tenerlas, etcétera. Pero nada de esto puede entorpecer el trabajo de la Contraloría.

«Pienso que el país, poco a poco, está obligado a ir revisando su andamiaje institucional y jurídico. Eso no quiere decir que todo haya que cambiarlo. Existen leyes de muchos años con una valía extrema. Además, hay un principio de seguridad jurídica, que implica que las disposiciones legales deben prevalecer y tener una larga existencia temporal.

«La seguridad jurídica da a la sociedad disciplina, acierto en su actuación, seguridad a los ciudadanos en su comportamiento, en sus deberes y derechos. Es necesario revisar y modificar, adecuar aquellas normas que han perdido su vigencia, pero otras no hay por que cambiarlas».

—También la corrupción ha ido cambiando con el paso del tiempo. En los 90, por ejemplo, aquellos «macetas» guardaban su dinero debajo de la cama. Los corruptos actuales depositan su dinero en cuentas bancarias en el exterior. ¿Podrá la Contraloría actuar contra hechos de tal envergadura y complejidad?

—La delincuencia es dinámica. Estudia modos, conductas y causas, y así se modifica, se condiciona y actúa. Es más ágil en su forma de actuación y de ajustarse a la realidad socioeconómica que los propios órganos de enfrentamiento a ella. Eso es algo criminológicamente probado.

«En Cuba también, lógicamente. La delincuencia de hoy no puede ser la misma que la de 30 años atrás. Recuerdo que cuando en 1994 se promulgó el Decreto Ley 149, que el pueblo apodó como “de los macetas”, yo era fiscal, y una situación que nos impactaba era el tema de las tarjetas de crédito.

«El país no estaba acostumbrado a verlas. Y tuvimos que dar cursos de capacitación sobre lo que en aquel momento se llamaba “dinero plástico”. Hoy las tarjetas de crédito se emplean para comprar el combustible, para cobrar el salario, para tener una cuenta en el banco, para pagar los bienes de la casa...

«Años atrás nos inquietaba cómo enfrentar un delito con el empleo de una tarjeta: que si la marcaban aquí y hacían el desglose en otro país, que cómo lo sabíamos, que cómo identificar la tarjeta falsa. Pero nos preparamos y dejó de ser una preocupación.

«¿Por qué cito este ejemplo? Porque esa misma dinámica de análisis, preparación y capacitación deben tenerla todos nuestros órganos de enfrentamiento a cualquier forma de actividad delictiva, y siempre va a ser complejo.

«Nuestros jueces, fiscales, auditores y contralores están obligados cada día a superarse, a estudiar, a capacitarse, para buscar a su vez mejores formas de enfrentar el crimen.

«Cómo íbamos a pensar que tendríamos un día un delito por fronteras. Sin embargo, hoy es uno de los grandes fenómenos delictivos, tanto de cosas que nos pretenden introducir en el país, como de otras que nos pretenden sacar.

«Frente a esas figuras delictivas, esas formas de acumulación de dinero, estamos obligados a ser más eficientes; no nos queda otra alternativa. Y estoy seguro de que el personal de la Contraloría tiene todas las condiciones, la preparación y la voluntad para poder lidiar eficazmente con todos esos problemas.

«Es necesario significar que a la Contraloría no le corresponde ejecutar acciones de tipo legal. Es un órgano de control por excelencia, va a revisar sobre la base de la objetividad y la imparcialidad. Si detecta problemas, después lo informa a los órganos de enfrentamiento al delito, que son los responsabilizados en dar el tratamiento jurídico penal a esas situaciones».

—¿Y si detectara irregularidades no constitutivas de delitos?

—Tampoco está capacitada para aplicar medidas disciplinarias. La imposición de medidas disciplinarias o administrativas se circunscribe al ámbito de competencia de las respectivas administraciones.

«Cuando una administración reciba un requerimiento de la Contraloría, primero está obligada a contestar en los plazos y en los términos que esta establezca. El Contralor General de la República está capacitado para dirigirse a la máxima autoridad —puede ser un ministro, un director nacional— e informar que no se tomaron medidas, o que estas no se corresponden con la gravedad de las dificultades encontradas.

«Si la situación persiste, puede dirigirse al Consejo de Estado o al Consejo de Ministros».

—¿Se le dará curso también a denuncias de la ciudadanía?

—Efectivamente, existe un capítulo de la Ley de la Contraloría General de la República que se llama «De la participación popular», al cual se refirieron muy halagadoramente varios diputados de la Asamblea Nacional.

«En ese capítulo se establece el derecho que le asiste a toda persona de poner en conocimiento de los órganos de la Contraloría cualquier problema que conozca: desvío de recursos, ilegalidades, actos de corrupción, y la obligación de la Contraloría de investigar, actuar y dar respuesta.

«Incluso la ley establece que esas personas tienen el derecho de interesar que su identidad permanezca en secreto, y de recibir protección para ella y sus familiares cuando lo requieran».

—¿Qué estructura tendrá la Contraloría?

—Será un órgano dinámico en su estructura, de actuación rápida y eficiente. En razón de esto, solo tendrá representación a nivel central y provincial, no en los municipios. Pero si existiera un municipio con un alto peso económico, desde la provincia se pudiera crear una sección de trabajo, dirigida por un contralor, para atender específicamente ese territorio.

«De la misma forma, puede ser que haya cuatro o cinco municipios que se puedan aglutinar en una sección de trabajo, al frente de la cual habrá también un contralor. De este modo se concentran fuerzas y recursos.

«En cuanto a su composición, estará conformado por contralores, que dirigen, supervisan y asesoran, y por auditores que ejecutan las funciones de la Contraloría. El auditor es el ente esencial.

«En esas plazas hay juristas, economistas, especialistas en Contabilidad, personas con una graduación universitaria, conocimientos en temas económicos y experiencia probada. En el caso específico de los auditores, excepcionalmente se prevé que pueden ser técnicos de nivel medio en Contabilidad».

—¿Ya fue seleccionado todo el personal?

—Todavía no. Los efectivos del Ministerio de Auditoría y Control pasan a la Contraloría General. Esos son los básicos, luego se completarán los demás puestos.

—¿Está previsto que reciban un salario superior al de la media, para evitar precisamente posibles sobornos?

—La Ley de la Contraloría General de la República no se proyecta en cuanto a salario. Esos serán temas de análisis del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la dirección del país.

—¿Quién controla a la Contraloría?

—Ella le rinde cuentas a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, dentro de la legislatura, que son cinco años, al menos una vez, o cuantas veces se le interese. Pero con independencia de esto, la Contraloría, anualmente, tiene que presentarle al Consejo de Estado un informe de su gestión: qué ha hecho en ese año y qué resultados ha obtenido, cuáles han sido sus principales problemas y sus éxitos más significativos. Ese es otro mecanismo de control.

«El tercero de estos es que anualmente debe informarle al Consejo de Estado o a la Asamblea del uso y destino de los recursos financieros y materiales que se le asignan. Y en este sentido va a estar sujeta también a las acciones de control que dispongan dichas instancias superiores del Estado».

—La mejor Contraloría del mundo, ¿hasta dónde puede llegar?

—Hay algo que destacar, siempre que en el país se constituye una nueva institución, pensamos que eso va a resolver todos los problemas.

«La Contraloría está llamada a desempeñar un papel clave, insustituible, en el enfrentamiento a la corrupción, las indisciplinas, las ilegalidades en el manejo de recursos, pero ella sola no las podrá eliminar.

«Esto es un problema de todas las personas que custodian, administran o reciben recursos del Estado, que deben tener la conciencia suficiente para saber que a esos bienes hay que darles el uso, destino y cuidado que merecen. Eso en primer lugar, y en segundo, el nivel de exigencia de todos para que así se actúe.

«Los contralores y auditores no son magos, deben contar con el apoyo de toda la sociedad. Nadie puede sentirse ajeno a la exigencia de tener una administración pública transparente, para combatir la corrupción en todas sus manifestaciones.

«En mi criterio, la corrupción es un hongo que crece en la oscuridad. Y confrontarla debe ser un ejercicio permanente, constante y sistemático».

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