Tierra en letra y espíritu

A dos años de entrar en vigor el Decreto Ley 259 sobre la entrega de áreas agrícolas ociosas en usufructo, el saldo es más positivo que negativo, aunque para algunos aspirantes resulte aún fatigosa la tramitación para explotar la tierra. JR ofrece una visión del asunto desde los campos de la más oriental provincia cubana

Autor:

Lisván Lescaille Durand

GUANTÁNAMO.— Hace ya unos meses que Pablo Beltrán Maturel pensó en abandonar la idea de convertirse en un usufructuario, porque le pareció una misión imposible. Al segundo día de iniciarse el proceso, en el año 2008, se inscribió en el Registro de la Tierra del municipio de Guantánamo, con el número de expediente 144.

Estas son sus palabras: «Recorrí, junto al jefe de los inspectores de ese cuerpo, utilizando un medio de transporte mío, casi todos los bloques cañeros de la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Álvaro Reynoso, buena parte de ellos repletos de marabú, algunos con una carrera de caña en el centro, azotadas constantemente por el ganado que pastaba sin control.

«Al final del bloque 55 —prosigue—, me asignaron un pedazo de tierra con documento y todo, pero cuando fui a trabajarla esa área pertenecía a otra institución».

Pablo Beltrán cuenta que después de asistir todos los lunes al despacho con la población en la Delegación Municipal, una comisión de la Agricultura y la cooperativa lo reubicaron en otra porción de tierra, junto a otros usufructuarios. ¿Problema resuelto? Para nada. Cuando procuró legalizar su situación ante el Registro de la Tierra, ¡sorpresa!, se le había denegado esa «solicitud» porque el representante de la cooperativa recordó que esas tierras ya tenían dueño, y por tanto él debía irse hasta La Tagua, a decenas de kilómetros de Guantánamo, para materializar su pretensión guajira.

Aunque ocurren desajustes como este que narramos, no son pocos los cubanos que ya miran con mejor cara la agricultura, más aun cuando el Estado aprobó, en julio de 2008, el Decreto Ley 259, autorizando el usufructo de un porcentaje considerable de tierras ociosas, con el fin de elevar la producción de alimentos y reducir su importación.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, dos años después de aplicarse el citado cuerpo legal, se habían entregado 1 007 112 hectáreas de tierra por ese concepto, de los cuales el 46 por ciento producían.

A primera vista, el proceso de entrega de tierras en usufructo pareciera no tener mayores complicaciones operativas. Según precisó a JR Alcides Durán Durán, delegado de la Agricultura en el municipio de Guantánamo, bastaría una solicitud por parte del interesado ante la Delegación Municipal de la Agricultura para que, en el término de 117 días, obtenga la respuesta a su pedido.

Sin embargo, en esta rama nada es como deshojar margaritas. En lo adelante la eficacia del mecanismo queda en manos de la Delegación Municipal de la Agricultura, principal rectora, junto a los centros de Control de la Tierra en cada territorio, ambas instancias responsabilizadas con la conformación de un expediente que incluye: una declaración jurada, un aval de aceptación de una cooperativa de créditos y servicios (CCS), y la certificación catastral expedida por la Oficina Municipal de Hidrografía y Geodesia, además de la microlocalización del área por parte de Planificación Física.

¿Por qué «pelotean» a Elio?

Él solo sabe que lo están peloteando. O dicho en su lenguaje, «me están barajando», a pesar de que siguió los pasos correctos, desde septiembre de 2008 cuando solicitó en usufructo unas tierras abandonadas en áreas de la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) Mártires de Barbados, de Cecilia.

En marzo de este año, la Comisión de Asuntos Agrarios del municipio de Guantánamo le entregó a Elio Duvergel Faure, un certificado de usufructuario de una porción de 19 hectáreas de tierra en el área solicitada, con lo cual todo debía fluir. Bastaba que el jefe de la UBPC le delimitara las 13 hectáreas que por ley le corresponden para sembrar caña, según lo convenido.

«Yo quiero demostrar que esas tierras sí sirven para caña», sostiene Duvergel Faure a estas alturas, cuando persiste la negativa de la dirección de la UBPC de delimitarle su espacio, y aún las autoridades de la Agricultura en el municipio, particularmente la Comisión de Asuntos Agrarios y el Registro de la Tierra a esa instancia, no ponen coto a la contrariedad.

«No es solo el costo en sufrimiento y disgusto; ya había empezado a tumbar el marabú y el ipil ipil, que crecían orondos allí, cuando aparecieron los buldózeres de la UBPC para roturar las tierras que ya me habían entregado en usufructo», dice Duvergel, un hombre que afirma haberlo entregado todo por su terruño como dirigente sindical, obrero de la UBPC, jubilado de esa forma de producción y ex delegado del Poder Popular en Cecilia.

Añade a su inconformidad el hecho verificable, según expone, de que la Mártires de Barbados haya cedido en usufructo, para otros cultivos, y a campesinos de otros municipios alejados, tierras que pertenecían a un macizo cañero con adecuadas condiciones y capacidad de riego mediante sistemas de canales.

Aun cuando la letra y el espíritu de esta ley estaban y están muy claros, la arrancada puso al descubierto deficiencias que, al menos en Guantánamo, sus autoridades identificaron y empezaron a combatir sin dilaciones.

Una de las más persistentes es, sin dudas, la morosidad en los trámites de los expedientes, pero también la lenta explotación de las áreas entregadas; productores que no cumplían los compromisos de siembra de determinados cultivos para dedicar esas áreas a otros renglones o actividades; además de usufructuarios que no contrataban sus producciones y permanecían sin vínculo con ninguna CCS.

Aunque en gran medida la situación exhibe otro rostro en la más oriental provincia cubana, los datos del estado de ese programa hasta el primer semestre del año confirmaban algunas de las realidades expuestas.

Según Moraima Rizo Rodríguez, directora del Centro Provincial de Control de la Tierra, el fondo de tierras ociosas actualizado de la provincia es de 61 525 hectáreas, de las que se entregaron en usufructo, 32 534 hectáreas (53 por ciento).

Añade que recuperaron 15 678 hectáreas (25 por ciento), inicialmente declaradas ociosas y luego puestas en explotación por las propias empresas; mientras del total entregado, el 50 por ciento corresponde a personas naturales, solo el tres por ciento a empresas, y el resto se ha denegado o está en espera de nuevas solicitudes.

Al cerrar la primera mitad de 2010, el 45 por ciento de esas áreas estaban sembradas, limpia el 34 por ciento, mientras en proceso de desbroce se encontraba al nueve por ciento, y sin desbrozar de malezas el 12. Para la fecha, cuando se había aprobado el 84 por ciento (3 683) de las solicitudes recibidas (4 654), solo quedaba terreno para ofrecer en Santa Catalina y La Tagua, ubicadas en la montaña guantanamera, aseveró.

En su abordaje periodístico por los campos de Guantánamo, JR se acercó a una muestra, entre más de una decena de casos, que revelan las luces y manchas de esta nueva convocatoria agrícola.

La misma tierra para dos

Los guajiros son, por antonomasia, gente de bien: amables y no dados a los problemas personales, pero los conflictos por la tierra tienden a dificultarles la existencia. Quizá eso mantiene contrariados a Eugenio Columbié Sánchez y a Juan Enrique Masó Vera, dos usufructuarios que aspiran a la misma porción de tierra a la que ambos creen tener derecho, en áreas de la CPA Álvaro Reynoso del municipio de Guantánamo.

Columbié puso el grito en el cielo cuando, al regresar de una convalecencia médica, encontró a Masó ocupando los seis cordeles de tierra que, afirma, le corresponden en carácter de usufructo, según consta en un documento que le extendió la propia forma de producción cooperativa.

Este labriego sostiene que él trabaja por esos contornos cañeros desde hace 15 años; pero desde el 2004, asegura, el área en disputa está bajo su explotación al concederle la cooperativa de marras el derecho a explotarla, en virtud de una disposición del MINAZ.

Por su parte, Masó, quien trabajaba en Recursos Hidráulicos en una comunidad guantanamera, no solo rechaza tajantemente la posibilidad de ser un usurpador del terreno ajeno, sino que asegura contar con el aval para laborar esas tierras, otorgado por la misma cooperativa, mientras en la Delegación Municipal de la Agricultura se encauza su expediente para acreditársela como usufructuario.

Así las cosas, mientras el uno se siente despojado, y peloteado por las instancias agrícolas del municipio, el otro se mantiene en su posición, hasta que se decida la suerte de ambos. Lo último que supo JR sobre este caso es que integrantes de la comisión de asuntos agrarios se habían entrevistado con las partes para situar a cada quien en su sitio.

En el otro lado del asunto, Alcides Durán Durán, delegado de la Agricultura en el municipio cabecera, mira las cosas con optimismo, y se anticipa a señalar que, aun con posibles irregularidades, se ha trabajado con transparencia.

«Ciertamente se han violado términos en la aprobación o denegación de algunos expedientes; existen casos en litigio por problemas de linderos, rectificación de mediciones, apelaciones y conflictos entre personas, que vamos a resolver, y los atendemos aquí cada lunes; tratamos que se resuelvan las incongruencias de acuerdo con lo establecido en las leyes.

«Es un proceso complejo, en el que no solo interviene la Agricultura, sino también varios organismos, entre ellos Planificación Física, Suelo y Geocuba, obligados a certificar documentos en los expedientes», explica Durán.

«Elio Duvergel tiene razón al estar molesto, porque la UBPC debía delimitarle sus 13 hectáreas, y si esta no estaba de acuerdo, debía interponer un recurso de apelación ante la comisión de asuntos agrarios de la Agricultura», aclaró el delegado.

«El proceso de entrega de tierras no está cerrado. A pesar de que las áreas ociosas se ubican ahora en la premontaña, sabemos que todavía alrededor de la ciudad, en la agricultura suburbana, existen entidades estatales con terrenos repletos de marabú, algo que no se justifica y, en su momento, podrán beneficiarse más solicitantes», informó Alcides.

«Los resultados son más positivos que negativos», asegura el Delegado municipal, y para apuntalar la afirmación echa mano a sus datos: de las 10 372 hectáreas declaradas en usufructo en ese crucial municipio, el 81 por ciento las tienen usufructuarios que ya aportaron más de 300 toneladas de diversos cultivos varios.

Sin embargo, esas estadísticas revelan cierta lentitud, también, para poner a producir las tierras, pues apenas 5 239 hectáreas del total entregado en usufructo están sembradas, o sea, poco más de la mitad, mientras el resto aún se despeja de malezas.

Felipe, un usufructuario satisfecho

Mientras su vista se paseaba por la extensa plantación de la denominada verdolaga de playa que invadía aquel terreno baldío, Felipe Téllez imaginaba la complejidad de su tarea. Aquel arbusto, característico de las zonas costeras, era el primer indicio de que la salinidad campeaba por sus fueros en la hectárea de tierra recibida en carácter de usufructo, amparado en el Decreto-Ley 259, que amplía las posibilidades del campesinado cubano de acceder a la tierra.

Sin embargo, este obrero de la Empresa de Cultivos Varios La Confianza, nunca dudó un instante de que podría devolverle la fertilidad a aquellos suelos, desperdiciados en áreas cercanas al asentamiento poblacional de Cecilia.

Asumiendo de antemano los rigores de la actividad agrícola, Felipe, quien también representa a la Agricultura en el Consejo Popular Paraguay, resolvió reducir a cero al obstinado marabú, que igualmente señoreaba por esos lares e iniciar el tratamiento del suelo con materia orgánica, una parte de ella derivada de restos de cosechas aledañas.

«En la mira estaba —relata Téllez— recuperar esa porción de tierra sin aplicar ningún tipo de fertilizante, escaso y poco aconsejable para el manejo de suelos erosionados por la salinidad. De la misma forma había que pensar en producciones que le sirvieran de estímulo a esas tierras.

«Por eso solicité esta área para el fomento de frutales, cítricos esencialmente, y entre ellos el limón criollo y la naranja agria, cuya capacidad de adaptarse a suelos áridos es proverbial; a lo que se le añade la posibilidad de intercalarle quimbombó y sorgo (muestra el crecimiento de este último), cultivo al que se le atribuyen propiedades desalinizadoras», explica.

Para este nuevo usufructuario, la tarea sirve de complemento a sus estudios universitarios, ahora en el tercer año de Agronomía, en la filial de Argeo Martínez, oportunidad abierta con la Tarea Álvaro Reynoso.

«Ver estas tierras cubiertas de frutales, cultivos varios y vegetales será mi primer aporte directo y concreto en este asunto de seguridad nacional que es la producción de alimentos, y sin dudas una buena forma de ganarme el título de ingeniero y poder tributar al desarrollo local», subrayó Felipe Téllez.

Epílogo

En su indagación, JR comprobó que unos 47 expedientes esperan en la Dirección Municipal de Planificación Física, porque esta instancia requiere la participación de la Delegación de la Agricultura con sus técnicos para poder ubicar las áreas en lugares distantes y desconocidos, como los mencionados Santa Catalina y La Tagua, dijo Yordanka Cobas, jefa del departamento que se ocupa del tema en Planificación Física.

Con seguridad estos problemas, constatados por este diario en el terreno, le ponen zancadillas a un asunto definido por el General de Ejército Raúl Castro como de seguridad nacional: producir alimentos. Pero también es evidente que las instancias responsabilizadas con resolverlos no están cruzadas de brazos y que el proceso de entrega de tierras en usufructo para ponerlas a producir en la más oriental de las provincias cubanas, si bien no marcha al ritmo que sería deseable, exhibe resultados que pueden multiplicarse en el futuro.

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