El mandato constitucional

La referencia de Raúl en la pasada sesión parlamentaria a las violaciones de la Constitución y la legalidad demuestra una vez más la enorme importancia de la ética y la juridicidad en nuestro proceso revolucionario y en el plano internacional

Autor:

Armando Hart Dávalos

Al clausurar el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, el compañero Raúl subrayó la necesidad del respeto a los preceptos de la Constitución de la República, advirtiendo que «ante las violaciones de la Constitución y la legalidad establecida no queda otra alternativa que recurrir a la Fiscalía y los Tribunales…». Esto pone de manifiesto, una vez más, la enorme importancia de la ética y la juridicidad en nuestro proceso revolucionario y en el plano internacional.

Cuba posee una rica tradición jurídica no siempre exaltada y reconocida. Ella tiene como puntos de partida esenciales los decretos aboliendo la esclavitud dictados por Céspedes, en el Bayamo libre, después del alzamiento en La Demajagua, y la Constitución aprobada en abril de 1869, en el poblado de Guáimaro, en manos insurrectas.

Recordemos que en 1953, Fidel y los moncadistas proclamaron los principios jurídicos de la nación cubana, y denunciaron a los que habían quebrantado el sistema jurídico del país. La lucha contra el régimen ilegal de Batista significó combatir a favor de la legalidad pisoteada y plantearse el tema de lo jurídico en un primer plano. Así comenzó la lucha contra la tiranía.

Fidel, en su alegato La Historia me Absolverá, se apoya textualmente en preceptos de la Constitución de 1940 para la aplicación de las medidas revolucionarias más importantes y, en especial, en el que validaba la resistencia nacional frente a las violaciones de esta. Ningún otro documento como ese expresa con mayor nitidez elementos esenciales de la cultura jurídica de la nación cubana.

Como la Revolución triunfante en 1959 fue el resultado de una insurrección armada popular, hay quienes pretenden escamotear el hecho de que ella se llevó a cabo con apego a la tradición jurídica nacional cubana, a partir de que el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 quebrantó el orden jurídico y abolió la Constitución de 1940, una de las más avanzadas del mundo de hace 70 años.

Invito a los juristas y a los hombres y mujeres de más alta sensibilidad cultural a tomar en cuenta esos hechos que le confieren a nuestra Revolución alcance latinoamericano y universal.

La juridicidad en la vida política de las naciones

En nuestros días, los procesos que han tenido lugar en Venezuela, Bolivia, Ecuador, para dotar a esos países de textos constitucionales que plasmaran las aspiraciones populares, así como el golpe de Estado en Honduras, ponen de manifiesto dramáticamente, una vez más, la enorme importancia de la juridicidad en la vida política de las naciones.

Históricamente, han sido siempre el imperialismo y las clases reaccionarias de América Latina los que se han colocado al margen de la legalidad y, sin embargo, han pretendido presentarse, cínicamente, con las banderas del Derecho. De ahí la importancia de asumir en este continente la defensa de una tradición jurídica que consagre los derechos del pueblo y de sus instituciones.

Un hecho reciente nos ilustra acerca de la importancia del tema. En sus palabras de toma de posesión, el presidente del Perú, Ollanta Humala, evocó la Constitución de 1979, a la que calificó como «la última Constitución de origen democrático, a la que muchos no han respetado y por eso la olvidan, que constituye para mí una verdadera inspiración por su contenido nacional, democrático y de libertad», desmarcándose así de la Constitución fujimorista de 1993.

Recordamos también el enérgico juramento del presidente venezolano Hugo Chávez al asumir su primer mandato, cuando calificó como moribundo el texto constitucional que tenía delante, que vivía sus últimos tiempos y fue sustituido por la Constitución bolivariana hoy vigente.

En México, la Constitución de 1917 sigue considerándose como un fruto preciado de la gran Revolución Mexicana.

Defender la ética, el derecho y el orden constitucional

Nuestra Constitución socialista actual, aprobada en 1976 por el voto libre de la abrumadora mayoría del pueblo cubano, es portadora de la autoridad legal y moral que le confiere no solo ser fruto del plebiscito popular, sino también el de ser la culminación institucional de un proceso revolucionario legítimo y heroico, nacido precisamente de las ansias de respeto a la ley, aplicada con justicia.

Ella ha de presidir con su mandato constitucional todas las acciones individuales y colectivas, institucionales e individuales, apegadas a la juridicidad, al Derecho y al respeto a la dignidad plena del hombre como ley primera de la República.

Esto debe tomarse en cuenta no solo hoy sino para cuando, por ley de la vida, otros revolucionarios asuman la dirección del país. Entonces, quien intente gobernar en Cuba sin fundamentos jurídicos o con artimañas legales le abriría el camino a la contrarrevolución y al imperialismo. Esto, desde luego, no ocurrirá, entre otras razones porque hemos educado a generaciones de cubanos en el respeto a la juridicidad, y el socialismo está ensamblado en la más rigurosa cultura moral y de Derecho de la nación cubana, porque el Partido será la continuidad histórica de la Revolución, será su gran dirigente.

El orden, la disciplina y la exigencia que necesitamos más que nunca, no son ajenos sino que forman parte intrínseca de ese mandato constitucional surgido del propio pueblo.

No hay tarea política más importante e inmediata en nuestros días que asumir la defensa de la ética y el Derecho. Ella se vincula directamente con las acciones que es necesario desplegar en el orden interno para llevar adelante los cambios que necesitamos y abrir cauce al cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como para hacer frente a los colosales desafíos que tiene hoy ante sí la nación cubana, inserta en un mundo en el que las desigualdades, las violaciones del Derecho Internacional, el peligro de guerra nuclear, las agresiones y la destrucción sistemática del medio ambiente amenazan con poner fin a la vida de nuestra especie y de las demás especies en el planeta Tierra.

El Gobierno norteamericano se coloca una vez más al margen del Derecho al mantener injustamente en prisión a los cinco patriotas cubanos, verdaderos luchadores antiterroristas. La batalla por lograr vencer la barrera de silencio que permite perpetuar el secuestro —no encuentro otra palabra para calificar su situación— en cárceles de Estados Unidos es, como dijo Raúl, indeclinable y debe ser redoblada hasta lograr su regreso a la Patria junto a sus familiares y su pueblo.

La defensa de la ética, del Derecho y del orden constitucional es también una bandera con la que podemos sumarnos al gran movimiento a favor de la paz y para detener la maquinaria de guerra en marcha, que podría desatar una confrontación de incalculables consecuencias y conducirnos a la destrucción de la obra acumulada por el hombre a través de su dilatada historia.

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