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El análisis del anteproyecto por la masa obrera cubana constituyó un amplio proceso democrático y de debate popular, se resaltó durante la sesión de la Asamblea Nacional. Autor: Juan Moreno Publicado: 21/09/2017 | 05:42 pm
La Ley Código Trabajo fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, tras un debate de varias horas en la sesión matutina de la primera jornada en plenaria del máximo órgano del Estado en el segundo período ordinario de su VIII Legislatura.
El nuevo Código del Trabajo, además de actualizar la norma con respecto a las nuevas formas de labor aprobadas en el país, tiene como objetivo esencial recuperar la disciplina, fortalecer el papel de la administración, prever cualquier acto de injusticia que se manifieste en las relaciones empleado-empleador y consolidar el rol de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la eficiencia productiva y de los servicios.
Así expresa el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre el Proyecto de Ley Código de Trabajo, leído por José Luis Toledo Santander, presidente de esa entidad parlamentaria y que dio paso al debate del documento por parte de los diputados.
El dictamen asegura, además, que esa norma es expresión de la democracia revolucionaria cubana, donde el pueblo, como actor esencial de la misma, participa efectivamente en el ejercicio del poder.
Explicó que luego de la realización de un proceso de consulta —que se materializó en 69 056 asambleas, en las que participaron más de 2 800 000 trabajadores—, el anteproyecto fue sometido a una detallada revisión.
Este escrutinio motivó la modificación de más de cien artículos, la inclusión de 28 nuevas normativas, y la total reelaboración del Capítulo II —referente a las organizaciones sindicales—, del artículo 2, sobre los principios que rigen el derecho de trabajo, y la modificación parcial del Capítulo XV, referente a las autoridades de trabajo.
Ulises Guilarte de Nacimiento, presidente de la Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC, significó que el análisis del anteproyecto por la masa obrera cubana constituyó un amplio proceso democrático y de debate popular que involucró al 91 por ciento de los trabajadores, incluyendo a 926 secciones sindicales de colectivos no estatales y a más de 40 000 colaboradores cubanos en el exterior.
En su intervención, el también miembro del Comité Central del Partido argumentó que se realizaron más de 171 000 propuestas, entre modificaciones, preocupaciones, adiciones y supresiones.
El 70 por ciento de las intervenciones, argumentó, estuvieron referidas a los contratos de trabajo, las regulaciones de trabajo y descanso, solución a los conflictos laborales, la representatividad sindical y el salario.
Al respecto, la diputada Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, destacó que fue consenso en los debates la necesidad de actualizar esta norma, la cual cumple con la premisa de proteger los derechos y contribuir a que se cumplan los deberes de los trabajadores.
Igualmente, dijo, propicia los mecanismos para que rija una mayor disciplina laboral y reafirma la autoridad de las administraciones.
También ratifica los principios de igualdad en el trabajo, protección a la mujer, y el derecho al descanso y a la capacitación.
A su vez prohíbe el trabajo infantil, y establece protección especial a los jóvenes entre 15 y 18 años de edad que se incorporan al trabajo al concluir su preparación en los institutos politécnicos.
También ratifica la última actualización de la edad para la jubilación —que establece como términos los 60 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente— ante el evidente envejecimiento de la sociedad cubana, y destacó que en 2025 disminuirá la cantidad de personas en edad laboral con respecto a 2012.
Propuestas hasta última hora
En un ejercicio de democracia llevado hasta el último minuto de la votación, los parlamentarios cubanos, desde distintas aristas, sugirieron la modificación o inclusión de varios aspectos en el proyecto de Código del Trabajo.
El diputado Mario Valentín, de Bayamo, solicitó estudiar lo planteado en el artículo 30, que prohíbe a los cuadros, funcionarios, técnicos y profesionales de la salud y la investigación, así como a maestros, profesores, contralores y auditores, desempeñar otro cargo o empleo remunerado, con excepción de los asignados a ellos por la entidad.
Sobre ello, estimó que se impone revisar el salario y condiciones de trabajo en sectores como la salud, educación y la investigación, los cuales son hoy vitales para el país.
También Ariel Ovidio Álvarez Suárez, diputado por Media Luna, Granma, expresó su preocupación sobre cómo evitar que el sector de los trabajadores por cuenta propia se convierta en un futuro en una carga para la seguridad social.
Este punto fue aclarado por la ministra Margarita González, al explicar que se han previsto regímenes especiales de contribución a la seguridad social diseñados para los trabajadores por cuenta propia, que es el equivalente del registro de salario del trabajador que labora en el sector estatal.
Por su parte, la diputada Mariela Castro Espín propuso modificar el lenguaje del Código para darle un enfoque más inclusivo, así como plasmar explícitamente el respeto a la identidad de género y la obligación del empleador de respetar y velar por la integridad física, psicológica y moral del empleado, atendiendo sus opiniones y quejas mediante mecanismos que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos y deberes.
Otras modificaciones planteadas fueron la propuesta por Vilma Patricia Alvarado Godoy, del municipio de Playa, referida a la igualdad en el trabajo para las personas que tengan algún tipo de discapacidad; y la de Zuleica Romay, diputada por el municipio de La Habana Vieja, sobre la manera en que se plasma en el documento lo relativo al salario mínimo, entre otras cuestiones vinculadas con las atribuciones de los empleadores.
Mientras, Mirta Millán Nieves, de Isla de la Juventud, opinó que no debe dejarse a decisión del empleador las limitaciones de las embarazadas para trabajar de manera extraordinaria o en localidades distantes, sino que sean ellas quienes lo determinen.
Algunas de las inquietudes fueron aclaradas mediante las intervenciones de la ministra Margarita González, en tanto otras fueron recogidas para que una comisión aprobada por la Asamblea las materialice en la letra del Código.
Acerca de los debates, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, aseguró que el nuevo Código tiene que ver con las relaciones que se establecen hoy en el mercado laboral, como resultado de las transformaciones económicas que vive el país.
Igualmente expresó que se trata de un documento muy avanzado de la Revolución, pues mientras Cuba busca nuevos derechos para sus trabajadores, en el mundo —especialmente en Europa— se está desmontando el modelo de bienestar que se intentó vender durante tanto tiempo.
Es un Código atemperado a la nueva realidad económica, donde están reconocidos derechos que en otras partes del mundo son un sueño, afirmó.
Durante el análisis, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, expresó su satisfacción por la diversidad de opiniones y puntos de vista vertidos, y dijo que este no es solo un documento jurídico, sino que también expresa los principios de la Revolución.
Teniendo en cuenta los señalamientos realizados por los diputados, Díaz-Canel propuso crear la mencionada comisión, que estudiará y analizará cómo introducir en el Código del Trabajo las adiciones y modificaciones propuestas en este debate final, lo cual fue apoyado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y aprobado en la votación por los diputados.
