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¿Cómo marcha el trabajo por cuenta propia en Cuba?

Tras la entrada en vigor el pasado 7 de diciembre de nuevas normas para el reordenamiento y desarrollo de una de las principales formas de gestión no estatal, Juventud Rebelde busca respuestas en diálogo exclusivo con Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Autores:

Yuniel Labacena Romero
René Tamayo León

A escasos dos meses de la entrada en vigor de las nuevas normas para el reordenamiento y desarrollo del trabajo por cuenta propia, Juventud Rebelde hace una primera aproximación al tema. Conversamos con Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social.

—¿Cómo se ha comportado la solicitud de incorporación al trabajo por cuenta propia tras la entrada en vigor el pasado 7 de diciembre de las medidas para perfeccionar la actividad?

—Al cierre de diciembre último había 580 828 trabajadores por cuenta propia (TPCP). El 29 por ciento son jóvenes y el 34 por ciento, mujeres. El 15 por ciento laboran también en el sector estatal, y un diez por ciento son jubilados. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan el 65 por ciento de los TPCP en el país.

«Las actividades más representativas continúan siendo las de alimento (paladares, cafeterías, vendedores ambulantes), con el nueve por ciento; el transporte de carga y pasajeros (ocho por ciento); el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (seis por ciento); los agentes de telecomunicaciones (cinco por ciento); y los trabajadores contratados (26 por ciento), en lo fundamental asociados a las actividades de alimento y transporte».

—¿De las 123 actividades autorizadas tras la unificación de 96 de ellas, cuáles son las más demandadas y los oficios más recurrentes?

—Por el poco tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las medidas, todavía no debemos hacer un análisis de ese tipo. Hay un grupo de personas a las que de oficio se les unificaron las actividades, lo que está teniendo un impacto positivo en cuanto a la ampliación de los servicios que prestan. Tendremos que ver en los próximos meses cuál es el comportamiento en unas y otras; de momento, se destaca el servicio de belleza.

—¿Cuántas personas están ejerciendo más de una actividad?

—Según el último cierre, 15 466 trabajadores por cuenta propia ejercen más de una actividad. Se simultanean mucho las relativas a los alimentos. Recordemos que una de las modificaciones de la política, a partir de los criterios emitidos por los propios TPCP, fue eliminar la restricción a restaurantes (paladares) y cafeterías de que solo podían disponer de 50 capacidades. Entonces confluyen mucho las licencias de cafetería y paladares; arrendamiento y actividades de alimentos, y el de agente de telecomunicaciones.

«El trabajador por cuenta propia puede ejercer cotidianamente más de una actividad siempre y cuando no interfiera una con la otra, o cuando por la propia naturaleza de ellas, puedan realizarse al mismo tiempo».

—¿Cómo ha sido la incorporación a las 26 de las 27 actividades cuyo otorgamiento de licencias fue congelado en 2017?

—El 80 por ciento de las nuevas autorizaciones están concentradas en las actividades de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, cafeterías, y los restaurantes.

—¿Cuándo podría reiniciarse el otorgamiento de la licencia para programador de equipos de cómputo, lo cual debía esperar a que concluyera una propuesta del Ministerio de Comunicaciones, que es el organismo rector?

—Continúa temporalmente limitada. El Ministerio de Comunicaciones presentó una propuesta para el perfeccionamiento de la actividad como nueva forma de gestión; o sea, es una propuesta integral sobre cómo va a funcionar en el ámbito del sector estatal y no estatal. No se circunscribe solo al trabajo por cuenta propia.

—La eliminación del límite de 50 capacidades en los servicios gastronómicos en cafeterías, servicios gastronómicos en restaurantes, y servicio de bar y recreación fue bien acogida. ¿Muchos TPCP con estas licencias han ampliado las capacidades?

—No tenemos información de cuántas personas pudieran o no estar ampliando sus capacidades; lo más importante en este caso es que siempre estaría en correspondencia con la estructura de la vivienda según lo dispuesto en la propiedad, o del local arrendado.

«La licencia para estas actividades se otorga con previa aprobación de los grupos multidisciplinarios en los territorios, que están integrados por Planificación Física, Salud Pública, la Administración Tributaria (ONAT), Trabajo, Higiene y Epidemiología, y  Turismo. La norma estableció que el límite lo pone el local. El trabajador por cuenta propia tiene la responsabilidad, para el confort y la prestación de sus servicios, de determinar qué cantidad de personas acogerá el local».

—Pero en esto hay excepciones...

—La excepción está en la actividad de servicio de bar y recreación, en la que el Cuerpo de Bomberos dictamina el límite máximo de capacidad del local, a fin de garantizar la seguridad de las personas en un momento dado, como en un incendio. Se exigen también puertas auxiliares para la evacuación y la correcta señalización lumínica de estas, pues constituyen lugares que por lo general funcionan a media luz. Es solo para esta actividad que se está dando un dictamen, en función de garantizar la seguridad de las personas.

«Además de ello, es muy importante que los locales dedicados al servicio de bar y recreación estén insonorizados, algo que debe ser avalado por las autoridades sanitarias. Este también es un requisito indispensable en la evaluación, previo al otorgamiento de la autorización para brindar este servicio. No pueden crearse molestias a la comunidad.

«Queremos que el trabajo por cuenta propia se desarrolle, pero que sea en un marco de legalidad y cumplimiento de las normas, empezando por las de convivencia. Por otro lado, nada de esto es exclusivo para el TPCP,  también es obligatorio para los servicios de este tipo en el sector estatal. Lo que estamos haciendo no difiere en nada de lo que tiene establecido el país para el sector estatal».

Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Ricardo Tamayo Pérez

—Todas estas permisologías marcan una diferencia entre la política anterior para el trabajo por cuenta propia y la actual. Antes los trámites eran muy formales, se llevaba la documentación requerida y prácticamente, casi que de oficio, se otorgaban las licencias, al margen del cumplimiento de requisitos lógicos, elementales, como los de convivencia...

—Son de las cuestiones que cambian con la política. Ahora, además de los documentos consabidos, debe presentarse el proyecto de la actividad que va a realizar, qué hará, dónde lo hará, con quién la va a realizar.

«De qué manera usted va a poner una carpintería en un edificio de apartamentos sin molestar a los vecinos; cómo va a poner un servicio de reparación de baterías en un apartamento sin tener en cuenta el tema de los gases contaminantes, que no solo puede afectar la salud del vecino, sino la de su propia familia, y así pasa también con el tema del polvo, el ruido, y otros».

—¿Y en la protección a los trabajadores contratados?

—Es muy importante este asunto. Los TPCP autorizados a contratar trabajadores están obligados a formalizar el contrato de trabajo o documento equivalente. Por tanto, en el trámite hay que incluir la solicitud de autorización para emplear a trabajadores contratados y proyecto de contrato de trabajo o documento equivalente, en el que se precisen las cláusulas y condiciones acordadas que ambos firmarán, y en el que deben quedar claros los términos a pactar, los que a su vez tienen que estar ajustados a lo que establece el Código de Trabajo.

«Deben garantizarse los derechos fundamentales que el Código de Trabajo establece para los trabajadores contratados,  en el que rigen las normas dispuestas para los contratos —a tiempo determinado—, deben incluir la labor y el lugar donde se realiza el trabajo; la duración y el régimen de trabajo y descanso, que incluye las vacaciones, la cuantía y forma de la remuneración; las condiciones de seguridad y salud en correspondencia con la labor que se realiza, y cualquier otra cláusula que acuerden las partes.

«Un trabajador por cuenta propia contratado debe saber y exigir por el cumplimiento de estos derechos. El cumplimiento de los contratos de trabajo es fundamental».

—¿Cómo se está comportando la apertura y operación de cuentas bancarias fiscales?

—Según la información aportada por el Banco Central de Cuba, en diciembre se habían abierto 10 763 cuentas bancarias fiscales por quienes están obligados a operar este tipo de cuentas. El 73 por ciento pertenece a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.

«La Oficina Nacional de Administración Tributaria está desarrollando un proceso de convocatoria a todos los TPCP que deben hacerlo, a que acudan a las instituciones bancarias para aperturarlas, pues esto tiene términos asignados en la ley».

—¿Cuáles son las dudas más reiteradas que tiene hoy la población sobre el trabajo por cuenta propia en lo concerniente a la obtención de licencias y el ejercicio en sí del oficio?

—Cuando se hicieron los seminarios a los TPCP para su capacitación, tras el anuncio a mediados de 2018 de las normas que entrarían en vigor en diciembre último, se recibieron por diferentes vías 936 planteamientos. Del análisis de estos y de otros surgidos en la práctica, se obtuvieron ideas y criterios valiosos para enriquecer la política, por eso se modificaron algunos elementos de las normas previamente anunciadas.

«Como recordaremos, las principales modificaciones fueron la posibilidad de ejercer más de una actividad siempre que se cumpla con lo regulado; la eliminación del límite de 50 capacidades para el servicio de restaurant, bar y cafetería, y poder establecer más de una actividad de este último tipo en un mismo domicilio legal; y en la actividad de panadero-dulcero se incluyó la posibilidad de vender bebidas no alcohólicas. Asimismo, se aprobaron modificaciones en cuanto al saldo mínimo, los depósitos y las  transferencias en la cuenta bancaria fiscal.

«Hay otro grupo de opiniones. Y continuarán, a partir de los espacios y vías que para ello existen. Los TPCP solicitan que se unifiquen más actividades. Está ocurriendo con las licencias en el área de los alimentos. Más allá de que se puedan obtener varias autorizaciones para ejercer estas actividades por una persona, plantean que pudiera adecuarse y tener una sola autorización para todas.

«Se expone, por ejemplo, que en dependencia del lugar, en un local por la mañana pudiera darse servicio de desayuno como cafetería, y en el horario de almuerzo y comida funcionar como restaurante. Quienes están haciendo estas propuestas exponen que esto pudiera quedar explicado en los proyectos que deben presentarse en la solicitud de autorización, al incluir la planificación de los horarios de servicios».

El 29 por ciento de quienes ejercían el trabajo por cuenta propia al cierre de diciembre último eran jóvenes. Foto: Calixto N. Llanes

 

—¿Solo se piden fusiones en el área de la gastronomía?

—No, se ha solicitado asimismo unificar otras que por su alcance pueden tener un perfil más amplio, por ejemplo, la de artesanía y la de talabartería, atendiendo a la afinidad de estas labores. También están las personas con licencia de fotografía que en sus locales plastifican carnés, hacen llaveros, fotocopian... Están pidiendo que se haga un estudio para unificar estas actividades y así dar un servicio más integral.

—¿Qué otras solicitudes se están planteando?

—Se ha propuesto, además, que se reduzca el término de hasta 90 días dispuesto para las actividades que se otorgan con previa evaluación del Grupo multidisciplinario a nivel de los consejos de la administración provincial, en las que se incluyen los servicios de restaurantes y de bar y recreación, y para arrendar viviendas, habitaciones y espacios en caso de alquilar la casa completa o más de cuatro habitaciones. Los TPCP sugieren que la evaluación de las solicitudes se realice a nivel municipal, a fin de abreviar los plazos, y en correspondencia con la nueva Constitución de la República, tras el Referendo, la cual fortalece el papel del municipio.

«También se está demandando mayor flexibilidad en los horarios de los establecimientos, los cuales son aprobados por los consejos de la Administración, pues no pueden ser de manera homogénea. Se ha pedido que sobre todo los más vinculados con los servicios a la comunidad, se aprueben casuísticamente, a partir de la propia solicitud que haga el trabajador por cuenta propia.

«Hay personas que quieren abrir muy temprano porque pretenden ofertar desayunos; otras por la madrugada porque dan un servicio de merienda... Está en dependencia de lo que vayan a ofertar, o porque entienden que hay un buen mercado en esos horarios. Usted no puede poner horarios generales para todos, eso no es justo.

«Han continuado igualmente las quejas de arrendadores sobre la disposición de requisitos adicionales para brindar hospedaje, fuera de lo dispuesto en las normas jurídicas. En varios espacios se ha tratado de esclarecer al respecto. Estos requisitos son para quienes se contraten a través de una agencia del Ministerio de Turismo (Mintur), que exige determinados estándares de calidad, pero sigue la confusión.

«Los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios que no están vinculados al Mintur, cumplen los requisitos que establece la norma en el alcance de la actividad, y ningún cuerpo de inspección puede exigir por encima de eso. Hemos tenido que hacer requerimientos al respecto.

«Otro reclamo es el mercado mayorista. Se han buscado algunas alternativas, como la Zona+, centros comerciales minoristas especializados de la Corporación Cimex, con productos de gran formato y variedad; anualmente se destina un presupuesto para la importación de mercancías con destino específico al TPCP, para su venta en la red de tiendas minoristas, pero aún no es suficiente y se buscan soluciones».

—Hasta aquí hemos hablado de lo que piden y piensan los trabajadores por cuenta propia. ¿Cuáles son, según el criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los problemas que aún persisten en el funcionamiento de esta actividad?

—Todavía hay personas que ejercen de manera ilegal las actividades, y eso no puede enfrentarlo solo un cuerpo de inspección, tiene que hacerse de manera integral. La mayoría de las ilegalidades ocurren en la vía pública y en las afueras de las entidades estatales. Se requiere un actuar conjunto de todos. A veces en el exterior de una tienda se permite que anuncien y saquen de todo, y que lo vendan ahí, incluso productos que son adquiridos en esa misma tienda, y ya se agotaron. La administración no puede permitir eso.

«También ocurren irregularidades e ilegalidades por parte de quienes ejercen en áreas comunes del trabajo por cuenta propia. Esos establecimientos tienen un jefe, e independientemente de que las responsabilidades son individuales, el administrador tiene una función estatal que debe cumplir. Estas instalaciones son para ejercer la actividad de manera ordenada. Recientemente visitamos algunas de estas áreas, pero no hablamos con los TPCP, sino con los administradores, porque los primeros hacen lo que estos le permiten. Hay que poner orden».

—¿El perfeccionamiento del sistema de control va teniendo resultados? ¿Se va concretando el propósito de lograr medidas de control mucho más eficaces e integrales para que las actividades continúen desarrollándose de forma legal y ordenada? ¿Qué problemas persisten aún en este ámbito?

—Las medidas puestas en vigor el pasado 7 de diciembre todavía son incipientes para pensar o decir que existe un cambio en el control. Pero sí podemos asegurar que hay algunos aspectos de las normas establecidas que se cumplieron y otros se están cumpliendo. Por ejemplo, en cada uno de los territorios —a nivel de municipio y provincia— se designó un vicepresidente del Consejo de la Administración que integra en su gestión la organización y control del TPCP, auxiliado de un grupo de trabajo multidisciplinario para la toma de decisiones.

«Se están visitando, además, a todos los trabajadores por cuenta propia con autorizaciones para ejercer las actividades que habían sido suspendidas, con el fin de comprobar que se están ajustando a lo establecido. Ahora hay que organizar la inspección para que se realice de forma integral, en composición de equipo, que es uno de los aspectos fundamentales que cambiaron con las nuevas normas.

«Al cierre de diciembre se impusieron 793 medidas por incumplimiento de la legislación. De ese total, 610 fueron notificaciones preventivas y 183 multas, el 18 por ciento por ejercer de manera ilegal.

«Estamos trabajando para consolidar el sistema de control. Nuestro Ministerio recibe información mensual del comportamiento de la actividad en cada uno de los territorios, y en el grupo nacional que se ocupa de este tema, evaluamos los resultados de la implementación de la nueva política para evitar que vuelvan a producirse desviaciones de lo acordado, porque no favorecen a nadie, ni al país ni a quienes se desempeñan en esta forma de empleo.

«En el desarrollo del TPCP han existido varios procesos de perfeccionamiento como este de ahora. Somos dialécticos, por ello realizaremos cuantos cambios sean necesarios, porque esta es una modalidad de empleo importante, incrementa la oferta de bienes y servicios a la población, libera al Estado de actividades que no son fundamentales, y los impuestos constituyen fuentes de ingresos para los presupuestos locales. Hay que preservar esta forma de gestión no estatal en un acto de legalidad».

¿Dónde estudiar lo legislado?

El pasado 10 de julio la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria No. 35, publicó una veintena de normativas que perfeccionan el trabajo por cuenta propia y su sistema de control.

El cuerpo legislativo está integrado por cinco decretos-leyes (353, 354, 355, 356 y 357), aprobados por el Consejo de Estado; un decreto (349), del Consejo de Ministros, y 14 resoluciones complementarias de los ministerios de Economía y Planificación (182); Finanzas y Precios (194, 195, 196, 197 y 198); Industrias (87); Salud Pública (179); Trabajo y Seguridad Social (11 y 12); Transporte (174, 175 y 176); y del Instituto Nacional de Planificación Física (31).

A excepción de las regulaciones para el transporte —entraron en vigor a los 90 días de publicadas (8 de octubre)— el resto lo hizo a los 150 días, con el fin de garantizar la preparación de las estructuras administrativas y la capacitación de los TPCP.

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