Juez español pide extradición de asesinos de José Couso

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó la captura de los tres militares estadounidenses responsables de la muerte del camarógrafo español en abril de 2003 en Iraq

Autor:

Juventud Rebelde

MADRID, julio 29.—  La Justicia española ordenó hoy la búsqueda y captura de tres militares estadounidenses vinculados con el asesinato del camarógrafo José Couso, ocurrido durante la invasión a Iraq en abril de 2003. Esa decisión fue adoptada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien imputa a los uniformados norteamericanos como responsables de la muerte de Couso. Se trata del sargento Thomas Gibson, el teniente coronel Philip De Camp y el capitán Philip Wolford.

Con la medida de Pedraz se pretende que los tres militares sean extraditados a España, intención a la cual Washington ya impuso resistencia en el pasado. El juez también solicitó al Consejo General del Poder Judicial un permiso para viajar a Bagdad  entre octubre y noviembre próximos con el propósito de visitar el lugar de los hechos en el marco de sus investigaciones.

Couso, quien trabajaba para la televisora Telecinco, fue alcanzado por un disparo efectuado desde un carro de combate estadounidense cuando se encontraba en el hotel Palestina, sede de la prensa extranjera, desde donde los corresponsales reflejaban el curso de la invasión a Iraq, explicó la agencia Prensa Latina.

Según posteriores investigaciones, el proyectil fue lanzado desde un tanque Abrams Ml contra el balcón de la habitación en el piso 15 del hotel, que mató también al periodista ucraniano de la agencia Reuters Taras Protsyuk.

Una sesión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional española revocó en 2008 una decisión de Pedraz, quien ordenó procesar a los tres militares estadounidenses señalados como responsables de la muerte de Couso. Pero ante la insistencia de la familia, amigos y otros allegados del camarógrafo asesinado, el magistrado español reinició el proceso en mayo de 2009.

Para el juez existían indicios racionales de criminalidad, los cuales prueban que la orden de disparar contra el hotel Palestina fue de De Camp, quien se la transmitió al capitán Wolfort y fue cumplida por el sargento Gibson. Los militares norteamericanos alegaron que pensaron ver en el hotel a un francotirador enemigo. Pero esa hipótesis fue descartada por Pedraz, quien aseguró que el disparo se produjo sin que constara indicio alguno de francotirador en el Hotel Palestina.

El pasado 6 de julio, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional reabrir el caso al considerar que el ataque es penalmente imputable.

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