¿Cuándo se destranca el dominó?

No por obsoleto e ineficaz, como lo ha reconocido el presidente Barack Obama, el bloqueo a Cuba ha perdido su filo de guillotina. A 54 años de su puesta en vigor, la administración estadounidense podría quitar la hoja y dejar inoperante la maquinaria, solo basta que sea la voluntad

Autor:

Juana Carrasco Martín

Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams, nombres que Estados Unidos venera entre sus padres fundadores, Cuba les señala como mancha en la historia de las relaciones mutuas.
Ellos consideraron a la que todavía era colonia de España como «la fruta madura» que, por su cercanía geográfica, debía caer finalmente en las manos de la nación «elegida» y «excepcional», cuyo Destino Manifiesto era expandirse sobre un mundo bajo su dominio y a imagen y semejanza.
Fue así que tan temprano como en 1808 el general James Wilkinson vino a La Habana, por encargo del presidente Jefferson, para intentar desgajar a la Isla de la metrópoli española, mediante su compra.
Las revelaciones de Jefferson de ese pecado capital se hicieron explícitas en 1809 cuando declaró: «Confieso francamente que siempre miré a Cuba como la adición más interesante que pueda nunca hacerse a nuestro sistema de Estados. La dominación que esta isla, en unión de la Punta de Florida, podría darnos sobre el golfo de México y los países y el istmo bañados por sus aguas, llenaría la medida de nuestro bienestar político».
Pretensión expresa y nunca dejada de lado, a lo largo de más de dos siglos. Cuando no pudieron por compra, intentaron otros medios, que incluyeron la intervención en las postrimerías de la Guerra de Independencia, enmiendas constitucionales, la ocupación militar en más de una ocasión, la dominación económica y las órdenes políticas a gobiernos que actuaban como subalternos.
Para decirlo en buen cubano, en ese contexto e intención, el 7 de febrero de 1962, a las 12:01 a.m., se trancó el dominó en las relaciones Cuba-Estados Unidos: el presidente John F. Kennedy puso entonces en vigor el bloqueo, que había firmado cuatro días antes, el 3 de febrero, con el registro oficial de la Orden Ejecutiva Presidencial 3447. Para salvar apariencias, utilizaron el ardid semántico de llamarlo «embargo».
JFK cumplía el mandato que en septiembre de 1961 le había dado el cuerpo legislador que hoy en día sigue manteniendo la criminal política: el Congreso de EE.UU. Se trataba de la encomienda de iniciar el bloqueo económico, financiero y comercial, amparado en la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, con el objetivo de hacer claudicar a un pueblo en revolución, doblegarlo por hambre, hacerlo volver al redil de la dependencia, en fin, imponer un acto de guerra, como es descrita cualquiera acción similar con esos propósitos, según lo establecido por la Conferencia Naval de Londres de 1909.
La decisión de Kennedy apuntalaba una política agresiva de presiones económicas que inició en 1959 su antecesor, Dwight Eisenhower, con la que intentaron paralizar y asfixiar económicamente a la Revolución naciente y aislarla del resto del continente.
Las acusaciones cubanas al respecto estaban avaladas no solo por las maniobras de que comenzó a ser víctima, también por las declaraciones de los victimarios. El 16 de abril de 1960, un informe del Departamento de Estado afirmaba: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (...) no existe una oposición política efectiva (...) el único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas».
apretando el potro de la tortura
Paso a paso, el cerco se fue apretando y la palabra prohibición tomaba por asalto las relaciones que habían quedado rotas desde el 3 de diciembre de 1961.
El 24 de marzo de 1962 el Departamento del Tesoro prohibía la entrada en territorio norteamericano de cualquier producto elaborado, total o parcialmente, con elementos de origen cubano, aunque fuese en un tercer país. En julio del año siguiente, mediante el Reglamento para el control de los activos cubanos, prohibían todas las transacciones con Cuba y congelaban los valores del Estado cubano en Estados Unidos. Casi un año después, en mayo de 1964, el Departamento de Comercio prohibía totalmente embarques de alimentos y medicinas a Cuba.
Una tras otras, disposiciones administrativas y leyes congresionales, viejas y nuevas, fueron armando las sanciones económicas mediante una larga lista que incluye la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, bajo la cual fueron adoptadas las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos; la Ley de Asistencia Exterior (1961); la Ley para la Administración de las Exportaciones (1979); las Regulaciones para la Administración de las Exportaciones, también de 1979; la denominada Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli de 1992, que establece la extraterritorialidad del bloqueo porque prohíbe a las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, comerciar bienes con Cuba o nacionales cubanos.
En 1996 se endurece el bloqueo con la llamada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas o Ley Helms-Burton. Tanto la Torricelli como la Helms-Burton codificaron el bloqueo y limitaron las prerrogativas del Presidente para poder suspender la política que se había iniciado el 3 de febrero de 1962 con la Proclama ejecutiva 3447.
Todavía tenían más para cerrar el cerco y en 1999, con la Sección 211 de la Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia, prohibieron el registro de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas además de que tampoco podían los tribunales de EE.UU. reconocer los derechos de las empresas cubanas sobre esas marcas.
En el año 2000 una autorización, la de que se pudieran exportar productos agrícolas a Cuba; pero había que pagarlos en efectivo y por adelantado. Se trata de la Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones.
Si la Torricelli y la Helms-Burton quitaron prerrogativas al ejecutivo, la restricción no significó, sin embargo, que el Presidente perdiera todo su poder, porque puede autorizar transacciones con Cuba emitiendo licencias. El presidente Barack Obama comenzó a hacer uso de ellas luego del 17 de diciembre de 2014, cuando al unísono con el Presidente Raúl Castro anunciaran la decisión de restablecer relaciones diplomáticas y avanzar hacia un proceso de normalización de las relaciones.
un desmontaje necesario y bien recibido
Esa posibilidad, sin embargo, se ha ejercido con carácter limitado cuando le da la oportunidad de avanzar hacia el desmontaje de un bloqueo que el propio Obama reconoció fallido y que ha provocado daños humanitarios al pueblo cubano.
Por demás, el mandatario tiene a favor de las iniciativas que puedan desbloquear a Cuba un hecho tangible, la mayoría de la ciudadanía estadounidense apoya el fin de esas sanciones y esa tendencia va en aumento.
En marzo de 2015 dos terceras partes de los votantes, exactamente el 64 por ciento, apoyaban una decisión de ese tipo, como reveló una encuesta publicada por Beyond the Beltway Insights. En julio ya el 72 por ciento de los consultados en una encuesta del Pew Research Center favoreció poner fin al bloqueo económico contra Cuba, «lo que permitiría a empresas de estadounidenses hacer negocios en Cuba y a empresas cubanas hacer negocios en Estados Unidos».
En varias oportunidades el presidente Barack Obama ha llamado al Congreso a discutir y levantar las leyes del bloqueo, pero en ninguna de las dos Cámaras del edificio del Capitolio de Washington se ha programado ese debate.
En un reciente diálogo con el programa Global Conversation de Euronews, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiteró lo que el fin del bloqueo significaría para el avance de las relaciones. Su expresión fue concreta: «No habrá normalización, obviamente, sin la completa terminación del bloqueo que requeriría una decisión de naturaleza congresional; sin embargo, el Presidente de los Estados Unidos conserva facultades ejecutivas amplísimas que si decidiera usarlas con determinación podría modificar muy sustancialmente la aplicación del bloqueo».
A Barack Obama apenas le quedan 11 meses de mandato y el recordatorio es oportuno. Puede autorizar el uso del dólar estadounidense en las transacciones comerciales de Cuba y consentir que estas se realicen a través del sistema bancario norteamericano; también posibilitar a entidades cubanas como bancos y empresas abrir cuentas corresponsales en bancos de EE.UU.
En la lista de lo que el Presidente puede, también está el instruir a los representantes de EE.UU. en las instituciones financieras internacionales que no obstaculicen el otorgamiento de créditos, u otras facilidades financieras a Cuba y, al mismo tiempo, revertir la política de persecución financiera contra la Isla.
Están en discusión acuerdos respecto a la aviación civil y existe en este caso la posibilidad de que se autorice que aviones cubanos transporten viajeros, carga y correo postal entre los dos países.
Como el comercio es un camino de doble vía, es esencial que en las autorizaciones estén no solo las exportaciones estadounidenses directas a Cuba de cualquier producto de EE.UU., también las importaciones de producciones y servicios cubanos como el tabaco, el ron, productos de la biotecnología, y productos manufacturados en terceros países que contienen materias primas cubanas como níquel o azúcar.
Sustancial sería la autorización a compañías estadounidenses de cualquier tipo a realizar inversiones en Cuba más allá de las telecomunicaciones, y autorizar a ciudadanos de aquel país a recibir tratamientos médicos en Cuba, ampliando las 12 categorías de viajeros ya autorizadas, aunque el turismo sigue vedado, una decisión que solo puede ser levantada por el Congreso y que de hecho viola los derechos civiles y constitucionales de la ciudadanía del país vecino.
Agréguese que pudiera permitir la concesión de créditos a las empresas cubanas, préstamos y financiamiento en general a Cuba para la adquisición de productos en el mercado estadounidense.
Las facultades ejecutivas son amplias. Solo es necesario mayor voluntad y decisión no solo del Presidente, también de la clase política legislativa para poner fin a una deshumanizada injusticia que este 7 de febrero lleva 54 años aplicándose con rigurosidad.
Es hora de que los vecinos puedan jugar dominó sin que uno de ellos se pase con ficha…

Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams, nombres que Estados Unidos venera entre sus padres fundadores, Cuba les señala como mancha en la historia de las relaciones mutuas.

Ellos consideraron a la que todavía era colonia de España como «la fruta madura» que, por su cercanía geográfica, debía caer finalmente en las manos de la nación «elegida» y «excepcional», cuyo Destino Manifiesto era expandirse sobre un mundo bajo su dominio y a imagen y semejanza.

Fue así que tan temprano como en 1808 el general James Wilkinson vino a La Habana, por encargo del presidente Jefferson, para intentar desgajar a la Isla de la metrópoli española, mediante su compra.

Las revelaciones de Jefferson de ese pecado capital se hicieron explícitas en 1809 cuando declaró: «Confieso francamente que siempre miré a Cuba como la adición más interesante que pueda nunca hacerse a nuestro sistema de Estados. La dominación que esta isla, en unión de la Punta de Florida, podría darnos sobre el golfo de México y los países y el istmo bañados por sus aguas, llenaría la medida de nuestro bienestar político».

Pretensión expresa y nunca dejada de lado, a lo largo de más de dos siglos. Cuando no pudieron por compra, intentaron otros medios, que incluyeron la intervención en las postrimerías de la Guerra de Independencia, enmiendas constitucionales, la ocupación militar en más de una ocasión, la dominación económica y las órdenes políticas a gobiernos que actuaban como subalternos.

Para decirlo en buen cubano, en ese contexto e intención, el 7 de febrero de 1962, a las 12:01 a.m., se trancó el dominó en las relaciones Cuba-Estados Unidos: el presidente John F. Kennedy puso entonces en vigor el bloqueo, que había firmado cuatro días antes, el 3 de febrero, con el registro oficial de la Orden Ejecutiva Presidencial 3447. Para salvar apariencias, utilizaron el ardid semántico de llamarlo «embargo».

JFK cumplía el mandato que en septiembre de 1961 le había dado el cuerpo legislador que hoy en día sigue manteniendo la criminal política: el Congreso de EE.UU. Se trataba de la encomienda de iniciar el bloqueo económico, financiero y comercial, amparado en la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, con el objetivo de hacer claudicar a un pueblo en revolución, doblegarlo por hambre, hacerlo volver al redil de la dependencia, en fin, imponer un acto de guerra, como es descrita cualquiera acción similar con esos propósitos, según lo establecido por la Conferencia Naval de Londres de 1909.

La decisión de Kennedy apuntalaba una política agresiva de presiones económicas que inició en 1959 su antecesor, Dwight Eisenhower, con la que intentaron paralizar y asfixiar económicamente a la Revolución naciente y aislarla del resto del continente.

Las acusaciones cubanas al respecto estaban avaladas no solo por las maniobras de que comenzó a ser víctima, también por las declaraciones de los victimarios. El 16 de abril de 1960, un informe del Departamento de Estado afirmaba: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (...) no existe una oposición política efectiva (...) el único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas».

Apretando el potro de la tortura

Paso a paso, el cerco se fue apretando y la palabra prohibición tomaba por asalto las relaciones que habían quedado rotas desde el 3 de diciembre de 1961.

El 24 de marzo de 1962 el Departamento del Tesoro prohibía la entrada en territorio norteamericano de cualquier producto elaborado, total o parcialmente, con elementos de origen cubano, aunque fuese en un tercer país. En julio del año siguiente, mediante el Reglamento para el control de los activos cubanos, prohibían todas las transacciones con Cuba y congelaban los valores del Estado cubano en Estados Unidos. Casi un año después, en mayo de 1964, el Departamento de Comercio prohibía totalmente embarques de alimentos y medicinas a Cuba.

Una tras otras, disposiciones administrativas y leyes congresionales, viejas y nuevas, fueron armando las sanciones económicas mediante una larga lista que incluye la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, bajo la cual fueron adoptadas las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos; la Ley de Asistencia Exterior (1961); la Ley para la Administración de las Exportaciones (1979); las Regulaciones para la Administración de las Exportaciones, también de 1979; la denominada Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli de 1992, que establece la extraterritorialidad del bloqueo porque prohíbe a las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, comerciar bienes con Cuba o nacionales cubanos.

En 1996 se endurece el bloqueo con la llamada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas o Ley Helms-Burton. Tanto la Torricelli como la Helms-Burton codificaron el bloqueo y limitaron las prerrogativas del Presidente para poder suspender la política que se había iniciado el 3 de febrero de 1962 con la Proclama ejecutiva 3447.

Todavía tenían más para cerrar el cerco y en 1999, con la Sección 211 de la Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia, prohibieron el registro de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas además de que tampoco podían los tribunales de EE.UU. reconocer los derechos de las empresas cubanas sobre esas marcas.

En el año 2000 una autorización, la de que se pudieran exportar productos agrícolas a Cuba; pero había que pagarlos en efectivo y por adelantado. Se trata de la Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones.

Si la Torricelli y la Helms-Burton quitaron prerrogativas al ejecutivo, la restricción no significó, sin embargo, que el Presidente perdiera todo su poder, porque puede autorizar transacciones con Cuba emitiendo licencias. El presidente Barack Obama comenzó a hacer uso de ellas luego del 17 de diciembre de 2014, cuando al unísono con el Presidente Raúl Castro anunciaran la decisión de restablecer relaciones diplomáticas y avanzar hacia un proceso de normalización de las relaciones.

Un desmontaje necesario y bien recibido

Esa posibilidad, sin embargo, se ha ejercido con carácter limitado cuando le da la oportunidad de avanzar hacia el desmontaje de un bloqueo que el propio Obama reconoció fallido y que ha provocado daños humanitarios al pueblo cubano.

Por demás, el mandatario tiene a favor de las iniciativas que puedan desbloquear a Cuba un hecho tangible, la mayoría de la ciudadanía estadounidense apoya el fin de esas sanciones y esa tendencia va en aumento.

En marzo de 2015 dos terceras partes de los votantes, exactamente el 64 por ciento, apoyaban una decisión de ese tipo, como reveló una encuesta publicada por Beyond the Beltway Insights. En julio ya el 72 por ciento de los consultados en una encuesta del Pew Research Center favoreció poner fin al bloqueo económico contra Cuba, «lo que permitiría a empresas de estadounidenses hacer negocios en Cuba y a empresas cubanas hacer negocios en Estados Unidos».

En varias oportunidades el presidente Barack Obama ha llamado al Congreso a discutir y levantar las leyes del bloqueo, pero en ninguna de las dos Cámaras del edificio del Capitolio de Washington se ha programado ese debate.

En un reciente diálogo con el programa Global Conversation de Euronews, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiteró lo que el fin del bloqueo significaría para el avance de las relaciones. Su expresión fue concreta: «No habrá normalización, obviamente, sin la completa terminación del bloqueo que requeriría una decisión de naturaleza congresional; sin embargo, el Presidente de los Estados Unidos conserva facultades ejecutivas amplísimas que si decidiera usarlas con determinación podría modificar muy sustancialmente la aplicación del bloqueo».

A Barack Obama apenas le quedan 11 meses de mandato y el recordatorio es oportuno. Puede autorizar el uso del dólar estadounidense en las transacciones comerciales de Cuba y consentir que estas se realicen a través del sistema bancario norteamericano; también posibilitar a entidades cubanas como bancos y empresas abrir cuentas corresponsales en bancos de EE.UU.

En la lista de lo que el Presidente puede, también está el instruir a los representantes de EE.UU. en las instituciones financieras internacionales que no obstaculicen el otorgamiento de créditos, u otras facilidades financieras a Cuba y, al mismo tiempo, revertir la política de persecución financiera contra la Isla.

Están en discusión acuerdos respecto a la aviación civil y existe en este caso la posibilidad de que se autorice que aviones cubanos transporten viajeros, carga y correo postal entre los dos países.

Como el comercio es un camino de doble vía, es esencial que en las autorizaciones estén no solo las exportaciones estadounidenses directas a Cuba de cualquier producto de EE.UU., también las importaciones de producciones y servicios cubanos como el tabaco, el ron, productos de la biotecnología, y productos manufacturados en terceros países que contienen materias primas cubanas como níquel o azúcar.

Sustancial sería la autorización a compañías estadounidenses de cualquier tipo a realizar inversiones en Cuba más allá de las telecomunicaciones, y autorizar a ciudadanos de aquel país a recibir tratamientos médicos en Cuba, ampliando las 12 categorías de viajeros ya autorizadas, aunque el turismo sigue vedado, una decisión que solo puede ser levantada por el Congreso y que de hecho viola los derechos civiles y constitucionales de la ciudadanía del país vecino.

Agréguese que pudiera permitir la concesión de créditos a las empresas cubanas, préstamos y financiamiento en general a Cuba para la adquisición de productos en el mercado estadounidense.

Las facultades ejecutivas son amplias. Solo es necesario mayor voluntad y decisión no solo del Presidente, también de la clase política legislativa para poner fin a una deshumanizada injusticia que este 7 de febrero lleva 54 años aplicándose con rigurosidad.

Es hora de que los vecinos puedan jugar dominó sin que uno de ellos se pase con ficha…

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