BRASILIA, agosto 21. — La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que exige la presencia del ex presidente Lula en las próximas elecciones es un inmenso cúmplase para el Estado brasileño, afirmó Carol Proner, según fuentes de PL.
'Esa determinación es un mandato: un inmenso 'cúmplase' que abarca la responsabilidad de todo el Estado brasileño y no solamente de un juez (Sergio Moro) que cometió un delito, más todavía no fue apartado' (de sus funciones), subrayó la también miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia.
Según puntualizó Proner en un artículo difundido la víspera, no es necesario recurrir a profesores de Derecho internacional para explicar que la resolución del órgano de Naciones Unidas vincula, obliga y genera responsabilidad.
El viernes último el Comité de Derechos Humanos de la ONU demandó que Lula tenga asegurado el 'acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político' y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.
Sin embargo, tanto el ministro de Justicia Torquato Jardim, como la Cancillería asumieron posturas contrarias al mandato de la organización internacional.
Jardim consideró que la ONU se entromete indebidamente en los asuntos internos de Brasil y expresó que la decisión del Comité de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jurídica.
Mientras en una nota oficial el Palacio de Itamaraty sostuvo que 'las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante'.
En ese sentido, Proner enfatizó que la decisión de la ONU refleja la legislación patria: el mandato -dijo- resulta de los derechos y garantías constitucionales y de la tradición democrática y responsable del derecho electoral que es cuidadoso con la prerrogativa más importante de nuestro sistema político: la de votar y ser votado.
Ratificó además que desde el año 2009 el Estado brasileiro adhirió, vía decreto legislativo, al mecanismo de fiscalización universal de los derechos civiles y políticos, lo cual lo obliga a acatar tales decisiones.
Según puntualizó Proner en un artículo difundido la víspera, no es necesario recurrir a profesores de Derecho internacional para explicar que la resolución del órgano de Naciones Unidas vincula, obliga y genera responsabilidad.
El viernes último el Comité de Derechos Humanos de la ONU demandó que Lula tenga asegurado el 'acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político' y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.
Sin embargo, tanto el ministro de Justicia Torquato Jardim, como la Cancillería asumieron posturas contrarias al mandato de la organización internacional.
Jardim consideró que la ONU se entromete indebidamente en los asuntos internos de Brasil y expresó que la decisión del Comité de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jurídica.
Mientras en una nota oficial el Palacio de Itamaraty sostuvo que 'las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante'.
En ese sentido, Proner enfatizó que la decisión de la ONU refleja la legislación patria: el mandato -dijo- resulta de los derechos y garantías constitucionales y de la tradición democrática y responsable del derecho electoral que es cuidadoso con la prerrogativa más importante de nuestro sistema político: la de votar y ser votado.
Ratificó además que desde el año 2009 el Estado brasileiro adhirió, vía decreto legislativo, al mecanismo de fiscalización universal de los derechos civiles y políticos, lo cual lo obliga a acatar tales decisiones.
