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Bogotá Autor: Tomás Borge Publicado: 05/10/2018 | 10:32 pm
Bogotá, octubre 5.— «Todas las fuentes, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), atestiguan que los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no han cesado», afirma un informe dado a conocer por el titular de la ONU, Antonio Guterres.
El documento, que tiene como base el cuarto informe de la Misión de Verificación en Colombia, también reconoce que los exguerrilleros de las antiguas FARC asesinados desde la firma de la paz en 2016 suman, al menos, 71.
Según precisa, los asesinatos y ataques contra los excombatientes se han registrado en 12 de los 32 departamentos del territorio, y tres cuartas partes de ellos se concentran en cinco departamentos: Nariño (16 víctimas), Antioquia (14 víctimas), el Cauca (12 víctimas), Caquetá (ocho víctimas) y Norte de Santander (siete víctimas)», subrayó Guterres citado por Telesur.
Frente a ello, Guterres dijo que aunque «no está exento de serios desafíos, y aunque ha estado marcado por controversias políticas, la importancia del Acuerdo de Paz para el futuro del país tiene ahora más validez».
Explicó que el texto también señala «los múltiples factores que hay detrás de estos asesinatos, entre ellos la participación de las víctimas en la defensa de la tierra y recursos naturales», así como se describen los riesgos relativos al proceso de reincorporación a la vida civil de los exinsurgentes de las FARC-EP.
Pero la peor parte parecen llevarla los activistas y líderes sociales de acuerdo con cifras develadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, según las cuales 22 de ellos han sido asesinados apenas desde que el presidente Iván Duque asumió, en tanto otras organizaciones afirman que desde la firma de los Acuerdos se habrían presentado más de 323 asesinatos de activistas sociales y defensores de derechos humanos».
Otro informe de la Defensoría del Pueblo dado a conocer en julio también develó que se mantiene el desplazamiento forzado, el cual afectó en todo el año pasado a 12 841 personas.
En ese contexto, la Comisión de Paz del Senado instó al Gobierno a reanudar los diálogos de paz y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), agrupación guerrillera que ha expresado su convicción de que el incumplimiento del ejecutivo con la mesa «coloca en grave peligro los avances del proceso de solución política».
Tal llamado también fue manifestado este viernes en Twitter por el expresidente Ernesto Samper, quien estimó que solo así se podrán plantear y aceptar cambios en el país, al tiempo que advirtió que «mientras más días pasen, más se perderán los acuerdos alcanzados entre ambas partes».
