28
Veintiseis paramilitares colombianos fueron capturados tras el asesinato del presidente Moise en Haiti. Autor: EFE Publicado: 11/08/2021 | 08:12 pm
BOGOTÁ, agosto 11.— El Congreso de Colombia examinará las operaciones de mercenarios de ese país en distintos lugares del mundo y, concretamente, en el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moise, el 7 de julio pasado.
Con tales propósitos serán citados a debate de control político, el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte; la ministra de Relaciones Exteriores, Martha Lucía Ramírez y el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Alfonso Clavijo, confirmó el diario El Tiempo. Según el rotativo, ellos deberán informar acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la participación de militares colombianos retirados en actividades mercenarias en el exterior.
La medida fue aprobada en la madrugada de este miércoles por el pleno del Senado en atención a un proyecto presentado por el legislador Iván Cepeda, quien formuló tres cuestionarios, todos aprobados, para que los titulares respondan con relación a cada uno de los 26 militares retirados enrolados en el magnicidio del Presidente de Haití.
Los cuestionarios buscan esclarecer qué medidas ha adoptado el Estado colombiano para prevenir el reclutamiento, utilización y financiamiento de militares retirados como mercenarios, y su contratación por empresas extranjeras para realizar operaciones que puedan atentar contra la soberanía de otros Estados, como ha ocurrido en el caso haitiano.
En su cuenta en la red social Twitter, Cepeda puntualizó que enviará una solicitud al presidente Duque para que pida «oficialmente perdón al pueblo haitiano por la participación de mercenarios nacionales en el asesinato del presidente Jovenel Moise».
El asunto está en la palestra desde la operación contra Moise, pues el apresamiento de los exmilitares colombianos en esa nación y la confirmación de su participación en los hechos ha sacado a la luz la larga data del vínculo de aquellos en «servicios» pagados por las llamadas empresas contratistas con sede en Estados Unidos, bajo el tamiz de empresas privadas de seguridad, mayormente en el Medio Oriente y en algunos países de África, supuestamente, para salvaguardar la integridad de altas figuras de esos países. Pero también se ha denunciado reiteradamente su presencia en acciones contra el Gobierno de Caracas, organizadas a través de la frontera con ese país.
Y la presencia de las empresas contratistas ha sido comprobada en conflictos armados promovidos por Washington en países como Irak, tras la cubierta de la denominada guerra contra el terrorismo.
En un mensaje en la red social Twitter, el canciller «una industria perversa sustentada y protegida por el Estado».
Un despacho publicado hace algunos días por el rotativo colombiano recordó también que fueron las empresas CTU Security y Worldwide Capital las encargadas de reclutar al grupo de militares retirados colombianos, supuestamente, para prestar seguridad a un grupo de dignatarios en Haití.
Un informe preliminar que, según el diario, es manejado por la policía haitiana y refleja un trabajo investigativo liderado por la Organización Internacional de Policía Criminal afirma que en el operativo se habrían invertido más de 800 mil dólares.
Diversos análisis en torno al acontecimiento durante el mes transcurrido han hablado de la alta demanda de que gozan los militares retirados colombianos por su preparación por parte de oficiales estadounidenses que los adiestraron para la lucha contrainsurgente y sus bajas pensiones, razones que influyen para que sean altamente demandados y, al propio tiempo, para que los solicitados acepten contratos que representan mucho más que sus mensualidades de jubilación.
