En la Casa Blanca deben estar chocando copas. Al fin, un éxito después del fracaso de la estrategia de cambio de régimen en Siria, y un aliento para continuar actuando en Venezuela. Lograron quitar de su camino otra piedra «indeseable». Víktor Yanukovich ya no manda en Ucrania, que ahora está en manos de las fuerzas ultraderechistas por las que optaron cuando apoyaron las manifestaciones opositoras. Y el nuevo Gobierno es muy receptivo a los consejos e imposiciones que llegan desde Washington y Bruselas.
El desarrollo de los acontecimientos desnuda una vez más la demagogia del discurso de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), centrado en la democracia que necesitan algunos pueblos.
La administración que decidió este jueves el Parlamento, dominado por los ultranacionalistas y otras fuerzas opositoras a Yanukovich, no tiene nada que ver con la representatividad y la inclusión que tanto pidieron los occidentales, sobre todo Alemania, Francia y Polonia, garantes del acuerdo suscrito el pasado 21 de febrero por Yanukovich y los líderes opositores, que establecía, entre otros puntos, la formación de un gobierno de unidad nacional, y que fue totalmente violado con el derrocamiento.
A la cabeza del nuevo Gobierno se encuentra Arseni Yatseniuk, del partido Batkivschina, de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, conocida millonaria encarcelada hace dos años por corrupción, ambos protegidos de EE.UU. y la UE. El viceprimer ministro, Aleksandr Sych, procede del partido ultranacionalista Svoboda, estrechamente vinculado al NPD, agrupación neonazi de Alemania. El grueso de las carteras quedó repartido entre esos dos partidos.
Svoboda (antiguo Partido Social Nacional de Ucrania, de signo próximo al nazismo) es liderado por Oleg Tiagnibok, cuyo discurso, bastante extremista, debería preocupar tanto a Washington como a Bruselas. Quiere legalizar el uso de armas por la ciudadanía, que Ucrania vuelva a ser potencia nuclear, el registro de la identidad étnica, de modo que solo los ucranianos ciento por ciento puedan ocupar cargos públicos; eliminar el carácter oficial de la lengua rusa que habla medio país, entre otras pretensiones políticas.
Hay nombramientos de menor rango, pero mucho más escandalosos. Es el caso de Dmitri Yarosh, ahora vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional, pero líder del partido neonazi Pravy Sektor, de ideología antirusa y antiinmigrante, y uno de los más activos entre los grupos paramilitares involucrados en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en actos de violencia contra comunistas, judíos y minorías étnicas.
Ante este panorama peligroso, ¿qué responden Francia, Alemania y Polonia, que encabezan la mediación europea en Ucrania? Ni siquiera palabras duras para las autoridades autoproclamadas.
En la península de Crimea los pobladores no aceptan el nuevo Gobierno de Kiev y quieren realizar un referéndum sobre la independencia el próximo 25 de mayo.
Las palabras de Berlín, París y Varsovia suenan más a amenazas contra Rusia que a una verdadera preocupación por las consecuencias nefastas de una injerencia que comenzaron ellos.
Los cancilleres Laurent Fabius (Francia), Frank-Walter Steinmeier (Alemania) y Radoslaw Sikorski (Polonia) le exigen ahora a Kiev acciones rápidas para mejorar los estándares de vida de los ucranianos.
Quienes pretenden gobernar ya acudieron a su «salvador»: el FMI. Así se lo aconsejaron Estados Unidos y la UE. Pero antes de contar con el respaldo de 35 000 millones de dólares, la oligarquía financiera internacional debe comprobar que Ucrania cumple con su parte en el pacto: recortes sociales, incremento del 40 por ciento de las tarifas del gas, cero apoyo estatal a los productores agrícolas, devaluación de la moneda nacional (grivna)…
Puede que a Ucrania le falte aún mucho por pasar. El camino que le imponen el FMI y el nacionalismo radical no conduce al Edén.
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