Acuse de recibo
El papel lo aguanta todo, pero un día puede agotarse la paciencia. Y a Jesús Rivada Landeiro se le terminó la suya, al conocer que en los papeles su agónica e incompleta vivienda aparece como terminada desde el año 2000.
Rivada, quien reside en calle A número 17-A, central Manuel Sanguily, municipio pinareño de La Palma, me escribe para relatar una historia que considera «bochornosa»: hace alrededor de 15 años él laboraba como pistero de ese central azucarero, y por sus méritos como trabajador, se le otorgó una vivienda por el sindicato.
Comenzó a construirla por sus propios medios y con ayuda de sus amigos. Así, pudo llevarla hasta el cerramento. Y fue cuando la empresa le proporcionó algunos sacos de cemento y el techo de canalones. Y le ayudó en el repello de las paredes y el fino, y con las tablillas de las persianas (no todas). Hasta ahí.
Pero el jefe de Construcción y la jurídica del CAI le comunicaron que esa casa está dada como terminada por la entidad. Rivada se pregunta adónde fueron a parar los materiales de su vivienda, si a la misma le falta el piso, algunas tablillas de las persianas, las puertas con el «yale», las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, la meseta de la cocina y su fregadero, entre otros objetos.
De ello tienen conocimiento las autoridades municipales, y Vivienda de ese territorio.
Una situación similar sufren Iluminada Rodríguez, Oneida Robaina, Esmeralda Calderón, Ernesto Lezcano y Juan Cristiá, trabajadores de la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos de Camagüey, que construyeron un edificio de viviendas de conjunto con otros colectivos, y desde 1988, fecha en que les fueron asignados los apartamentos, viven allí como «ilegales».
El inmueble no está concluido: le faltan pasamanos de la escalera, repello de la tercera planta, la impermeabilización de los techos, pintura y luminarias. No tienen agua, pues no poseen aún las instalaciones de acueducto. Y hace poco más de un mes que vinieron a instalarles los metros contadores de electricidad.
Cansados de esperar —es un buen récord en materia de olvidos, difícilmente superable—, los inquilinos fueron mudándose, pero se cuestionan hasta cuándo los tendrán en esa situación de provisionalidad. Como el inmueble está en esas condiciones truncas, tampoco les han dado allí el derecho a tener sus libretas de abastecimiento de productos normados; y en consecuencia, no han recibido los efectos electrodomésticos ahorradores.
Ya los abandonados vecinos han agotado sus reclamaciones a distintos niveles, y conocieron en el Gobierno provincial que se había pasado el caso a Recursos Hidráulicos, que en un plazo de 60 días debía responder. Ya está fuera de término el plazo y «en la concreta» nadie ha resuelto nada. Ilegales por cuenta ajena.
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