Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Veinte años, para quien espera por una vivienda, puede ser la vida. Por eso nos alarmaba tanto la carta de José Antonio Rivas Esquivel, vecino de Arroyo Naranjo, en Ciudad de La Habana, publicada aquí el 23 de abril último. Contaba este capitalino que está batallando con una licencia de construcción desde 1989, cuando comenzó a edificar su casa.

En el año 2007, refería el atribulado remitente, le aseguraron que darían prioridad a su caso, teniendo en cuenta —además de la larga espera— el hecho de que posee un hijo discapacitado.

Después, narraba, en una oficina de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) cercana a su casa, le comunicaron que le darían viguetas y bovedilla para el techo, pues este se moja completamente. También le indicaron que estaban aprobados los materiales.

«Pasó el 2007 y de materiales: nada. Empezó el 2008, igual. Hasta que el domingo 6 de julio llegó una compañera llamada Marisela para medir la casa y darme las viguetas y bovedillas; y me dijo que esperara. Trascurrió el 2008, entramos en el 2009...».

Hoy llega la respuesta de Ivett Pérez Vuelta, directora de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV).

«De lo planteado —afirma Ivett— pudo comprobarse que José Antonio estuvo entre los evaluados para conformar el plan de viguetas y bovedillas, pero no fue seleccionado en las cifras aprobadas en su territorio».

La selección, enfatiza la funcionaria, es el elemento principal para la concreción del Programa Constructivo iniciado el 1ro. de septiembre de 2005. Y para fundamentar esto recurre a la Resolución 10/06, según la cual «resulta imprescindible haber sido seleccionado, y se prioriza el mérito ante la necesidad».

Además, explica la Directora provincial, la venta de materiales para terminar y reparar las casas que se edifican por esfuerzo propio se efectúa mediante «comisiones de circunscripción creadas a tales efectos por elección de los propios vecinos de las comunidades. Los Consejos de Administración Provinciales y Municipales podrán también realizar asignaciones para solucionar situaciones de albergados, casos sociales críticos o necesidades de la producción y los servicios».

Este proceso, amplía Ivett, requiere antes que la UMIV ejecute el levantamiento de «los casos que clasifiquen por programas constructivos», de modo que los seleccionados cumplan con lo establecido.

Después de una entrevista con las autoridades pertinentes de la comunidad, se comprobó que «existe plena conciencia y coincidencia» de la compleja situación de José Antonio, «que de hecho clasifica en el Plan de sustitución de Cubiertas».

Pero, apunta la Jefa de la UPIV, «hoy nuestros planes no cubren lo demandado por el cúmulo de deterioro». En cuanto a lo dicho por la técnica Marisela, aclara, no se habló de acuerdo con «lo indicado».

No obstante, concluye la funcionaria, el caso de José Antonio está sujeto a «evaluaciones pertinentes».

Agradezco la extensa respuesta de Ivett Pérez, pero de entre la madeja de evaluaciones, clasificaciones, deterioros y prórrogas, no logro ver con claridad dónde queda la urgencia del caso del que hablamos. ¿Acaso tienen tantos vecinos en la localidad que lleven dos décadas aguardando y además sufran la agravante de un niño con discapacidad? ¿«Priorizar el mérito sobre la necesidad» será una máxima de constante e inflexible aplicación?

Siempre hay pícaros que se aprovechan de las urgencias ajenas para engordar el bolsillo. Que lo diga si no Nilsa C. Peñalver Pedroso (Calle 79, No. 29216, entre 291 y 294, Matanzas). El pasado 14 de febrero, en horas de la madrugada, Nilsa tuvo que tomar un taxi (Matrícula: MSU 627) desde la Terminal Tres del Aeropuerto Internacional José Martí hacia la Atenas de Cuba. La compañera que estaba le solicitó 90 CUC por el servicio.

«Le dije que eso era abusivo, pues nunca se había pagado ese precio (no hay comprobante de ese servicio) y tomé la decisión de denunciar esto tan pronto llegué a Matanzas. Pero no he tenido respuesta», relata Nilsa.

Y, para que otros no sufran su mismo tropiezo propone que se coloque un listado de precios de transporte, bien visible, en las terminales aéreas cubanas. Ojalá la escuchen.

El doctor Jorge Luis Marrero Escalona (consultorio No. 36, Banes, Holguín) ya no sabe a quién acudir. Su esposa —que ahora cumple misión internacionalista en Angola— antes estuvo prestando servicios en Venezuela. Y el cobro de sus servicios en tierras bolivarianas se ha tornado una odisea para la pareja de galenos.

«Al final de aquel trabajo, cuenta Jorge Luis, debió devengar 5 650 CUC si le pagaron hasta la fecha registrada en la carta de fin de misión (agosto) o 4 675 CUC si fue por la fecha en que arribó a Cuba por estar embarazada».

Pero solo le liquidaron 2 967 CUC, por lo cual, sea cual fuere la fecha aceptada, existe un faltante de más de 1 700 pesos convertibles.

Narra el doctor que han realizado reclamaciones desde la base, a través del Departamento de Colaboración Municipal, Provincial y Nacional, pero solo se han encontrado respuestas como: «no es el único caso»; «ya se envió el listado», «llame la semana que viene»; «las personas que trabajan en esto a nivel nacional ya no son las mismas»...

Totalmente desconcertados, Jorge Luis y su esposa remitieron dos cartas al Ministerio de Salud Pública, el 16 de junio de 2008 y el 19 de enero de este año.

«Ya han transcurrido dos años y 11 meses de terminada la misión (...) haciéndose las reclamaciones pertinentes a través de los canales establecidos. Silencio total. Es como para tener las neuronas intranquilas», se duele el holguinero.