Acuse de recibo
Reflejé el pasado 16 de septiembre la denuncia de Ibrahín García sobre violaciones de precios en la venta de carne de cerdo en el municipio capitalino del Cotorro. Y hoy revelo respuesta de Didié Rodríguez, delegado de la Agricultura en ese territorio, y Erlys Quilez, quien funge al frente de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) allí.
Ibrahín contaba que el 28 de agosto, en varios quioscos de venta en el Cotorro la tablilla exhibía el precio de 21 pesos la libra de carne, y la vendían a 25 porque, según le dijo un dependiente, «ese es el precio al que hay que venderla; porque si no, no da la cuenta».
Ibrahín lo denunció en Atención a la Población del Gobierno municipal, y lo comunicaron con la DIS: en esa dependencia le dijeron que no podían hacer nada pues estaban reunidos los inspectores. Días después, la funcionaria de Atención a la Población de la DIS municipal le informó que los inspectores habían visitado los quioscos, y todo estaba en orden. «Me estafaron, y además soy un mentiroso, refería. ¿Por qué no ven lo que está a la vista de todos?».
Didié y Erlys aclaran que cuando en el Gobierno municipal conectaron a Ibrahín con la DIS, los inspectores estaban en una plenaria provincial fuera del municipio. Ya el lunes 30 de agosto, el Gobierno municipal entregó la queja a la DIS. Y ese día, la especialista de Atención a la Población de esta entidad lo trasladó a la jefa de grupo de los supervisores, quien a su vez dio la indicación a uno de ellos para que actuara.
Ese inspector fue a uno de los quioscos y estaba cerrado. Entonces lo informó a la especialista de Atención a la Población de la DIS, y no le dio seguimiento a la queja: «cerró» el caso.
Y la encargada de Atención a la Población de la DIS, le informó después a Ibrahín que todo estaba en orden.
Los funcionarios señalan que la jefa del Grupo de Supervisores no entregó orden de trabajo al inspector designado, y tampoco dio seguimiento a la queja. Le aplicaron amonestación pública ante el colectivo laboral. El inspector no dio seguimiento al caso. Por ese y otro error cometido, se le aplicó una medida cautelar por 30 días de suspensión temporal de cargo y salario, para esclarecer los sucesos y posteriormente tomar una decisión.
A la especialista de Atención a la Población de la DIS, por no exigir la respuesta adecuada al caso y tomarse facultades indebidas, cuando se incorpore de un certificado médico le informarán la decisión de demoverla de su cargo.
Los dos dependientes implicados en violación de precios fueron separados de sus funciones, debidamente certificado por la ANAP, por medio de sus respectivas CCS (Cooperativa de Créditos y Servicios).
Precisan también que los días 17, 18 y 19 de septiembre se realizaron operativos en los puntos de venta del Cotorro y se detectaron cinco violaciones de precios. De enero hasta el día del suceso se habían realizado 376 inspecciones, con 208 violaciones detectadas. Se separó de sus puestos de trabajo a ocho dependientes, y otros se sancionaron con carácter temporal.
En una reunión con los presidentes de cooperativas del territorio se analizó lo ocurrido, y se ratificó la responsabilidad de las juntas de las CCS con sus puntos de venta. «Quien viole precios debe ser separado de sus funciones, porque le roba al pueblo», se reiteró.
En un encuentro con representantes vendedores de los quioscos de carne y presidentes de las CCS, se recogió la inquietud de que al precio de compra a productores individuales, hay derivados como costilla y lomo que, si se expenden de acuerdo con lo establecido, dejan pérdidas.
Se acordó también hacer un análisis producto a producto sobre costo y margen comercial. Y decidieron trasladar al Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana la sugerencia, con vistas a una posible modificación de precios previo análisis de los costos.
Prometieron los funcionarios que cuando concluyan los procesos disciplinarios que están en trámite, lo informarán a esta sección.
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