Acuse de recibo
Aniole Arias es una camagüeyana que pasó un cuarto de siglo entre niños de enseñanza primaria, enseñándoles los arcanos de las letras y los misterios que nos acompañan. Y ahora comparte con esta Sección su malestar —o su preocupación, o ambas cosas— con la conducta de ciertos educadores de estos tiempos.
Aniole, residente en calle Segunda número 728, en La Esperanza, se cuestiona por qué «hoy muchas maestras van a las aulas con ropa inadecuada», y pregunta «¿qué han hecho las autoridades rectoras ante esta problemática, comenzando por la dirección de los propios centros?».
A seguidas, lamenta —y mucho— el vocabulario que emplean ciertos educadores con sus alumnos. Entonces reflexiona: «¿Qué podemos exigir de nuestra niñez, de nuestra juventud, si el espejo donde miran los niños su imagen está deteriorado?».
Coincido con mi afligida remitente en la necesidad de rediseñar el «rostro público» de algunos maestros que actualmente asumen el rol protagónico en las aulas primarias, incuestionable semillero de los hombres del futuro.
Ella —y también este redactor— prefiere «tener menos maestros y más calidad». Maestros que vean en la pedagogía el sentido de sus vidas. Maestros sabedores de que «instruir puede cualquiera, educar, solo quien sea un evangelio vivo», según nos enseñó el insigne Luz y Caballero.
Luis Alberto Ramírez tiene razones para desconfiar de la Dirección Municipal de Vivienda en Cienfuegos, desde que concluyó las obras de su casa, en calle 25 No. 5429, entre 54 y 56, en esa ciudad.
Cuenta el remitente que el 30 de diciembre de 2004 su esposa abandonó el país legalmente. Y en marzo de 2005 él inició los trámites de propiedad de la casa. Pero en julio de 2005 el huracán Dennis le destruyó el inmueble.
Entonces, se le dio la oportunidad de construir una nueva casa, y en la Dirección Municipal de la Vivienda quedó archivada una providencia que respalda sus derechos sobre la misma.
Luis Alberto concluyó la obra en diciembre de 2007 y en febrero de 2008 comenzó los trámites de propiedad. Tras innumerables visitas, en julio de ese año la asesora jurídica de Vivienda le informó que su trámite se había concluido, y estaba pendiente de resolución, la cual debía notificársele en un plazo de 45 días.
Transcurrido ese lapso, y sin respuesta, fue a Vivienda municipal. Le aseguraron que el asunto estaba en fase de solución. Luis Alberto reiteró las visitas desde noviembre de 2008 hasta julio de 2009, sin resultado alguno.
El 3 de agosto de 2009, el director de la Vivienda en el municipio le planteó que el problema no se había resuelto pues faltaba la visita del arquitecto. Sin que ella se hubiera producido, Luis Alberto volvió en noviembre y diciembre de 2009, y en enero y febrero de 2010. Entonces, el argumento para la no resolución era que les faltaban abogados.
En abril de 2010, Vivienda municipal le dijo que el impedimento consistía en que a ese proceso le faltaba el pago del terreno que ocupa la vivienda. Luis Alberto lo pagó el 6 de mayo de 2010.
En julio de 2010, Luis Alberto volvió a la Dirección de Vivienda y no había respuesta. Posteriormente la jefa del Departamento Jurídico de esa entidad le argumentó que el proceso estaba detenido, producto de que se construyeron dos viviendas donde existía una sola.
«Yo le aclaré la situación anterior con la providencia, refiere. También se me planteó que se tiene que dar prioridad a los nuevos expedientes —que tienen que salir en 50 días—, que la abogada que atiende mi caso casualmente salía de vacaciones en ese mes, y que debían ir intercalando los expedientes con los nuevos».
Ya inconforme con tantas dilaciones, Luis Alberto presentó una queja el 9 de agosto de 2010 al director de Vivienda en la provincia. Ya él ha visitado en cuatro ocasiones esa entidad, y las respuestas han sido: Que se investiga el caso. Que el expediente básico está traspapelado, pero ya apareció. Que para la próxima semana debe quedar resuelto. Que para la próxima semana sí debe quedar resuelto.
Ya Luis Alberto no puede más.
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