Acuse de recibo
Con las flexibilizaciones que se registran en torno a la vivienda, en cuanto a la compraventa de casas, los ahora tan concurridos Registros de la Propiedad están llamados a buscar más calidad y agilidad en su servicio.
Pero sucede lo contrario en ocasiones, como denunció aquí el 18 de febrero la lectora Leigné Gambe Pérez, a propósito de la desautorizada reducción del horario de servicio a la población del Registro de la Propiedad del municipio capitalino de Cerro.
Leigné contaba que cuando su esposo fue a las dos de la tarde de un día hábil, le informaron que desde el 1ro. de febrero los Registros de la Propiedad solo entregan documentos a la población hasta el mediodía. La lectora cuestionaba con razón tal reducción en el horario de servicio.
Y esclarece Miguel Ángel Pérez Martín, director provincial de Justicia en La Habana, que en la Resolución 1226 de 11 de noviembre de 2011, «firmada por el que suscribe», se establece que la atención al público en los Registros de la Propiedad es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.; y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lunes y miércoles el horario se extiende hasta las 7:00 p.m. Además, se labora todos los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
En el caso del Cerro, señala, «se estaba limitando el servicio a la población, pues aunque el Registro continuaba abierto hasta las 4:30 p.m., no era posible recoger los títulos inscriptos, que conllevan pago de aranceles, los cuales se ejecutan a través de la Caja; y esos depósitos se hacen a diario en las instituciones bancarias, las que asumen el mismo hasta las tres de la tarde».
Refiere que les corresponde crear las condiciones de seguridad para que los cobros que se hagan en el horario vespertino puedan ser depositados al día siguiente.
«No obstante —afirma—, se tomaron las medidas correspondientes con el Registrador Principal del Cerro, a fin de rectificar dicho proceder». Y agrega que Leigné y su esposo fueron visitados y se les explicó; aunque ya para ese día habían recogido su título.
Agradezco la esclarecedora respuesta, que cierra el margen a cualquier futura arbitrariedad en el horario. Lástima que no explique las «medidas correspondientes» ante una violatoria decisión de reducir el horario de servicio en momentos de tanta demanda.
Miriam Eduardo (Roberto Reyes 14, La Carretera, Amancio, Las Tunas) desea jubilarse y no puede, después de una vida entera dedicada a la Salud Pública, primero en Guáimaro (Camagüey) y desde 1983 en Amancio, desde que se graduó en 1973 como enfermera y se especializó en administración y docencia.
Miriam labora en el hospital municipal Luis Aldana Palomino, y en febrero de 2011 detectó la pérdida de su expediente laboral. Ahí comenzó una azarosa búsqueda, que se unió a una reclamación ante el Órgano de Justicia Laboral de Base. La vista se celebró en julio de ese año y nada ha solucionado la trabajadora.
Ella recurrió a la representación de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo en la provincia, ha reclamado a la administración y la dirección del hospital y al sindicato. No faltaron gestiones con la filial del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), entre otros. La directora municipal de Salud tomó interés en el caso, pero nada se ha resuelto.
Ante tal situación, Miriam solicitó revisión de sus tarjetas SNC-225, contentivas del historial de sus salarios por meses y años. «Aquello es un desastre; no aparecen las nóminas completas. Parece que no he existido en todo este tiempo», apunta con dolor.
Manifiesta la demandante que otros 30 expedientes corrieron igual suerte, pero el único que no aparece es el de ella.
«Ya a las puertas del retiro como trabajadora activa, ¿qué puedo esperar? El documento está incompleto. Lo confeccionado no cumple objetivos. Y lo peor del caso es que el Departamento de Economía no encuentra las nóminas. He cobrado en todos estos años, y no consta en ningún documento. Solo quiero tramitar mi retiro en paz, y que mis descendientes encuentren en mi hoja de servicios los datos que les permitan sentirse orgullosos de mí», concluye Miriam.
Irresponsable extravío, irrespeto a una vida de trabajo, por un proceder administrativo descuidado.
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