Acuse de recibo
«Sin luces ciertas en Camino Mayorquín». Así titulamos el 15 de diciembre último el caso de la holguinera Lilieza Velázquez Hernández, quien escribía a nombre de su comunidad, que lleva más de 15 años conectada a servicios eléctricos provisionales.
Para erradicar esta situación, refería Lilieza, varios pobladores del sitio habían emprendido numerosas gestiones: desde llamadas y visitas a las autoridades hasta cartas para las máximas instancias del Ministerio correspondiente. Las respuestas han sido, cuando menos, poco convincentes.
Narraba la lugareña que, tres lustros atrás, cuando se tendió la línea eléctrica entre Gibara y Los Altos, en el medio de cuya distancia está su poblado, se les aseguró que lo siguiente era ponerles el servicio a Camino Mayorquín, pero esto no sucedió (y ya había concluido el aprovisionamiento de electricidad a partir de una planta generadora). Tampoco fue posible instalarlo en el instante en que electrificaron el asentamiento Las Caobas, a unos 10 o 12 kilómetros más allá de Los Altos.
Para cooperar y facilitar el proceso, los hombres del barrio se fueron hasta Bayamo (Granma), a buscar postes, desenrollaron cables, abrieron huecos. De nada sirvió, y la respuesta más socorrida fue: no hay recursos. Esto último se contrapone al hecho de que, según indagaciones de los vecinos del sitio y afirmaciones de especialistas, no se necesitarían tantos materiales para el proceso de marras.
Durante la espera, le han colocado la electricidad a viviendas edificadas después de los antiguos reclamos. Relataba también la holguinera que 17 residentes en la zona se presentaron en el Gobierno (no aclaraba si municipal o provincial) y lograron entrevistarse con su Presidente, quien les aseveró que tomaría el caso personalmente y les informaría. Lo último que le comunicaron a uno de los habitantes del lugar, fue que ya todo estaba en manos de la OBE (Organización Básica Eléctrica) provincial, que esperaran…
A propósito, escribe Héctor Ramón Lugo Graña, director general de la Empresa Eléctrica en Holguín. Comienza aclarando el directivo que en el municipio existen 80 tendederas, con 1 147 viviendas asociadas, y este no es el caso más crítico.
También alude Héctor Ramón a la opinión de los vecinos —identificada por la comisión que investigó la queja publicada por este diario— de que ha habido «pugnas internas entre el director de la OBE Gibara y sus familiares», residentes en Camino Mayorquín, por la no instalación del servicio. A esto, contesta el Director provincial que el referido ejecutivo no ha sido responsable de no electrificar la zona; y que tanto él, como su madre, han sido víctimas de insultos procedentes de estos otros familiares que residen en el área.
Apunta igualmente el funcionario que en el Consejo de Dirección de la Unidad Empresarial de Base han sido aprobadas las respuestas a los planteamientos de los demandantes «y elevada la explicación con las causas de no solución, al Consejo de la Administración Municipal, lo que responde a la política en materia de erradicación de tendederas trazada por el país, que dependerá del financiamiento que se planifique por la Unión Eléctrica, el cual no está aprobado, en estos momentos, para este año.
«En la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) del municipio de Gibara, el 25 de octubre de 2007, fue aprobado el cronograma para la erradicación de tendederas (…), teniendo en cuenta las (…) de mayor consumo y de mayor impacto social (…) cuando el país tenga las condiciones, ocupando (…) la de Robiel Hernández (vecino de Camino Mayorquín, a través de cuya casa llega electricidad a varios hogares), el 6to. lugar».
En cuanto a la electrificación de viviendas construidas con posterioridad a los reclamos históricos del poblado, apunta Héctor Ramón que se les puso el servicio a dos casas, a unos 150 metros de las 14 casas con tendederas. Uno de ellos, «instalado en el 2009, caso social afectado por el huracán Ike al amparo del documento emitido por el presidente del Consejo de Defensa de Gibara (…) de la presidenta del Consejo Popular (…) y del presidente de la AMPP». «Y el segundo servicio instalado cumple con las normas técnicas establecidas y con la documentación legal que avala su posesión», señala.
La comisión investigadora designada para atender el planteamiento vecinal concluyó «sin razón la queja formulada». «Las respuestas que explican las causas de la no erradicación de tendederas en el territorio han sido elevadas al Consejo de la Administración Municipal», sostiene el funcionario.
Agradezco la extensa respuesta, que tuve que sintetizar por el espacio. Pero confieso que después de leerla una y otra vez, no logré entenderla en su totalidad. Al concreto, y sufrido problema de más de 15 años en esta comunidad, el director de la Empresa Eléctrica contesta con una enrevesada argumentación que, en no pocos momentos, se aleja de lo que reclaman las familias afectadas.
¿En virtud de qué plan esas personas llevan tanto tiempo sin resolver un aprieto que, a todas luces parece solucionable, según directivos de la propia empresa explicaron a los vecinos en anterior momento? Si la cuestión depende del financiamiento de la Unión Eléctrica y de la planificación del Gobierno municipal, ¿por qué estas entidades no esclarecen sus niveles de prioridad y ejecución de presupuestos al respecto? ¿Hasta cuándo pueden algunos seguir elevando y elevando los problemas para que nunca bajen nuevamente? ¿Por qué no se emprenden alternativas que impliquen a la comunidad —cuyos miembros ya demostraron estar dispuestos a participar activamente— en la solución y se acaban de «destender» estas tendederas?
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