Acuse de recibo
Los vecinos del CDR No. 10, Zona 351, reparto Moro, en Santa Clara, están sufriendo una sequía impuesta. Así lo narra, en nombre del colectivo, Omar García Cutiño (Calle 6ta., No. 18, e/ B y Textilera), quien refiere los avatares para conseguir allí el recurso natural imprescindible.
Ocurre que las casas del mencionado CDR no tienen conexión con las vías del Acueducto y han recibido el agua, por más de 20 años, de la textilera Desembarco del Granma, institución a la cual se paga por este servicio. Pero desde el 8 de marzo pasado comenzó la entidad a limitarles el suministro a los lugareños.
«Se conversó con el Presidente del Consejo Popular y él mismo visitó el consultorio médico, que tampoco tiene agua. (…) Luego cuatro compañeros de la Zona, junto al Delegado, conversaron con el director de la Textilera, Víctor Fuste, y plantearon la problemática existente, alegando que para contribuir al ahorro de este recurso natural no la pusieran todos los días como era antes, pero que establecieran un horario asequible a la comunidad, donde la mayoría son trabajadores», evoca el remitente.
Posteriormente, durante una jornada la pusieron cuatro horas, luego una semana sin abastecimiento; después una hora en las mañanas por tres o cuatro días, lapso que casi nadie de la comunidad podía aprovechar por encontrarse trabajando… Y así, los problemas en este sentido han seguido manteniendo en jaque a los habitantes de la zona.
¿Por qué no se llega a un consenso razonable y solidario en el que, sin derrochar el recurso, se atienda responsablemente la necesidad de este caserío?
Desde el 10 de julio de 2017, la capitalina Bárbara Pérez San Miguel obtuvo las autorizaciones legales pertinentes para ampliar su hogar de Rodríguez No. 408½, entre Fábrica y Reforma, Luyanó, 10 de Octubre. Pero sucede que cuando comenzó los trabajos constructivos el pasado 8 de diciembre «chocó» con las tendederas que los vecinos tienen hacia la azotea de ella, utilizando como patio ese espacio de la casa de Bárbara.
Ante tal situación acudió la afectada el 10 de enero de este año a la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) y solicitó que un inspector la visitara. Nadie acudió a su llamado. «Después fui de nuevo y me dijo un inspector que ellos estaban para los que pongan un bloque sin licencia, que no podían decirles (a los vecinos) que cortaran los tubos (de las tendederas); que fuera a la policía. De ahí fui a la policía: el Jefe de Sector me dijo que eso es Vivienda… Ya no sé qué hago ni adónde voy», se duele la habanera.
El 3 de mayo acudió la doliente a instancias municipales de Vivienda, y se entrevistó con una funcionaria que atiende Edificios Múltiples, la que le indicó que continuara la obra, desconociendo que, mientras no quiten los tubos de marras, esta continuidad se le hace imposible.
Lo más alarmante —evoca la lectora— es que incluso para subir materiales a su propia azotea ha tenido que soportar insultos verbales de estos otros «dueños» de un espacio que solamente le pertenece a ella. ¿Por qué las entidades facultades no toman cartas en el asunto? ¿A quién más debe dirigirse esta mujer?
«Ya en los medios de comunicación se abordó la falta de abastecimiento de las almohadillas sanitarias, pero nunca pensé que al arribar el nuevo año cortaran la entrega del faltante pendiente a los consumidores, correspondiente a los tres últimos meses del año 2017», reclama la capitalina Kenia Moreno Manzanares (Edificio 659-1, apartamento 13, Zona 18, Alamar, La Habana del Este).
La demanda de ella parte de su experiencia en la Unidad 669, Farmacia Especial de la UEB La Habana del Este, perteneciente a la Empresa provincial minorista de medicamentos del este, al tiempo que observa en otras entidades cómo se reparte a la población las tres primeras vueltas de las íntimas correspondientes a 2018.
Las dependientas de la citada unidad, ante la pregunta de las afectadas, no tenían una respuesta institucional que ofrecer. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo explica? ¿Seguirán las angustias públicas con este «íntimo» asunto?
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