Acuse de recibo
El pasado 15 de abril, desde Cruce de los Baños, Tercer Frente santiaguero, Roberto Hernández Frías decía que llevaba años porque allí se cumpliera lo legislado sobre ruidos excesivos. Y que ante muchas quejas de la población, era deber de la Policía lograr la tranquilidad ciudadana.
«La situación que me aqueja es reiterativa, decía (…). El 21 de octubre la Fiscalía remitió al jefe del Minint del municipio un informe detallado de la indisciplina social provocada por varios vecinos en la cuadra, en relación con música excesivamente alta y continuas reuniones para fiestas y juegos prohibidos, como peleas de perros».
Añadía que en esas casas se violan medidas de protección orientadas por Salud Pública. Los CVP llaman a la PNR y esta no actúa. Esas viviendas, sobre todo sábado y domingo, se aglomeran de personas. El volumen del audio perturba la tranquilidad, en sesiones desenfrenadas de 14 horas. Las consultas en el policlínico apenas se pueden realizar.
«Soy vecino de una de esas viviendas, acotaba, con una anciana postrada de 102 años y mi esposa de 70 con varias enfermedades al igual que yo… Necesitamos tranquilidad y no se nos permite dormir de noche ni de día».
Afirmó que el Gobierno, la PNR y demás autoridades conocen el problema, que se agrava por día. Que él ha intentado presentar demanda judicial, y el abogado desconocía en qué legislación debía apoyarse para el proceso. «Estoy a punto de tomar la ley por mis manos», concluía.
Responden Nelvis Benítez Blancar, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Tercer Frente, y Liudmila Álvarez Ortiz, jefa de su Oficina de Atención a la Población: la queja se evaluó en reunión del Consejo de Defensa Municipal el 15 de abril, y se creó una Comisión: el coordinador de los CDR, el delegado del Minint, el presidente de la Zona de Defensa y la Vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
Informan que «la Comisión se personó en la comunidad donde reside el señor Hernández Frías y se reunió con los factores y algunos vecinos, los presidentes de los CDR 1, 3 y 7, los más cercanos a la vivienda del recurrente; el jefe de Sector que atiende la zona, una jueza profesional, vecina del señor, un profesor militante del PCC y los moradores de las dos viviendas supuestamente implicadas en las indisciplinas sociales descritas por el promovente, además de la delegada de la circunscripción, quien es Vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular».
«Se comprobó, añaden, que las alegaciones descritas por Hernández Frías acontecieron hace aproximadamente tres años, pues los factores y vecinos mencionados lo corroboraron. Esclarecieron que allí nunca han existido peleas de perros. Que es verdad que antes de la COVID-19 los muchachos jugaban ahí en la calle, pelota y fútbol, y algunos vecinos ponían música en sus viviendas, pero a un volumen normal y en horarios establecidos. Que allí nunca se ha conocido que se haya llamado a la PNR por esa situación, ni ninguna consulta en el Policlínico se ha paralizado por esos temas.
«Que después de la COVID-19 en ese barrio siempre ha existido tranquilidad, y no incidencias de fiestas ni indisciplinas graves en la comunidad. Incluso la hermana del jefe de Sector vive en ese lugar, él transita todos los días por allí y nunca se ha aplicado multa por indisciplina. Además, la delegada de la circunscripción ha conocido de las quejas de Roberto sobre dichos temas denunciados y se ha personado en horarios nocturnos allí sin encontrar problemáticas. Que en la comunidad hay personas que crían animales y tienen perros y gallos, pero allí no hay desvinculados. En su mayoría son militantes del Partido y profesionales».
No se han recibido quejas en el Policlínico, dicen, ni se han evidenciado llamadas de los CVP a la PNR. Y plantean que Roberto ha formulado en más de dos ocasiones similar inquietud. Entonces se crearon comisiones, que declararon «sin lugar» la queja. Y sobre este último reclamo aquí, concluyen en que «la queja quedó solucionada y sin razón».
Como es la palabra de uno contra la de otros, me ciño a reflejar la respuesta. Solo pregunto por qué ahora no se entrevistó a Roberto, para al menos comprobar esta vez algún elemento que él pudiera demostrar, o darle las conclusiones de la comisión. No se esclarece la afirmación de que la Fiscalía municipal elevó informe a la Dirección del Minint, sobre tales indisciplinas sociales. Y si la queja no tenía razón, ¿cómo la declaran solucionada?
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