Acuse de recibo
Con Maritza Betancourt Bernal, el gran Tomás Gutiérrez Alea pudo haber filmado otra película a la altura de su memorable La muerte de un burócrata (1966): Ella, quien vive en Santa Emilia 206, apto. 4, Santos Suárez, municipio habanero de Diez de Octubre, cuenta que compró esa vivienda en abril de 2017. Vinieron desde Camagüey ella y su mamá, diagnosticada de demencia y postrada. Y solicitó el traslado del servicio telefónico. Ahí comenzó el laberinto…
En mayo de 2017, actualizados los carnés de identidad de ambas, inició la gestión. Pero su mamá, por su demencia, no podía firmar. Le orientaron iniciar proceso de tutela. En un bufete colectivo supo que se hacía contrato presentando las inscripciones de nacimiento de su madre y ella, fotocopias de los carnés de identidad de ambas, certificación de matrimonio de sus padres y certificación de defunción de su padre.
La gestión para esos documentos en Registro Civil abarcó dos años, pues salían con error siempre. Y la subsanación era complicada, debido a que se solicitaba al municipio de referencia, Camaguey: gestión telefónica que lleva tiempo de espera, respuestas como «Camagüey no responde», y volver de nuevo.
Al fin resolvió los documentos. Fue al bufete colectivo e hicieron el contrato para el proceso de tutela, que requirió, además de esos documentos, copia del contrato telefónico, la providencia que dio el Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass) para cobrarle a su mamá mediante tarjeta magnética y fotocopia de esta última, e inscripción de nacimiento de su hijo, que fungiría como testigo ante el tribunal.
Y a fines de 2019, salió la Resolución 176 del Ministerio de Comunicaciones sobre la imposibilidad de trasladar los teléfonos fijos, que, como excepción, sí reconoce el cambio de domicilio del servicio si el contrato estuvo bajo las cláusulas de la otrora Resolución 82 del 2012, y si existiera disponibilidad correspondiente.
Como se cumplían esos requisitos, fue a la oficina de Etecsa de Juan Delgado, donde su caso era conocido por la Dirección. Le propusieron hacerle un expediente denominado Protección al Consumidor, y encaminarlo por la dirección de la empresa. Pero no se resolvió.
Ella redactó un documento que entregó a la delegada del Poder Popular, quien gestionó en Etecsa de Juan Delgado. Y también lo entregó en el Consejo de Estado. De ello se derivó la visita a su casa de una comisión. Entonces, la abogada la citó para hacer el encuentro con Medicina Legal e iniciar el proceso. Y ese mismo día la llamó para cancelarlo por la pandemia, hasta una primera apertura en la que por fin se hizo, además, con el propio tribunal (juez, secretaria, abogada y su hijo como testigo), todo en la casa. También la visitó la fiscal.
En esa primera semiapertura, cuando muchas entidades trabajaban con precaución, se le envió por WhatsApp el dictamen de medicina legal diagnosticando a su mamá con Demencia Alzheimer, imposibilitada de emitir firma. Ya solo le faltaba solicitar a Maritza sus antecedentes penales, para, con el dictamen, en Fiscalía le hicieran el proceso de tutela. Y un nuevo cierre alargó lo de los antecedentes penales, que deben estar en solo una semana o diez días. Los de ella demoraron un mes, pues no aparecían. Y en ese paso, falleció su mamá el 10 de noviembre de 2021.
«Inferí que con el certificado de defunción, mi carné de identidad y todo el expediente hasta donde habíamos llegado, con la premisa de excepción de la Resolución 176 de 2019, al fin, cuatro años y siete meses después comenzaría un nuevo proceso de solicitud de traslado. Pero no fue así.
«El 5 de enero de 2022, en la oficina de Etecsa de Juan Delgado la respuesta definitiva fue que como no terminé el proceso de tutela, no se puede trasladar del servicio, pues mi mamá ya no está viva. Y antes no se pudo hacer el traslado porque estaba demente. Tuve que tramitar, pagar (todo papel cuesta), buscar y sufrir impotencia, porque lo de la tutela se establece porque hay personas que hacen trampa a los viejitos y les quitan el teléfono para venderlo. Caigo en la misma lista de los delincuentes.
«Sucede que aún haciendo todo el proceso no logro el final porque mi madre fallece. Entonces, o debió morirse antes de esa Resolución para hacer la solicitud post mortem, o un poco después, para que yo lograra la tutela legal y solicitar el traslado. Así me lo hicieron saber.
«Ese teléfono desde que me mudé en abril de 2017 lo he pagado mes tras mes, incluso este año hasta febrero. ¿Con qué derecho esa empresa puede darse el lujo de irrespetar a mi madre fallecida y a mí, anulándome el servicio? ¿Dónde está la parte humana de la que habla nuestro Presidente sobre las particularidades de cada caso, que hay que escuchar a las personas y ver sus motivos?», concluye.
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