Acuse de recibo
Carlos Manuel Montó Fernández (avenida 184 no. 39513, entre 397 y 395, reparto Villanueva, Boyeros, La Habana) cuenta que hace casi dos años está esperando por certificaciones de nacimiento solicitadas en el Registro Civil de ese municipio capitalino.
«Por error de ellos, afirma, al digitalizarlo pusieron Santiago de las Velas en lugar de Santiago de las Vegas. Después de casi año y medio me pidieron el teléfono y prometieron que me llamarían cuando estuviera resuelto el problema. Hace seis meses de esto.
«¿Hasta cuándo un ciudadano debe esperar a que una institución cumpla sus funciones? ¿Se debería solicitar el certificado de nacimiento de una persona el mismo día de su nacimiento, para con buena suerte recibirlo antes de morir?», ironiza con sobrada razón Carlos Manuel.
Habría que agregar que ni la digitalización ni todas las tecnologías que sobrevengan resolverán la agilidad y la calidad de un servicio, allí donde los seres humanos no pongan todos sus sentidos y su talento en la diaria labor.
Jorge Luis López Fariñas (Pedro A. Pérez no. 1171, entre Pinto y Avenida, ciudad de Guantánamo) relata asombrado lo que considera una violación de su derecho como trabajador de la unidad empresarial de base (UEB) Reinaldo Brooks Bravo, de la Empresa Cárnica Guantánamo.
«Me pregunto, dice, cómo es posible que, siendo el titular de la plaza, con buenos resultados a lo largo de más de siete años allí de 18 que poseo como trabajador y además de no tener medidas disciplinarias y la plaza no haya desaparecido, me dejen disponible para dársela a otro trabajador».
Precisa que constituye una violación por parte de la administración de los artículos 36 y 57 de la Ley 116 Código del Trabajo.
«Por segunda vez me dejan sin empleo, y en estado de indefensión, señala. He recurrido a la Dirección de Trabajo y a Fiscalía, y ninguno ha atendido correctamente mi queja, tal como lo establece la Constitución de la República en su artículo 61», termina.
El pasado 8 de abril, y desde la ciudad de Las Tunas, Isabel María Olivares Pérez contó aquí que el 30 de julio de 2021, por desperfecto imputable a la Empresa Eléctrica, se produjo un alto voltaje en su casa y fueron afectados varios equipos. Verificado por los técnicos de la entidad, se radicó la afectación con el expediente 174 de 2021. Hechas las investigaciones correspondientes, se determinó que correspondía la debida indemnización, la cual, ocho meses después, no se había cumplido.
Al respecto, responde Carlos Rafael Arias Sobrino, director general de la Empresa Eléctrica Las Tunas, que durante la revisión realizada por los encargados del daño a la propiedad en la UEB municipal Las Tunas, se verificó que la cliente realizó su reclamación el 30 de julio de 2021. Que ocurrió el daño a sus equipos, motivo por el cual fue visitada, y se comprobó que era imputable a la empresa.
Se constató, añade, que la demora en la indemnización se debió a que, para resarcir los daños existía un listado de precios que emiten las cadenas comercializadoras TRD y Cimex en el cual no aparecía su equipo; hasta que fue emitido un nuevo listado donde aparecen un grupo de equipos que no se encontraban en el anterior y se comercializan en MLC.
Con ello, la Unión Eléctrica actualizó la base legal en cuanto al tratamiento a los daños a la propiedad por la resolución 400/21, que establece la indemnización en la mencionada moneda a través de una transferencia a la cuenta de los clientes. El expediente fue presentado al Consejo de Administración de la Empresa Eléctrica Las Tunas y está en trámites de indemnización en la Unión Eléctrica.
«Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se determinó la queja Con Razón y se declara pendiente de solución», concluye, no sin antes ofrecer disculpas por las molestias causadas.
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