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Sin haber cerrado aún un hueco en el saco de los dineros despilfarrados con los que no se reconstruye Iraq, ya se abre otro.
Miles de armas destinadas a la policía y al ejército iraquí han desaparecido. Foto: AFP Lo más reciente en las historias de corrupción y malos manejos de los presupuestos destinados a la guerra, y a la supuesta rehabilitación del país destruido a partir de la invasión de marzo de 2003, tiene que ver con las bases militares permanentes que Estados Unidos pretende mantener a toda costa en el territorio ocupado —un fuerte complemento a la extensa red de instalaciones bélicas que ya posee en la región desde la primera Guerra del Golfo de 1991—, o con aquellas destinadas a las fuerzas iraquíes que deben sustituir algún día a los ocupantes extranjeros.
La cuestión es simple: Estados Unidos pagó 32 millones de dólares a una empresa del estado de la Florida por una base que no ha sido construida. Ellis Environmental Group (EEG), el contratista de marras, obtuvo 31.9 millones de los 34.2 millones de dólares presupuestados para el proyecto de la Fuerza Aérea que dotaría de barracas y oficinas a unidades del ejército iraquí (una brigada y tres batallones).
La justificante parece extraída de un cuento del absurdo: el Ministerio de Defensa iraquí no pudo obtener los derechos sobre los terrenos en Ramadi donde ese cuartel iba a ser edificado, dijo hace tres o cuatro días la Oficina del Inspector General de Contratos del Departamento de Defensa. Ramadi se considera un bastión de la insurgencia musulmana sunnita y es la capital de la provincia de Anbar, considerada la más activa de la insurgencia.
Ahora un vocero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que están auditando el contrato y quizá demanden a la empresa floridana.
Sin embargo, ya comienza a enredarse la madeja. Otro vocero, pero esta vez de EEG, asegura que el trabajo fue reasignado a otra empresa, la Ellis World Alliance Corp., con sede en Gainesville, también en Florida, que por el nombre obviamente tiene su cordón umbilical bien unido a la primera. Para esta última no hay vocero que valga, dicen que las reglas del contrato le impiden hacer cualquier comentario oficial... ¡Vaya pillos!
El asunto salió a la luz porque el Pentágono tuvo que hacer un informe sobre el uso de los 5 200 millones de dólares que el Congreso estadounidense aprobó en 2005 para el entrenamiento y equipamiento de la policía y el ejército iraquí.
Mas no es ese el único problema que encontraron. Según un reporte del diario USA Today, no hay registros adecuados de las inversiones, que incluyen desde generadores eléctricos hasta miles de armas ligeras y lanzagranadas, pasando por camiones de recogida de basura. Y lo preocupante para Washington es que todo parece haber ido a parar nada menos que a manos de la resistencia, de los sectores étnico-confesionales que se enfrentan dividiendo al país, o de los grupos terroristas de Al Qaeda.
A comienzos de diciembre, la cadena CBS habló de mil millones de dólares en equipos militares perdidos en Iraq. Los auditores de la Oficina del Inspector General revisaron contratos por 643 millones de dólares, pero solo le encontraron el rastro a 83 millones. Casi nada de lo que cogió otro camino. Desde entonces se habla de más de una docena de funcionarios militares o del personal civil del Pentágono que están sujetos a investigación; y no se diga lo que involucra a las autoridades del gobierno iraquí.
Con razón el secretario asistente para la adquisición, logística y tecnología, Claude Bolton, anunció su renuncia en medio de las revelaciones y las agudas críticas a los contratos militares, provenientes de ciertos sectores del Capitolio de Washington y alguna prensa. El 2 de enero próximo, al menos este Bolton, se saldrá del negocio. ¿Y los otros, qué?
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