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Mientras Donald Trump otorgaba la medalla presidencial de la libertad a Devin Nunes —uno de sus defensores más feroces en el Congreso, muchas veces reprochado por difundir teorías conspirativas sobre las elecciones de 2016 y otras especulaciones falsas—, un funcionario del estado de Georgia sugería que el mandatario saliente podría enfrentar una investigación criminal sobre su insistente demanda de que se «encontraran los votos» que le darían las elecciones de 2020.
En la ceremonia, por cierto subrepticia según informes de prensa, Trump calificó a Nunes como «un servidor público de talento sin igual, integridad inexpugnable y resolución inquebrantable», aunque alguna prensa, con indulgencia, llamó «tonta» a esa declaración sobre el legislador republicano por California.
Era la víspera de este miércoles 6 de enero, en que el Congreso de Estados Unidos debe certificar el triunfo del demócrata Joe Biden en los comicios del 3 de noviembre pasado —otorgado ya el 14 de diciembre por el Colegio Electoral con 306 votos frente a 232 y antes por la decisión en las urnas de más de 81 millones de estadounidenses—, y abrirle las puertas de la Casa Blanca como 46to. presidente de EE. UU. el 20 de enero.
Pero la obstinación de Trump estimula la acción anunciada por un grupo de políticos republicanos que pretenden revertir el resultado electoral. Once senadores —encabezados por el texano de origen cubano Ted Cruz— y un centenar de representantes se negarán a certificar la victoria de Biden, a no ser que el Congreso forme una comisión para investigar el presunto fraude en las elecciones de noviembre.
Introducir tal ruido en el sistema no recibe toda la aprobación de los republicanos. Por ejemplo, Rob Portman, de Ohio, ha dicho que «no puedo apoyar el permitir que el Congreso frustre la voluntad de los votantes» pero, aunque se estima que no tendrán éxito en la maniobra, esta pone en jaque a Biden, quien por demás no ha recibido la colaboración debida de los funcionarios trumpistas para una normal transición de gobierno.
Según The Washington Post, Brad Raffensperger, quien es republicano, secretario de Estado de Georgia y por ello el principal funcionario electoral de ese estado, recibió el domingo una llamada de Trump en que este le dijo: «solo quiero encontrar 11 780 votos». Con ellos se anularía el resultado que le dio la victoria allí a Joe Biden.
Raffensperger no se ha dejado intimidar por este mandatario de probada conducta revanchista que quiere de todas formas que le sigan sus afirmaciones infundadas de fraude generalizado, y dejó claro en su respuesta a la llamada telefónica presidencial que los resultados de Georgia son correctos.
De igual manera, los 50 estados de la Unión certificaron los resultados y en algunos hubo recuentos de votos y apelaciones legales, pero los tribunales del país han rechazado 60 impugnaciones contra Biden, en ese terco intento republicano de revertir lo que dijeron las urnas.
La pretensión de Trump con Georgia es más abarcadora, pues este martes son allí los comicios para determinar los dos senadores correspondientes, dado que de acuerdo a las regulaciones del estado para que un candidato sea declarado ganador necesita el 50 por ciento de los votos y en el conteo del pasado 3 de noviembre ninguno los consiguió.
Ahora mismo, no parecen tener las de ganar los dos republicanos que actualmente ocupan los escaños: David Perdue, a quien se le señalan transacciones de negocios a su favor favorecidas por un comité del Senado del cual forma parte, y Kelly Loeffler, una de las senadoras más ricas de EE. UU., quien entro en contradicción con las jugadoras de la liga femenina de basquetbol por su oposición al movimiento Black Lives Matters que exigen que venda su participación como copropietaria del equipo Atlanta Dream.
A ellos se enfrentan los demócratas Jon Ossoff y el reverendo Raphael Warnock, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, donde predicara el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.
De llevarse el Partido Demócrata esos dos curules, el Senado estaría 50 a 50 y en cualquier votación determinaría —de acuerdo a las normas constitucionales— el vicepresidente de la nación, en este caso la recién electa Kamala Harris.
Ahora bien, Donald Trump se la está jugando en Georgia, porque dos representantes demócratas han pedido al FBI que investigue su llamada a Raffensperger y le acusarían formalmente porque la consideran «evidencia del fraude electoral por parte del Sr. Trump».
Aunque no es ese el problema mayor para el Presidente saliente. Son varios los escándalos que le rodean que pudieran llevarlo a procesos penales y se incluyen marañas con los impuestos que debió pagar a la ciudad de Nueva York, acompañados de una compleja situación financiera personal, y el 20 de enero se le acaba la inmunidad que le da su cargo…
Los días finales de la actual administración se caracterizan por echar combustible para una situación caótica; sin embargo, la situación apunta a que se le ha ido de las manos al Donald pato cojo. Por lo pronto, la recién investida en el cargo de fiscal del Distrito Fulton de Georgia, Fani Willism, está dispuesta a que no se cometa una felonía en su área y Trump ha intentado fraude electoral.
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