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Cuba ha logrado estar a la vanguardia de los países que en el mundo se ocupan de darle cumplimiento efectivo a las Reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas por Reglas de Tokio, las cuales promueven la aplicación de sanciones no privativas de libertad, y fomentan una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal.
Así expresó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en conferencia de prensa en la que anunció la celebración del VI Taller Nacional sobre control de sancionados, que tendrá lugar los próximos 8 y 9 de septiembre.
Según reveló el dirigente, este evento tiene carácter bienal y en él se abordará la labor de los llamados jueces de ejecución, figura surgida en nuestro país en el año 2001.
«Ellos nacen —explicó— como resultado de la necesidad de implementar un sistema realmente integral y efectivo para el seguimiento a las personas que extinguen sanciones penales o medidas de seguridad predelictivas que no conllevan internamiento, o a aquellas que fueron beneficiadas con una excarcelación anticipada.
«Luego de casi diez años, en el encuentro se abordará el fortalecimiento de la labor educativa y de seguimiento que deben realizar los organismos e instituciones que intervienen en este proceso, a partir de la estrategia que ha trazado el país de reforzar la institucionalidad y la prevención social.
«Otro tema importante a tratar —dijo— es el de las alternativas actuales para que el trabajo continúe siendo un elemento imprescindible en la reinserción social de estas personas, en momentos en que las formas estatales de empleo coexisten con las actividades por cuenta propia y se fomenta la agricultura de pequeños usufructuarios de tierras».
En Cuba hay jueces de ejecución en todos los municipios, y alrededor de 110 se dedican a esta actividad de manera exclusiva. Ellos realizan su labor de control y atención en correspondencia con las particularidades individuales de cada sancionado: características personales, tipo de delito cometido, entorno social y familiar.
