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Niños cubanos. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:13 pm
Los niños cubanos tienen grandes motivos para celebrar: no son ricos, pero nada les falta; tienen garantizados alimentos, escuela, salud y otros beneficios gratuitos, y todo un pueblo velando por su bienestar, al considerarlos el bien más preciado de la nación.
En nuestro país los infantes crecen con sus derechos garantizados, tienen como su principal deber el de estudiar, para formarse como hombres y mujeres de bien, y con la tranquilidad de sentirse seguros, pues el Estado y toda la sociedad velan por su protección.
La Convención de los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. De los más de 190 países que integran la ONU, solo dos no la han ratificado, Somalia y Estados Unidos.
Esa Convención fue el primer instrumento que incorporó toda la escala de derechos humanos internacionales, entre estos los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Su cumplimiento es obligatorio para los Estados signatarios, sin embargo son muchos los que hacen caso omiso a su letra, aún después de asumirla como ley.
Sus principios rectores incluyen la no discriminación, la adhesión al interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la participación.
Posee 54 artículos que exigen la prestación de recursos y aptitudes específicos necesarios para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia, además de la creación de mecanismos para proteger a los niños contra el abandono, la explotación y el maltrato.
Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990, y la ratificó el 21 de agosto de 1991. El instrumento entró en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año.
No obstante el Estado cubano no esperó por la adopción de ningún tratado o cumbre internacional para consagrar su voluntad de proteger y garantizar los derechos de la infancia.
Desde la década del 60 del pasado siglo entraron en vigor medidas, programas y una legislación que aseguraba que niños y adolescentes son titulares de los mismos derechos que gozan los adultos, más otros específicos derivados de su condición de personas que están creciendo.
Sin embargo, a pesar de que esta Convención fue asumida por la mayoría de los países del mundo, la aplicación de la misma no está regida por un organismo en particular, y aún la muerte por enfermedades curables, el analfabetismo, la discriminación y la violencia, hacen eco en los menores, pues las leyes por sí mismas poco pueden hacer.
Se requiere de la implementación de políticas públicas que garanticen la protección real de la infancia, programas específicos para quienes requieren protección especial, niveles de capacitación y una educación jurídica.
