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La necesidad de evitar las ilegalidades constructivas y las violaciones de las regulaciones urbanas crece entre la ciudadanía, pero es un camino que apenas comienza.
No soy de los que piensa que «la letra con sangre entra» —no siempre ha de ser así—, sin embargo, las políticas de prevención y enfrentamiento que ha desarrollado el país en los últimos años van teniendo resultados.
Entre 2015 y 2017 la población realizó más de 700 000 trámites en las entidades de Planificación Física. Es una demostración fehaciente de que en el ámbito constructivo las personas «quieren hacer y lo quieren hacer de forma legal», señalaba Magaly Rivero Rodríguez, directora de Inversiones del Instituto de Planificación Física (IPF).
La mayoría de la «permisología» solicitada por la ciudadanía tuvo una respuesta; no obstante, aún hay muchas insuficiencias y deficiencias en la atención a los compatriotas.
Durante el balance sobre el trabajo del Sistema de Planificación Física en 2017, realizado este martes en el Palacio de Convenciones, el general de división Samuel Rodiles Planas, presidente del IPF, señalaba que los servicios técnicos a la población son el espacio más sensible en este trabajo, pero a pesar de ello persisten la atención no adecuada, la demora en los términos establecidos y, en menor cuantía, los errores en la documentación que se entrega a las personas.
Rodiles Planas enfatizaba en que «la población es sagrada». Y urge elevar la calidad de los servicios que se le brindan a esta, especialmente a nivel municipal.
Que se esté generando una disposición creciente hacia el respeto de las normas y el actuar con civilidad en lo tocante a lo constructivo y lo urbano, no quiere decir que el problema esté atajado.Tampoco seamos ingenuos, bastante de las violaciones que permanecen o aparecen tienen en su trasfondo los agudos problemas de vivienda que tenemos o la precariedad de estas. En muchas ocasiones la gente dice «resolver», y con frecuencia esa «resolvedera» se aleja de lo dispuesto.
El país está creando las bases para en corto plazo iniciar un enérgico programa constructivo que solucione paulatinamente el déficit habitacional acumulado, que supera las 800 000 moradas, tanto a través de la vía estatal como por el esfuerzo propio, y siempre con la participación masiva de la población.
Las privaciones actuales, o la espera por que se cumplan las expectativas, no deben significar, sin embargo, una patente de corso para violar las normas de civilidad, las cuales, a propósito, nada tienen de nuevo: buena parte son fruto del acervo centenario (y milenario) de la civilización humana.
