Reanudar los servicios con planificación y sensibilidad

«Con planificación, inteligencia y, sobre todo, sensibilidad, vamos a reanudar los trabajos de nuestras instituciones, y manteniendo las medidas sanitarias requeridas para proteger a nuestros trabajadores y a la población», expresó Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia.

«Comenzaremos con los trámites más simples en la primera etapa, los que requieran, sobre todo, de menos presencia de personas y también priorizando terminar aquellos que quedaron pendientes cuando estuvimos obligados a cerrar.

«Los registros de nacimientos y defunciones no han cesado. Sobre todo el hecho de que cada niño que nace sea inscrito inmediatamente es una conquista pendiente para muchos países y que nosotros tenemos gracias a la Revolución y se ha mantenido a pesar de lo complejo de la situación que hemos vivido por la pandemia», resaltó.

El titular precisó que en una primera etapa se mantendrá esa labor de las notarías y se añadirán los matrimonios, así como también los testamentos, poderes especiales, escrituras de autorización y cotejo de documentos, entre otros.

«Son los trámites más simples y se harán siempre guardando el distanciamiento social, estableciendo horarios escalonados para evitar la aglomeración de personas.

«En una segunda etapa añadiremos otras gestiones más complejas como divorcios, declaratorias de herederos, compra-venta de viviendas, entre otros, y ya en la tercera etapa estaremos prestando todos los servicios», dijo.

Silvera Martínez subrayó que, en el caso de los registros, el Civil priorizará en primera instancia los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y en la segunda etapa incorpora otros servicios más complejos, así como se espera que para la tercera etapa se produzca un despegue en estos servicios con la introducción de una plataforma digital que permitirá un trabajo más rápido y eficiente.

El Ministro también se refirió a los registros de Actos de Última Voluntad, de la Propiedad y Mercantiles, que al igual que las notarías comenzarán con los trámites más simples y se irán complejizando.

Igualmente refirió que durante todo este tiempo de pandemia mantuvieron la comunicación con la población a través de teléfonos, correos electrónicos y presenciales, lo cual, consideró, es fundamental para que las personas tengan confianza, se informen y entiendan los procesos legales.

También precisó que a lo interno mantuvieron todos los compromisos con el intenso cronograma legislativo que desarrolla el país.

Tiempos dinámicos y de mucho aprendizaje

«Hemos aprendido todos», expresó la fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, al referirse a lo que han significado estos meses de pandemia para ese Órgano que es vital en garantizar la Ley y la constitucionalidad.

Sobre lo acontecido desde que la COVID-19 ha sido una realidad en la Isla hasta el presente, Peña Ojeda hizo referencia a varias acciones destinadas a la prevención y enfrentamiento desde el punto de vista jurídico penal:

—Se reajustaron, reorganizaron y reagruparon determinadas funciones del Órgano, siempre prestando especial atención a los cuadros de dirección que han estado al frente de los diferentes procesos de trabajo en la entidad. Igualmente se creó un Grupo de Trabajo Temporal en aras de mantener un control diario sobre temas como la evolución de la pandemia y su impacto en los trabajadores de la Fiscalía.

—Se revisó al detalle quiénes iban a estar de forma presencial, y quiénes iban a estar realizando el trabajo a distancia, cómo se reorganizaría una fuerza compuesta en su 80 por ciento por mujeres jóvenes.

—La informatización y la estrategia diseñada en el Órgano para dar seguimiento a los procesos legales permitió el constante intercambio con todos los municipios y provincias, a través de las videoconferencias.

—Fueron revisados todos los procesos penales que estaban en tramitación. En cada nivel se fueron tomando decisiones. Fueron archivados 17 casos, atendiendo a las características de los hechos (algunos asociados a lesiones, donde las personas no estaban curadas, y había un grupo de diligencias que no podían realizarse en determinados territorios).

—Se han divulgado un conjunto de hechos delictivos, de los cuales un grupo importante está en tramitación. En su momento, cuando las sentencias sean firmes, se ofrecerá a la población toda la información correspondiente.

Para las fases de recuperación, la Fiscalía ha previsto acciones en pos de un ordenamiento efectivo del país, de la aplicación de la Ley y la justicia. Al respecto, Yamila Peña Ojeda hizo alusión a varios frentes de labor, entre ellos: Evaluar lo referido a la vulnerabilidad de los trabajadores, para que se incorporen, gradualmente, en dependencia de si tienen, o no, determinados padecimientos. Se tomarán en cuenta, además, medidas generales que se han dispuesto en el país en cuanto a distanciamiento, aislamiento, desinfección, y el uso del nasobuco.

—Los recursos humanos y la preparación profesional, el trabajo a distancia, la revisión de cada proceso pendiente, el control de la legalidad en lo referido a las verificaciones fiscales, territorio a territorio, también forman parte del proceso de normalización de un Órgano que está en el corazón mismo de nuestra constitucionalidad.

Sin vulnerar las garantías

El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, aseguró que el sistema de tribunales del país también organizó su plan para la impartición de justicia, según los requerimientos de cada momento.

Explicó que la actividad de los tribunales experimentó una progresiva reducción, hasta que el 31 de marzo, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dictó la Instrucción 248, con la cual se orientaba la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación de los asuntos en curso; con excepción de los que, por su trascendencia debían seguirse tramitando.

Precisó que, como parte del plan de medidas para la primera etapa de recuperación de la COVID-19 en el país, que establece «la incorporación gradual de la tramitación de los procesos judiciales según su urgencia, naturaleza e impacto social», el TSP y sus órganos jurisdiccionales implementarán las siguientes medidas gradualmente: Retomar la tramitación de los asuntos que quedaron pospuestos o detenidos temporalmente con la gradualidad y racionalidad que permitan la situación epidemiológica territorial y las posibilidades de las personas que deban comparecer en cualquier condición ante los órganos judiciales.

En los casos donde el tribunal disponga la reanudación del proceso, se informará oportunamente a los involucrados. Los plazos y términos para el cumplimiento de los trámites pendientes se comenzarán a contar desde su inicio, como garantía del debido proceso.

Los tribunales recibirán las nuevas demandas y reclamaciones que les sean presentadas, al amparo de lo establecido en las disposiciones legales vigentes, y procederán a su tramitación en la medida que las circunstancias lo permitan.

En la tramitación y juzgamiento de cada caso, los jueces velarán porque no se vulneren las garantías y derechos de las partes interesadas, en especial el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

Serán priorizadas la tramitación y solución de los procesos judiciales vinculados con las medidas para la prevención y control de la COVID-19, así como a los que tienen acusados en prisión provisional, recursos de apelación y casación, hábeas corpus, los relacionados con la guarda y cuidado de los menores, procesos laborales donde se produjo la desvinculación del trabajador, la concesión de beneficios de excarcelación anticipada (libertad condicional o licencia extrapenal) o su revocación, entre otros.

Las citaciones y notificaciones judiciales se realizarán por vía telemática o electrónica, cuando resulte posible y pertinente. En los casos en que resulte necesario, se podrá realizar la práctica de pruebas testificales y comparecencias mediante videoconferencia, tomando las medidas que aseguren el debido proceso y el respeto a las garantías y derechos.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana