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Miles de latinos podrían ser criminalizados y deportados. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 04:54 pm
Víctor Toro, un viejo luchador chileno que vive sin papeles en Nueva York hace más de 20 años, podría ser el primer latinoamericano que figure en la relación donde ya están cientos y cientos de ciudadanos árabes, asiáticos o africanos, clasificados como posibles terroristas…
Osama bin Laden reflota en el ambiente aunque la historia del enigmático hombre de turbante y barba casi blanca, ya casi haya sido olvidada. Pero la cruzada que desató Bush a tenor de su autoría en el atentado a las Torres Gemelas, sigue en marcha. Nuevos nombres son incluidos en las listas negras, al socaire de la guerra contra un «terrorismo» indefinido que, por eso, todo lo acepta.
Las amenazantes acusaciones —que siguen siendo ocupación real en Iraq y Afganistán, y llevan en su carne los prisioneros de cárceles ilegales donde se les torturó—, alcanzan ya a organizaciones y personas, y remontan vuelo. Eso hace presumir el caso de Víctor Toro.
Resultado de incompetencias tan flagrantes que parecen increíbles —aunque la mayoría las estima ciertas—, la detención del nigeriano que haría explotar un avión estadounidense el día de Navidad brindó asideros para justificar las decisiones más recientes de la Casa Blanca en la materia… o la precisó a tomarlas.
Algunas horas después de la alarma, la cadena Fox comentó que el debate sobre la esperada reforma de salud sería desplazado en el Congreso por el análisis sobre la seguridad norteamericana. Pudo ser una de las consecuencias más inmediatas.
El contexto es apropiado a los sectores duros que presionan para seguir manipulando una tragedia usada como instrumento de dominación, más allá de lo que espera y necesita el contribuyente norteamericano. Junto al flagelo del narcotráfico, la lucha yanqui contra el terrorismo sigue siendo mampara que sirve a la hegemonía y a la intervención.
En este escenario dominado por hechos que reviven la pesadilla de los cadáveres, las columnas de humo y las torres desplomadas, tuvo lugar la primera vista oral contra el indocumentado Víctor Toro: ocho horas de interrogatorio, y apertura de un proceso judicial que continuará el 20 de mayo próximo.
Pero los cargos excederán los correspondientes al estatus de inmigrante ilegal que arrostran 12 millones de latinos.
Perseguido y torturado por la dictadura de Pinochet, lo que lo llevó al exilio, ha sido su militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) lo que lo conecta con el «terrorismo».
Interrogado por JR vía email, Carlos Moreno, el abogado defensor, no descarta que «el ambiente de histeria antiterrorista que existe en los EE.UU. —donde encaja tan bien la detención del joven nigeriano—, pueda influenciar la decisión de la jueza Sarah Burr en el caso», apuntó.
Así, los entuertos del proceso judicial contra un latino arrestado en EE.UU. como inmigrante ilegal podrían adicionar nuevos «gestores del terrorismo» a las listas arbitrarias iniciadas por W. Bush y enriquecidas en la era Obama.
De la Comuna al Bronx
Víctor Toro ya tiene más de 60 años cumplidos, pero en las fotos se le ve vigoroso, como cuando lideraba en Santiago de Chile la toma de tierras para exigir la vivienda que no tenían los desclasados.
Eran los principios de los años 70, y todavía Salvador Allende y la Unidad Popular no habían llegado a la presidencia. Desde el naciente Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), encabezó aquellas luchas por los derechos de los pobladores, quienes lo proclamaron su líder en La Bandera: el primer fundo ocupado por más de 500 familias, a dos pasos del centro de la capital chilena.
Allí se levantaría el campamento que marcó un movimiento imitado por los de abajo con sucesivas ocupaciones de terrenos.
Cuarenta años después, las autoridades migratorias de EE.UU. reviven una historia que continuó con el triunfo de Allende, el fascista golpe de Pinochet, y un MIR clandestino que desde las calles ensangrentadas combatiría a la dictadura fascista. Ahora se sataniza al MIR, calificándolo de terrorista, y las imputaciones llegan por vía transitiva a él. Sin embargo, decenas de chilenos que también pertenecieron en esos años al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, viven hasta hoy normalmente en su país.
«Es el estigma y fantasma con el cual EE.UU. acusa a todos los luchadores sociales, sindicales y comunitarios; a los luchadores socialistas, comunistas y revolucionarios. Yo soy algo de todo ello y lo defenderé», respondió Víctor a este diario cuando se le contactó en su casa del Bronx, en Nueva York, para que comentara los absurdos cargos.
No se tomará, sin embargo, la molestia de refutar el falso señalamiento de terrorista. «No lo soy. Ello no es más que un montaje urdido por los verdaderos terroristas de la ex DINA de Pinochet y por la CIA: el instrumento institucional del terrorismo de Estado que emana desde la Casa Blanca», alegó.
Estuvo entre los tantos torturados por la dictadura, pero logró el exilio mientras, adentro, los militares lo consideraron como otro de los miles de desaparecidos cuyos cadáveres, lanzados a las corrientes de los ríos o desde helicópteros en vuelo, nunca recibieron la paz del sepulcro.
Varios pájaros de un tiro
Documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. y de la tenebrosa y ya desaparecida Dirección de Inteligencia chilena (DINA) han sido utilizados para politizar un expediente que, al momento del arresto de Víctor Toro en las calles neoyorquinas, en 2007, no distaba mucho del abierto a decenas de miles de indocumentados víctimas, como él, de las redadas y detenciones arbitrarias.
Estaban en ebullición las protestas de los ilegales en demanda de una reforma migratoria que los regularizara, y la represión se agudizó. Víctor participaba.
Liberado tras el pago de una fianza, el caso tomó sorpresivos tintes políticos un año después, cuando llegó a la Fiscalía Federal de Inmigración. Se recordaron las acciones armadas del MIR contra la dictadura pinochetista, y se acusó a Toro de pertenecer a una organización que por eso las autoridades migratorias señalan, de manera muy «creativa», como terrorista.
En opinión del letrado Moreno, ello podría indicar que el ministerio público tiene en su agenda «usar la legislación migratoria para deportar de EE.UU. a personas que considere “un peligro” para su seguridad nacional».
Sin embargo, dice, ese es un argumento «legalmente infundado», y «una cortina de humo para expulsar a personas que, como Víctor Toro, han sido críticos consistentes de la política norteamericana de intervención y saqueo».
Otros asuntos quedan en el tintero, y posiblemente salgan a la luz a lo largo del proceso. ¿Cuánto tuvo que ver la activa participación del entonces subsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, de la CIA y de la DINA, protagonistas del golpe contra Allende y artífices de la feroz represión que asoló a esa nación, en los sucesos que sacaron a Víctor Toro de Chile y lo convirtieron en otro indocumentado en Nueva York?
La respuesta parece obvia, como sabida es también la relación directa que aquellos tuvieron en las decenas de miles de muertes y desapariciones que desangraron a las vecinas naciones conosureñas, víctimas también, en los años 70 y 80 del pasado siglo, de una macabra y real conspiración supranacional de terror: Cóndor.
Los atentados que costaron la vida al ex canciller chileno Orlando Letelier y a su secretaria Ronnie Moffit en Washington, en 1976, y al general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), son apenas dos entre los más sonados crímenes demostrativos de la despiadada persecución desatada por la Operación Cóndor en su satánico vuelo sobre Centro y Sudamérica, y más allá de sus fronteras.
Llegados a ese punto, muchos podrían preguntarse ahora quién es el acusado y quién el acusador.
Precedente nefasto
La construcción del caso muestra una traspolación hipócrita y peligrosa, como ha hecho notar ya un observador al anotar que, inculpando al MIR por enfrentar a la dictadura militar y genocida, se sacraliza y enaltece la acción sanguinaria del general Pinochet, y de sus mentores de la administración estadounidense de Richard Nixon.
Pero ello puede no resultar lo peor, y algunos ya se preguntan si el caso Toro-MIR será el precedente legal que permita a las autoridades judiciales norteamericanas satanizar, en lo adelante, a otras agrupaciones políticas o sociales de América Latina, al tiempo que resuelven la deportación de quienes esperan, en vano, la reforma migratoria que les permita legalizarse en Estados Unidos. Un asunto que el Congreso no logra resolver todavía.
Y sale también a flote, desde luego, lo que con indignación comentó el abogado Moreno a esta publicación: «La doble moral de los Estados Unidos, que acusa a gente como Víctor Toro y alberga a personajes como Posada Carriles, terrorista confeso cuya extradición ha sido pedida por varios países».
