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Luego de tres años de suspensión, el ELN y el Gobierno colombiano reanudan los diálogos de paz en Caracas. Autor: AP Publicado: 17/12/2022 | 10:16 pm
La política de Paz Total del presidente Gustavo Petro se ha anotado un punto con la conclusión exitosa, esta semana, del primer ciclo de diálogo entre el Estado colombiano y el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Si bien el principal mérito del concepto de Paz Total es su mirada integral al flagelo de la violencia —incluyendo la diversidad de factores que forman parte de ella y, sobre todo, sus causas—, esta primera ronda de negociaciones con el único grupo guerrillero que pervive en Colombia, resulta un acontecimiento.
Aunque la paz, en efecto, no depende solo del silencio de las armas —como se ha demostrado luego de los acuerdos firmados en 2016 con las FARC-EP— la búsqueda de una salida negociada con el último movimiento insurgente desbroza el camino hacia la tranquilidad, a pesar de que el país es asolado por el paramilitarismo, los asesinatos colectivos (las masacres) y el asesinato de líderes sociales, campesinos y defensores de los derechos humanos, más que por el accionar de la propia insurgencia.
No se ha partido de la nada. Las conversaciones con el ELN retoman el proceso iniciado en 2016 durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos e interrumpido con el mandato de Iván Duque, luego de un atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá, que fuentes del ELN reivindicaron, y resultó el argumento perfecto para que el oficialismo derechista y contrario a las negociaciones levantara la mesa y, en franca violación del procedimiento que las partes ya habían acordado, persiguiera y criminalizara a los dirigentes de la guerrilla que se mantenían en el diálogo.
Aquellos acontecimientos resultaron también la excusa ideal que, sin motivos, brindó aquel Gobierno colombiano a la administración estadounidense de Donald Trump para incluir espuriamente a Cuba en la falsa lista de países promotores del terrorismo, luego de que La Habana, fiel a su papel de garante y con apego a los principios que ya habían sido pactados, se negó a aceptar la extradición a Colombia de los líderes del ELN —acusados
por entonces de terrorismo— que se mantenían en la Isla por ser nuestro país sede, hasta ese momento, de las conversaciones.
Esa actitud transparente y firme de las autoridades cubanas durante más de 40 años en que ha acogido a funcionarios gubernamentales colombianos y dirigentes guerrilleros en búsqueda de la paz, fue reconocida en esos términos por el ejecutivo de Petro en una suerte de desagravio que materializó el canciller Álvaro Leyva, el pasado mes de agosto, durante una visita a La Habana.
Ahora Cuba, junto a Venezuela y el Reino de Noruega, forma parte de los países garantes del reanudado diálogo, naciones a las que podrían sumarse otros países en calidad de acompañantes, como Chile.
¿Y las bandas paramilitares?
Atención parcial de emergencia a las áreas más afectadas por la violencia, específicamente, sobre el Bajo Calima (en el Valle del Cauca) y el Medio de San Juan (en Chocó), así como la atención de emergencia a un grupo de presos políticos del ELN, constituye el acuerdo más importante, en lo contante y sonante, entre los cuatro puntos adoptados al término de esta ronda, que tuvo por sede a la capital de Venezuela.
El hecho de que, como muestra de su voluntad de paz, el grupo guerrillero haya liberado a 20 personas, entre civiles
y miembros de la fuerza pública, ofrece un panorama constructivo.
A diferencia de las negociaciones con las FARC-EP, durante las cuales rigió el principio de que nada estaba acordado hasta que se acordara todo, en este proceso, los acuerdos —o algunos de ellos— se irán aplicando de inmediato, como se desprende del anuncio de que la atención acordada a las áreas mencionadas y a militantes del ELN en prisión, se iniciará el mes que viene.
Esta vez las partes trabajan bajo la máxima de construir sobre lo construido, lo que implica también retomar lo que ya se había pactado; la agenda, por ejemplo, es la misma y solo ha sido actualizada de modo consensuado.
De ese temario, precisamente, destaca que el fin del conflicto armado aparezca en cuarto puesto, antecedido por los puntos Participación de la sociedad en la construcción de paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, y Víctimas.
Es bueno que así sea, porque ya sabemos que el fin del conflicto armado, sin asegurar justicia social y la solución del problema de la tierra, no significa la paz para Colombia.
Aunque la espiral de muerte no ha incrementado su ritmo en el tiempo que cuenta el actual Gobierno, las cifras de Indepaz (Instituto Nacional para el Desarrollo y la Paz) siguen siendo preocupantes.
Siete desmovilizados de las FARC-EP y 62 activistas sociales han sido asesinados desde la toma de posesión de Petro el 7 de agosto, . En los meses precedentes de este año, las cifras eran respectivamente de 31 y 117.
De muchas de esas muertes se responsabiliza a las bandas armadas ilegales.
Interrogado en una conferencia de prensa acerca de si el paramilitarismo sería analizado en las conversaciones, Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla, calificó como una tragedia lo que está aconteciendo luego del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP: «un recrudecimiento del conflicto causado por el afianzamiento de grupos armados no políticos, mafias, en los territorios donde estuvo las FARC, que chocan con las comunidades organizadas», dijo, y consideró como «otra tragedia» la eliminación de los excombatientes de la guerrilla que se insertaron en la vida civil.
«Por supuesto que una tragedia tan enorme, que tiene costumbres y prácticas genocidas, está en el centro de las discusiones en esta mesa», afirmó Beltrán, quien recordó que el punto cinco de la agenda habla, precisamente, de la erradicación del paramilitarismo.
Ese paramilitarismo, explicó más adelante, en su versión de narcoparamilitarismo, también es un azote de esas comunidades y de los excombatientes de las FARC.
Como muchos, Beltrán opina que su país ha sido víctima de una política antidrogas fracasada, razón por la cual habría que implementar una política alternativa en la que hablen con una sola voz los países productores y se incluya a los consumidores, estimó.
«Entonces, esta mesa puede ser algo; pero ustedes pueden entender por qué nos interesa conocer las opiniones del Gobierno de EE. UU., que es uno de los sustentadores de la actual política».
Desde que Gustavo Petro anunció la disposición de conversar con todos los grupos armados y la propuesta de sometimiento voluntario a la justicia al tiempo que aseguró no procedería la extradición —líderes guerrilleros y jefes narcotraficantes están en las listas de Estados Unidos—, grupos armados delincuenciales, como el llamado Cartel del Golfo, han manifestado su disposición de acogerse a la desmovilización.
De hecho, el Clan… dio a conocer en agosto un cese unilateral de acciones ofensivas que anunció como «expresión de buena voluntad» hacia el nuevo Gobierno y disposición en «la búsqueda de caminos de paz».
Hace varias semanas, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, divulgó que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país. Indepaz ha notificado la existencia de un total de 36 de esos grupos. Gracias a la aprobación formal en el Congreso de la Paz Total, el Presidente Petro está oficialmente facultado para negociar con todos.
El camino es escabroso y largo. Empero, la voluntad del nuevo ejecutivo muestra un entorno auspicioso.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha accedido a las zonas rurales para materializar la liberación de civiles y militares.Foto: EFE.
