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El flamante Gobierno de Lula ha enfrentado de manera firme los elementos que atentan contra la democracia brasileña. Autor: AFP Publicado: 10/01/2023 | 09:31 pm
BRASILIA, enero 10.— Asistido por la ley y la razón, y con el ratificado respaldo de las manifestaciones populares multitudinarias que la víspera reiteraron su apoyo al Jefe de Estado y a la democracia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reinició este martes sus labores habituales en el saqueado Palacio de Planalto, al tiempo que siguió sosteniendo reuniones, esta vez con sus ministros, en un encuentro similar al que le dio cita con los gobernadores del país.
«Buen día», saludó Lula este martes en Twitter. «Trabajando en el Palacio del Planalto. La educación y la salud han sido áreas que han sido destruidas y desatendidas en los últimos años. Hoy tendré reuniones con ministros de estas carteras, para que podamos trabajar y muy pronto implementar medidas de reconstrucción en el país», agregó.
La noche anterior se había despedido dando cuenta de sus reuniones «con los presidentes de los tres poderes, comandantes militares, gobernadores de estados y mandatarios de varios países. Todos unánimes en defender y apoyar la democracia en nuestro país. Democracia siempre».
También líderes del Congreso y diputados le dieron a Lula el apoyo a su decreto de intervención de Brasilia para garantizar la seguridad de la ciudad, durante una reunión extraordinaria convocada por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y que tuvo lugar en la residencia oficial del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
En ese encuentro acordaron, por unanimidad y en una votación simbólica, pronunciarse a favor del decreto de Lula, que estableció la intervención hasta el 31 de este mes.
Según el presidente en ejercicio, Veneziano Vital do Rego, aprobar la disposición es una demostración de repudio a las acciones de vandalismo, reportó PL.
La agencia Senado indica que la intervención está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para «poner fin a grave comprometimiento del orden público» y «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación». Pero de acuerdo con la Carta Magna, el decreto debe ser sometido al Parlamento, agregó el despacho.
Mientras, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, confirmó que las personas detenidas por los graves sucesos del domingo ascienden a 1 500, identificadas en diez estados del país, y puntualizó que muchas de las empresas implicadas están ligadas al agronegocio.
Dino destacó que todavía no es posible «distinguir claramente» las responsabilidades en el financiamiento de las acciones; pero lo que «sí se puede afirmar es que hubo financiamiento», citó RT.
Sin nombrar directamente al expresidente Jair Bolsonaro, el Ministro comentó: «Las palabras tienen poder y esas palabras se convirtieron en odio y destrucción (...) hay personas, líderes políticos, que son los responsables del discurso de odio y destrucción que vimos (el domingo) en la sede de los tres poderes con miras a un golpe de Estado».
Según el despacho, la Abogacía General de la Unión (AGU) identificó a más de cien empresas —muchas con sede en Mato Grosso y Santa Catarina— sospechosas de haber financiado el ataque golpista. El dinero se utilizó para pagar los autobuses que transportaron a los bolsonaristas y para ayudar a las personas a permanecer acampadas frente al Cuartel General del Ejército, agregó.
Las transnacionales que lucraron con la explotación de la Amazonía engrosaron sus ganancias con las prerrogativas que les dio el expresidente Jair Bolsonaro para explotar ese y otros lugares, al precio de la depredación de uno de los pulmones del planeta.
Lula, por el contrario, tiene entre los principales puntos de su programa de Gobierno devolver la salvaguarda de la naturaleza y el clima mediante legislaciones abolidas por su predecesor, que sometió al escarnio esas locaciones.
