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CIUDAD DE GUATEMALA, septiembre 13.— El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó en rueda de prensa la suspensión temporal del proceso de transición que llevaba a cabo con el gobierno saliente de Alejandro Giammattei, tras las acciones del Ministerio Público en torno a los resultados de los comicios del pasado 25 de junio.
Arévalo indicó que la decisión de suspender el proceso de transición es momentánea hasta que sean restablecidas lo que llamó las condiciones políticas necesarias para el traspaso del poder, y obedece a las acciones de la Fiscalía; la más reciente de ellas, el allanamiento de sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que instrumentaron la apertura de 160 urnas electorales, sin la aprobación del ente electoral.
Arévalo había denunciado antes lo que llamó un intento de golpe de Estado contra el movimiento Semilla que él representa, una actitud que precedió y sucedió a su triunfo en la segunda vuelta electoral.
En la rueda de prensa, Arévalo solicitó la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien ya había acusado antes, y consideró una contradicción que instituciones del Estado llevan a cabo acciones en su contra, pese a haber sido proclamado por las autoridades electorales como ganador de los comicios.
Bernardo Arévalo exigió también la renuncia de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, además del juez penal Fredy Orellana, que avaló el allanamiento, reportó France 24.
Según Telesur, el dirigente de Semilla consideró que el allanamiento «es algo sin precedentes en Guatemala. La ley electoral no faculta a nadie poder abrir las cajas electorales, aperturar y ver qué hay en las mismas; el escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos», sentenció Gloria López, directora electoral del TSE, horas después del allanamiento.
Según argumentó el Ministerio Público, las «pesquisas» realizadas en contra de la autoridad electoral guatemalteca se dieron a raíz de la «denuncia de un ciudadano» que habría reportado «irregularidades» en el proceso electoral que llevo a Arévalo a la presidencia.
«Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedades». «De acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales», concluyó Bernardo Arévalo.
