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Tiempos definitorios para CFK… y para Argentina

Con la presión popular de sus seguidores en las calles, y en una decisión adelantada que se esperaba para este miércoles, el Presidente del Tribunal Oral Federal rehusó la víspera mandarla a prisión, como habían pedido ya dos de los fiscales

Autor:

Marina Menéndez Quintero

La prisión domiciliaria con restricciones aceptada finalmente para Cristina Fernández de Kirchner, permite colegir dos cosas: que el grado de ensañamiento por motivos políticos que tiene la persecución contra ella no ha querido desafiar a las masas; y que quienes manejan el poder judicial saben que más excesos pueden convertir las sanciones en un boomerang contra ellos.

Con la presión popular de sus seguidores en las calles, y en una decisión adelantada que se esperaba para este miércoles, el Presidente del Tribunal Oral Federal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, rehusó la víspera mandarla a prisión, como habían pedido ya dos de los fiscales, luego de la ratificación de la medida por parte de la Corte Suprema y el alegato de la defensa.

Con ello, el magistrado tomó en consideración los argumentos de los abogados de Cristina, quienes recordaron que la condenada ya fue objeto de un intento de asesinato, lo que la convertiría en una prisionera rodeada de peligros, y que tiene más de 70 años de edad, con las consiguientes condiciones de salud que ello implica.

Pero, también, el juez Jorge Gorini seguro consideró la explosión social de repulsa que mandarla a una cárcel común habría concitado. La exmandataria ha sido condenada sin pruebas que demuestren los cargos de corrupción que le fueron incoados. Y ya es bastante alevosía.

El castigo que los dos fiscales proponían no podía dar más muestras de ensañamiento y ultraje. Incluso, si ella fuera culpable, la sanción que se le pedía era peor que las penas obtenidas por represores que fueron parte de la maquinaria feroz de la dictadura. Cincuenta mil argentinos desaparecidos, sin contar las torturas de quienes sobrevivieron y las detenciones arbitrarias, no se pagan con casa por cárcel ni con prisiones especiales. 

Sin embargo, un reciente informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) de Argentina compiló las cifras escalofriantes que dan cuenta de los bochornosos dobles raseros del actual sistema judicial: 498 de los exmilitares vinculados con las Juntas dictatoriales disfrutan de la prisión domiciliaria que los susodichos fiscales querían negar a CFK; el más reciente de los exmilitares que goza de ese privilegio, recibió esa condición del mismo tribunal que juzgó a Fernández.  

No habrían sido las únicas disparidades. Setenta y seis represores están en una Unidad de Campo de Mayo con tantas comodidades que se les considera en una cárcel VIP. Solo 38 de quienes desangraron a una generación entera de argentinos, cumplen sus penas en prisiones comunes.

Mas, la persecución judicial a Cristina, contra quien pesan todavía otros procesos judiciales —en algunos de los cuales la causa fue sobreseída y luego, reabierta—, seguirá añadiendo leña al fuego de una inconformidad popular que vuelve a fluir en tanto el programa económico del presidente Javier Milei se convierte en drama social, y aglutina nuevas voluntades en el rechazo a esa conjura contra ella. 

Pese a la represión que se inició desde la víspera, quienes llevan días movilizados y en vigilia a las puertas de su vivienda prometían una gigantesca movilización este miércoles. Su reclamo seguirá, en tanto no se revierta lo que sigue siendo una injusticia.

 

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