BUENOS AIRES, marzo 18.- Personas con discapacidad, organizaciones del sector, transportistas, instituciones prestadoras de servicios, junto a profesionales de la salud y familiares protestaron este miércoles frente a la casa de Gobierno para que el ejecutivo cumpla con la Ley de Emergencia Nacional, reportó Página 12, y justo cuando este se propone nuevos recortes en esa esfera.
La jornada de lucha, que denunció la falta de pagos a los prestadores de servicios -en algunos casos desde agosto del año pasado-, contó con la habitual violencia policial, y unos minutos antes del mediodía, la Policía Federal se lanzó sobre manifestantes que intentaban montar una carpa, con empujones que terminaron con una persona herida en la cabeza, describió el diario argentino.
«No les están pagando a los profesionales. Nosotras, las familias, estamos destruidas», comentó una mamá citada por el rotativo.
Según explicaron los familiares, desde hace meses no les pagan sus sueldos al personal especializado que atiende el sector.
La Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en Discapacidad, obliga a la actualización de aranceles para prestadores y crea una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social compatible con el empleo formal.
La ley, narró Página 12, fue sancionada en julio del año pasado y luego vetada por el presidente Javier Milei. En septiembre, sin embargo, el Congreso logró hacer caer el veto presidencial, por lo que el Gobierno, en un acto ilegal según informa el reporte, promulgó la ley que suspende su aplicación.
La norma fue reglamentada mediante Decreto en febrero pasado, tras un fallo judicial que ordenó su implementación. Sin embargo, los prestadores denuncian una ruptura en la cadena de pagos y una fuerte desactualización de los valores de las prestaciones.
Además, esta semana el jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció que este año enviarán al Congreso un proyecto de ley para profundizar el recorte del área de discapacidad.
Según adelantó Adorni, el Gobierno buscará avanzar con «la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal».
El anuncio supone un nuevo embate para el sector universitario y el colectivo de personas con discapacidad, que el año pasado debieron enfrentarse a un derrotero sin precedentes: lograron luego de una larga lucha que se aprueben las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad con aumentos de partidas frente al ajuste brutal del ejecutivo.
Según anunció la víspera el propio Jefe de Gabinete, para este período legislativo el Gobierno presentará al Congreso un paquete de normas que incluyen la modificación del Código Penal e ir en contra de la ley de fuegos y de glaciares, además de «volver a la carga» contra las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, señaló el periódico.
